La Gaceta Jurídica

La aeronave presidencial y el bloqueo europeo

Al hacer referencia a la sociedad internacional, es esencialmente para la “Sociedad de Estados Soberanos” (aunque nos parece también plenamente válida la afirmación que realiza por el profesor Truyol y Serra de que la “sociedad internacional” no es sino la “sociedad humana” considerada bajo cierto aspecto). En ese sentido, como en toda forma de organización colectiva, se producen dos formas básicas de interacción: la cooperación y el conflicto.

Mandatarios y presentantes de naciones sudamericanas discutieron sobre el tema en un encuentro en Cochabamba.

Mandatarios y presentantes de naciones sudamericanas discutieron sobre el tema en un encuentro en Cochabamba. Foto: avn.info.ve

La Gaceta Jurídica / Ariel Néstor Flores Mamani

00:00 / 16 de julio de 2013

Los conflictos internacionales en general tienen multiplicidad de fuentes (político-ideológicas, asimetrías económicas, grado de desarrollo, desigualdad de poder, etc.) y, aunque no necesariamente alcancen situaciones beligerantes o uso material de la fuerza, ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional.

Ese el caso de la aeronave presidencial boliviana y el bloqueo aéreo europeo que, a la vez de constituir uno de los conflictos que ha merecido amplia atención por parte de la opinión pública nacional, continental y mundial, será, con mucha seguridad, materia de diversos análisis cuya preocupación central radicará en lo que ha preocupado internacionalmente en diferentes tiempos y contextos: ¿es efectivo (y suficiente) el Derecho Internacional como límite al uso de la fuerza y como garantía de una convivencia pacífica entre los Estados?

Reglas mundiales

Estudiosos como Leo Cefkin, por ejemplo, señalaban que “el camino más eficaz y promisorio para luchar contra la anarquía internacional consiste en tratar de establecer reglas de derecho internacional”. Sin embargo, como expresa el profesor Cesar Sepúlveda,“ha de tomarse en cuenta que hoy en día la sociedad internacional se encuentra mejor estructurada, con mayor cohesión entre sus miembros que en el pasado y que el fenómeno de creación de reglas es más perceptible, más acusado y más técnico, pero aún se halla en un estadio de incertidumbre…”

Esta incertidumbre se manifiesta en nuestro tiempo bajo un contexto complejo cuyo principal responsable (directa o indirectamente) es el gobierno estadounidense y su programa de espionaje y persecución a escala mundial; así, los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España incurrieron en vulneraciones al Derecho Internacional y un conjunto de acciones y conductas manifiestas (consiente o no) terminó en la violación de inmunidades diplomáticas.

En una entrevista a una cadena televisiva de Rusia, el presidente Evo Morales afirmó “analizar” la posibilidad de conceder asilo en su país al extécnico de la cia Edward Snowden, reclamado y perseguido por el Gobierno estadounidense por revelar información secreta y filtrar datos sobre un masivo programa de espionaje. Esta declaración, constituye, quizá, el punto de partida que explica los hechos.

Percatados de la posibilidad de que el Presidente y la delegación oficial, luego de su participar en la II Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (fpeg) en Moscú, Rusia, pudieran trasladar en la aeronave presidencial a Snowden, tras comunicación con la cia, los gobiernos europeos retiraron el permiso concedido para que se atraviese su espacio aéreo. Ello por la simple “sospecha” de que el exagente estaría a bordo.

Lamentablemente, la magnitud y complejidad del conflicto, comentada y analizada en medios de difusión, no ha estado acompañada de una descripción precisa, coherente y específica de las normas y principios vulnerados, por tanto, se incurre en el desconocimiento de la importancia del Derecho Internacional.

Por tanto, es necesario advertir que por Derecho Internacional entendemos el sistema de principios, instituciones y normas que conforman el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los sujetos de Derecho Internacional con la finalidad de asegurar una convivencia pacífica y limitar al máximo el uso de la fuerza. Así, al ser el Derecho Internacional la forma más universal de regulación internacional concebida por la Sociedad de Estados Soberanos no puede ser transgredido o vulnerado sin serias consecuencias.

En ese sentido, el caso de la aeronave presidencial y el bloqueo aéreo se presentan bajo la vulneración de tres niveles normativos: el primero constituido por normas de tipo reglamentario que garantizan la libertad de tránsito por el espacio aéreo; el segundo conformado por tratados y convenciones internacionales que protegen la inmunidad e inviolabilidad diplomática de jefes de Estado y/o jefes de Gobierno; y el tercero, a nuestro juicio el más importante y elemental, constituido por normas imperativas de derecho internacional (ius cogens).

