La Gaceta Jurídica

Y, ¿ahora qué?

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 04 de octubre de 2015

Tras la derrota del “Sí” en los cinco departamentos donde se votó para el referéndum de aprobación de los Estatutos Autonómicos, se ha formulado apreciaciones poco menos que “apocalípticas” sobre lo que ha de suceder en el país de aquí en adelante.

Y es que no era previsible un rechazo con cifras tan terminantes. Para el Gobierno, que declaró oficialmente su adhesión al “Sí”, la derrota ha sido sin duda muy dura.

Pero, en definitiva, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿qué va a ocurrir con el proceso autonómico departamental? No cabe duda de que éste estaba ya bastante estancado e, incluso, deteriorado. Grandes avances no se han dado en estos últimos años.

La “explicación” que ha tratado de encontrar el Vicepresidente del Estado a los resultados que indicábamos da la impresión de que, al margen de ser fuera de contexto, “sin querer queriendo”, viene en el fondo a resumir lo que realmente supone una política de Estado en este campo.

En efecto, si recordamos el pasado reciente, el partido actual de Gobierno fue abiertamente contrario a la autonomía departamental; años después ha reculado para convertirse en abierto defensor en una postura que, sin duda, ha sido más de conveniencia partidaria que otra cosa.

El Vicepresidente ha sostenido que los resultados del pasado 20 de septiembre prueban que la ciudadanía prefiere gobiernos “fuertes”, es decir, según esa versión, prefiere el “centralismo”. Pero no olvidemos que, entre comillas, en este detalle existe una gran verdad. Al margen del texto de la nueva Constitución Políti- ca, existen dos características en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, éstas son el presidencialismo y el centralismo.

Con el actual Gobierno habría que añadir una más, el caudillismo.

Este último va, por ejemplo, con la reforma parcial del texto constitucional para permitir la re-reelección de los actuales primeros mandatarios del Estado Plurinacional; la razón es que no hay nadie que pueda sustituir a los actuales. Nadie es mejor que ellos. Son los únicos caudillos. Y como alguien ha dicho: los líderes son sustituibles, los caudillos NO.

Por lo tanto, no engrosemos por pura devoción el número de fieles en el entierro del sistema anterior a las actuales autonomías, pues, sencillamente, estas últimas nunca llegaron a consolidarse. Es como llorar por muerto al centralismo que sigue vivito y coleando.

Pero, veamos, ¿qué dice la normativa que tendría que aplicarse cuando enfrentamos a un panorama como el actual?, nos referimos al rechazo a los estatutos autonómicos.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio de 2010, en su artículo 52.II afirma que, “si el resultado del referéndum fuese negativo, la iniciativa se extinguirá no pudiendo realizarse una nueva, sino una vez que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional (o sea cinco años)”.

Entendemos que existe una contradicción entre ese texto y el que corresponde al artículo 54 (inciso G) de la ley citada.

En efecto, ese artículo 54 dice: “Si el resultado del referéndum fuese NEGATIVO, el Tribunal Electoral De- partamental llevará a cabo un nuevo Referendo dentro de los 120 días de emitida la declaración de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional para UN NUEVO PROYECTO DE ESTATUTO AUTONÓMICO O CARTA ORGÁNICA, luego de su modificación por el mismo órgano deliberativo” (o sea, la Asamblea Legislativa Departamental).

Lo anterior supone que la mayor complicación está en el hecho de que la Asamblea deba proceder a aprobar por dos tercios de votos un NUEVO ESTATUTO AUTONÓMICO, lo que llevará un buen tiempo sin duda. Luego, volver a someter ese documento al control de constitucionalidad y, finalmente, a otro referendo.

De que en todo ese trámite puedan pasar varios años, es cierto.

Pero el detalle más complejo no es ése. Está en el hecho de que en todas las asambleas departamentales, en los cinco departamentos donde ganó el “No”, el partido de Gobierno es el que puede llegar a la necesaria votación de dos tercios.

Y hemos llegado de esta forma a un asunto ciertamente paradógico, que deba ser el mismo partido que inicialmente se opuso a las autonomías el que tenga ahora en sus manos postergar aquellas en forma indefinida.

Pero, a su vez, preguntémonos, ¿qué normativa era la que hasta este momento sigue constituyendo la base del proceso autonómico o, al final, no ha habido ninguno?

Si validáramos las recientes afirmaciones del Vicepresidente, tendríamos que admitir que el referéndum pasado era simplemente un jueguito destinado a distraer al ciudadano y a “marear la perdiz”, precisamente sobre el verdadero alcance de las autonomías.

Lo decimos porque, si se habla de haber votado dentro de aquél concepto por gobiernos más “fuertes” y “centralistas”, habría que preguntarse ¿qué hemos estado haciendo hasta el momento?, ¿jugando a autonomistas?

Entonces, también nos preguntamos ¿de qué han servido las reformas en el texto de la nueva Constitución respecto de las anteriores y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización?, ¿ya no sirven?, ¿quedan derogadas?

Pensamos que, si existe verdadera voluntad política, es posible seguir llevando adelante el proceso autonómico con todos los peros posibles y utilizando aquél marco normativo.

¿No ha sido acaso el mismo que se ha utilizado hasta hoy para conformar los actuales gobiernos departamentales?, ¿o existen otras intenciones de por medio? Nos parece que ese panorama apocalíptico que ha sido pintado por el oficialismo últimamente no es algo muy suelto, sino que responde a determinadas intenciones.

*    Es abogado y analista de la constitucionalidad.

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