La Gaceta Jurídica

La administración de justicia como servicio

Uno de los principales desafíos de la transición constitucional que vive el país es la reforma estructural e integral del sistema de justicia o, como bien se ha venido pronunciando, “la llamada revolución judicial” que se despoje de formalismos y logre acercarse al ciudadano.

El servicio  de justicia requiere cumplir  con ciertos aspectos  que hacen al relacionamiento con su público.

El servicio de justicia requiere cumplir con ciertos aspectos que hacen al relacionamiento con su público. Foto: diariocritico.com

Susana Saavedra Badani

00:00 / 25 de mayo de 2016

Este proceso es complejo y contiene múltiples desafíos que no se agotan en lo normativo, por el contrario, deben trascender y materializarse en mejoras sostenibles que garanticen una tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía.

Desde que se recuperó la democracia, Bolivia ha sido objeto de múltiples reformas con miras a consolidar un Estado de Derecho, sustentado en la justicia, la paz social y el respeto de los derechos humanos. En este camino el país avanzó positivamente en materia de desarrollo norma- tivo, cuyo hito fundamental se ha dado a partir de la promulgación del texto constitucional en 2009 y las normas que han sido promulgadas en el proceso de transición.

Hoy se afirma que Bolivia cuenta con una legislación de avanzada, sin embargo, persisten las brechas entre los imperativos normativos y las prácticas, razón por la cual las cifras de efectividad en la justicia, los bajos niveles de credibilidad, el rezago judicial, el uso excesivo del poder punitivo, entre otras, mantienen al país en la observancia de los organismos internacionales y a la población con una percepción de lejanía e insatisfacción respecto a las capacidades del sistema para atender la demanda de justicia.

Por ello, el momento que vive el país con miras a la Cumbre Judicial amerita repensar las lógicas bajo las cuales se abordan las soluciones desde una perspectiva de política pública y respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

La garantía de una justicia accesible está ligada al concepto de inclusión y mantiene, al menos, tres acepciones de abordaje: la primera unida a la posibilidad de mediar el conflicto y obtener la reparación; la segunda atada a la consi- deración de la diferencia como un valor para la igualdad de acceso y la tercera referida a la remoción de todos los obstáculos y barreras de índole cultural, económico, lingüístico, educacional, que impacten en el acceso igualitario a la justicia, cuya materialización demanda cambios en toda la estructura del sistema.

Con esta antesala, esta exposición busca motivar la reflexión respecto a la forma de encarar el desafío de una justicia accesible e inclusiva, estableciendo un modelo de gestión judicial que responda a las necesidades de la ciudadanía y se sustente, al menos, en cinco premisas:

Descolonización de la justicia, cobertura de las necesidades de acceso a la justicia, servicios judiciales con inclusión, mecanismos de comunicación con el ciudadano y afianzar la relación con los medios de difusión.

Descolonización de la justicia

Es equivalente a desformalizar y desneutralizar las miradas con las cuales se interpreta los derechos, se diseña los procedimientos y se instaura los servicios.

El sistema de justicia se mantiene como un escenario en el que solo los litigantes y operadores de justicia interactúan entre sí, en representación de los(as) ciudada- nos(as), partes en el proceso y el colectivo. Sin embargo, las definiciones tomadas no siempre responden al interés de las partes en términos de solucionar la controversia, reparar el daño y minimizar los efectos de forma oportuna, sin dilaciones.

La descolonización de la justicia también mantiene relación con otros problemas que ameritan atención y medidas especiales. Por ejemplo, el excesivo ritualismo, la lógica del expediente escrito, la ausencia de un sello, declaración jurada, certificado, etc., impactan en el acceso a la justicia.

A ello se suma un conjunto de barreras como las ligadas a la lingüística y la pertenencia cultural, dentro de un sistema eminentemente diseñado para la lengua castellana en el que no se ha logrado instaurar peritajes culturales, intérpretes, normas y reglamentos en lengua y formas comprensibles para los usuarios.

La cobertura de las necesidades

Es un proceso complejo porque, desde la perspectiva de servicio al ciudadano, este término no debe limitarse a cuestiones geográficas, sino a cubrir las necesidades de la demanda de justicia propias de la población diversa en cada asiento judicial.

Para ello, el primer eslabón es desarrollar un mapa nacional de necesidades judiciales en el que se consigne los datos necesarios para diseñar servicios judiciales que respondan a esta pluralidad de usuarios.

Bajo esta aseveración no estaríamos refiriéndonos meramente a cuestiones técnicas o presupuestarias, sino a definir con precisión indicadores de control de calidad y efectividad que incluyan en la evaluación de impacto criterios de satisfacción de parte de la población sobre las políticas implementadas.

Consolidar servicios judiciales con inclusión

La población boliviana no es homogénea, tampoco sus necesidades frente a la justicia, por esto no podemos concebir una revolución judicial, un proceso de des- colonización que continúe ofreciendo servicios judiciales indistintos y uniformes a todo el colectivo. Con esto no debemos referirnos tan solo a la formación especializada de todos los actores que intervienen en la administración judicial, por el contrario, demanda establecer una ruta crítica de reforma en la que toda la estructura del nuevo sistema se instituya y responda a las necesidades de la población diversa.