Los niveles

El primer nivel de vulneración, que seguramente pasará desapercibido frente a las vulneraciones mayores, se manifiesta a través de la inobservancia de la reglamentación recogida en la Convención de París sobre la Navegación Aérea de 13 de octubre de 1919 y, posteriormente, en la vigencia de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre de 1944, así como los Acuerdos Complementarios, Anexos y Reglamentaciones que establecen los principios que rigen la navegación aérea.

Manuel Augusto Ferrer, en su libro Derecho espacial, dice que el derecho de sobrevuelo y el de tomar tierra (aterrizaje) en los lugares preestablecidos, o en caso de necesidad, donde sea posible, pertenecen a aquella “categoría de derechos elementales e innatos”, que ninguna ley puede impedir sin violar los supremos principios que deben regir, aun desde el punto de vista del derecho, o sea la convivencia humana. Una limitación semejante sería innatural y por lo mismo inmoral.

Los Estados ejercen un indiscutible derecho de soberanía sobre su espacio aéreo que ha de ejercerse de manera privativa, pero coordinándola con derechos inmanentes, coordinación que ha de hacer posible, con arreglo a normas y definiciones, la navegación aérea pacífica. En ese sentido, el mismo carácter internacional de la navegación aérea, que justifica una legislación uniforme, obliga a los Estados a admitir la libertad de paso cómo una limitación natural de derecho de soberanía, compatible con él.

El segundo nivel de vulneración, también importante y ampliamente conocido, lo constituyen los tratados y convenciones internacionales que reconocen y garantizan las inmunidades diplomáticas a los principales agentes diplomáticos de los Estados. Tales privilegios e inmunidades, reconocidos originariamente en normas consuetudinarias y en el ius representationis omnimodae, fueron codificadas en instrumentos convencionales, por ejemplo la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1961, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1963 y la Convención sobre Misiones Especiales, principalmente.

En el campo de la jurisprudencia también se reconoce este aspecto en el asunto relativo a la orden de arresto de 2002, donde el Tribunal Internacional de la Haya señaló que “…está claramente reconocido en Derecho Internacional que, además de los agentes diplomáticos y consulares, algunas personas que ocupan rango elevado en el Estado, como el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Asuntos Exteriores, gozan en los otros Estados de inmunidades de jurisdicción…” (CIJ, Recueil 2002: par. 51).

Cuando el Jefe de Estado o Jefe de Gobierno (que en el caso de Bolivia recae sobre la misma persona, el Presidente) se encuentra en un Estado extranjero, goza internacionalmente de un  status privilegiado con “inmunidades” que les son reconocidas, no en función de una ventaja personal, sino en función de su condición jurídica, lo que le permite cumplir libremente sus funciones por cuenta del Estado al que representa.    

Recordemos que la aeronave presidencial boliviana, al verse impedida de atravesar por espacio aéreo de estos países, tuvo que aterrizar de emergencia en Viena, Austria, y permanecer unas 13 horas retenida.

Asimismo, el Presidente boliviano declaró a la prensa que Madrid había pedido inspeccionar su avión antes de darle la autorización para entrar en su espacio aéreo, pero que él se negó porque sería una violación de la legislación internacional. “No soy un delincuente”, afirmó en el aeropuerto de la capital austríaca (Agencia Austria Press). Con posterioridad, en Viena, el vicecanciller austríaco, Michael Spindelegger, confirmaría que el excolaborador de la cia no se encontraba en la aeronave de Bolivia.

Es necesario advertir que, sobre uno u otro aspecto de las inmunidades, las normas vigentes no contienen ninguna disposición que fije de manera precisa o limitada las inmunidades de las que gozan los jefes de Estado y que más bien son resueltas por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya sobre la base del Derecho Internacional consuetudinario, es decir, la costumbre internacional que ha regido la relación entre pueblos. De ahí la importancia no sólo de tratados vigentes, sino también de la costumbre internacional.

El tercer nivel de vulneración, está constituido por normas imperativas de Derecho Internacional (Ius Cogens). Es decir, normas “supremas” aceptadas por toda la sociedad internacional y que los Estados, como sujetos originarios del Derecho internacional, están obligados a observarlas y cumplirlas.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en el artículo 53, reconoce que “…una norma imperativa de Derecho Internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario…”

Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia internacional reconocen que las normas imperativas de Derecho Internacional tienen, básicamente, las siguientes características: a) Son de consenso generalizado para la comunidad internacional; b) Puede tratarse de normas escritas o normas consuetudinarias; c) No admite prueba en contrario, y d) Tiene efecto erga ommes (frente a todos).

Esta expresión “frente a todos” se traduce, en el Derecho Internacional “frente a toda la comunidad internacional”. Significa que cualquier obligación jurídica contraída por un Estado es una obligación frente a la comunidad internacional. De ahí que su carácter “imperativo” derive en obligaciones erga omnes, independientemente de la existencia de un vínculo convencional.

Es abogado y docente universitario.

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