Las normas, procedimientos, protocolos de comunicación, sistemas de información y cambios palian los riesgos de que el sistema se constituya en un escenario de revictimización y vulneración de derechos.

Consagrar un sistema de información y comunicación con el ciudadano

La información del sistema de administración judicial es pública, con salvedades en razón de proteger los derechos de las partes en conflicto, no obstante, en esencia, el resto de la información debe estar sometida al escrutinio público.

En este punto cabe aclarar que el derecho del ciudadano de acceder a la información judicial no se limita a conocer información, sino a interpretarla y divulgarla libremente de forma individual y colectiva.

Numerosos estudios sobre el sistema de justicia concuerdan con que la ausencia o debilidad de información sobre la administración de justicia constituye uno de los problemas medulares para la efectividad de las políticas en la materia y la poca credibilidad de los(as) ciudadanos(as) en el sistema.

El cumplir los estándares de publicidad e información permite generar mejoras sustanciales en múltiples escenarios, comenzando por fortalecer la transparencia del sistema de justicia, mejorar la credibilidad de la población, promover una mayor inclusión e interacción de la ciudadana en pro de la construcción democrática de políticas en el servicio.

En el futuro, esto se traduce en la optimización de los tiempos y recursos sobre políticas de comunicación y permite revertir, progresivamente, los problemas de impacto generados por la relación cobertura mediática y gestión judicial.

Por esto es vital pensar en nuevas formas de comunicar la justicia, perder la perspectiva de palacio, ritualismo y acercarnos al ciudadano de a pie cumpliendo con las condiciones necesarias establecidas por los estándares internacionales:

Acceso universal. Todas las personas sin exclusión tenemos derecho de acceder a la información pública sin la necesidad de una justificación de las razones.

Máxima divulgación –el acceso es la norma y el secreto la excepción–. Las excepciones deben estar normadas por Ley y la divulgación debe primar en la información judicial.

Peticiones de información accesibles en lenguaje, oportunidad y practicidad. Al margen de los datos publicados, la ciudadanía debe tener posibilidades expeditas de solicitar y obtener esta información con el nivel de especificidad requerido, empleando procedimientos ágiles en términos de solicitud y oportunidad en la respuesta.

Posibilidades de comunicación

Cabe analizar esta información con una mirada práctica, comenzando por la disponibilidad inmediata de acceso y la utilidad para la persona que la recibe. No basta con difundir la información, los ciudadanos tenemos que ser capaces de manejar esta información en beneficio propio y también de la colectividad.

Podríamos afirmar que la utilización de nuevas tecnologías para comunicar se ha convertido en la principal estrategia de acercamiento al ciudadano. Prácticamente todas las instituciones tienen páginas web y cuentas en redes sociales; el Consejo de la Magistratura, incluso, ha ido más allá y se ha convertido en la primera institución judicial en contar con una herramienta para teléfonos inteligentes.

Estos son avances importantes. Ahora es tiempo de aprovechar el conjunto de posibilidades ofrecidas a partir de estos servicios, hablar de una verdadera revolución informática generando plataformas de atención a los usuarios, espacios sostenidos de participación y colaboración ciudadana.

Pensar en la administración de justicia como un servicio también consiste en trabajar por cerrar las brechas que impactan en el acceso igualitario de la ciudadanía.

Se afirma que mientras más sabemos los ciudadanos estamos mejor preparados para el desarrollo, por ende, estos espacios serían esencialmente importantes para educar a la ciudadanía, dar a conocer sus derechos, las vías para absolver consultas y los plazos para la substanciación, incluso, la interpretación de las normas en lenguaje comprensible.

Los funcionarios y el sistema deben coadyuvar en el proceso de acceso a la información. Se trata de cambiar el paradigma del servidor judicial estableciendo como una de sus funciones esenciales la satisfacción de las necesidades de los usuarios de este servicio.

Se trata de avanzar en la ampliación y detalle de la información difundida, pensando en disminuir paulatinamente la necesidad de solicitar esta información de forma personal, en formatos abiertos, con posibilidad de ampliar las variables en consideración y la actualización.

Profundizar los espacios de relacionamiento con los medios de comunicación

Hemos identificado que la justicia es un asunto de interés público, tenemos que afirmar también que los medios de comunicación constituyen una fuente primaria de educación ciudadana y de información. A partir de los medios de comunicación los ciudadanos conocemos qué es lo que sucede en nuestro país y nos formamos opiniones favorables o contradictorias respecto a la gestión de las instancias públicas.

Por ello, es imprescindible adoptar medidas de coordinación y cooperación entre el gremio periodístico y la administración de justicia, para que esto sea posible y se vislumbre el rol de los medios de comunicación como factor para acompañar la gestión judicial.

Debe generarse más y mayores espacios de diálogo y procesos de trabajo conjunto que sean materializados en pro- tocolos para comunicar la justicia. Existen iniciativas muy importantes en países como Chile y España, con resultados favorables que podrían ser analizados y replicados en nuestros contextos.

Es abogada, especialista en acceso a la justicia penal y directora ejecutiva de Fundación Construir.

Tomado de: Boletín de Artículos Nº 5, mayo de 2016, sociedadcivilenaccion.com

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