La Gaceta Jurídica

El alcance de la Carta Democrática Interamericana

Foto: andreaipinze.lamula.pe

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La Gaceta Jurídica / Revista IDEI

00:00 / 04 de mayo de 2012

La alteración grave al orden democrático y la cláusula democrática

Luis Inarra Z.*

La firma y ratificación de la Carta Democrática Interamericana por parte de los Estados miembros de la oea (Organización de Estados Americanos) constituye un avance importante para la instauración, estabilidad y garantía de la democracia en los Estados americanos.

En ello, la oea, como organización internacional fiel a los designios de su Carta Constitutiva, ha desarrollado diversos emprendimientos para fortalecer este sistema de gobierno, para ello, en función a que se debe asegurar la plena vigencia de la democracia, los Estados de América han convenido en este instrumento internacional, la adopción de la denominada “cláusula democrática”, que en esta oportunidad analizaremos, particularmente uno de los motivos de su activación, que es el de la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro de la oea.

En realidad serían tres los factores o situaciones que deben provocar que la cláusula democrática se active e incluso motive la suspensión de un Estado miembro de su participación en los distintos órganos de la oea, ese sentido deberán producirse las siguientes circunstancias: primero, el derribamiento o derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido (1); segundo, la ruptura del orden democrático (2) y, tercero, la alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático (3).

Pero que por razón a que nuestro país garantiza el sistema democrático mediante su constitución y que por el actuar de los diversos órganos podría producirse, no necesariamente un golpe de estado o situaciones similares a él, sino, más bien, situaciones en las que el poder público transgreda elementos característicos de la democracia, como los derechos y libertades y los indicados en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana (4), podrían producirse hechos que constituyan un desgaste sistemático y/o sostenido de los indicados elementos esenciales de la democracia.

La peculiaridad de este conjunto de hechos que atentan contra los elementos de la democracia es que, a diferencia del golpe de Estado y casos similares, el quebrantamiento del orden democrático, en este caso, no se produce de manera súbita y repentina, sino de manera progresiva, constante y sistemática.

Es decir que los actos del gobierno tendrían que provocar alteraciones del orden constitucional en desmedro de los elementos esenciales de la democracia ya descritos, ya que, según la Carta Democrática, la democracia estaría siendo amenazada cuando se están o han estado produciendo, en cualquier país miembro de la oea, situaciones que consiguieran afectar el desarrollo del proceso democrático (5) en un Estado miembro, o cuando el mismo Estado considera que internamente está en riesgo su proceso institucional democrático (6).

En casos como éstos, la Carta Democrática Interamericana otorga a la Secretaría General y al Consejo Permanente de la oea la autoridad suficiente para realizar acciones con la aquiescencia previa del gobierno afectado, encaminadas a la reinstauración y conservación de la institucionalidad democrática.

En ello cabe preguntarse, ¿qué medidas deberá tomar la oea en caso de alteración del orden constitucional que afecte el orden democrático en un determinado Estado miembro?; la Carta Democrática somete estos casos a un procedimiento comprendido en sus artículos 20 y 21 que inicia con la convocatoria del Secretario General al Consejo Permanente de la OEA para que se analice colectivamente la situación y se adopten decisiones que se estimen convenientes.

Luego, este Consejo podrá disponer la realización de gestiones diplomáticas necesarias, como los buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad democrática, pero, en caso de que esta medida no genere resultados positivos, el Consejo deberá convocar de inmediato y de forma extraordinaria a sesión de la Asamblea General, instancia que, en caso de no encontrar otra solución, podrá suspender al Estado miembro infractor, con el voto afirmativo de dos tercios de los demás Estados miembros.

De esta forma se debe considerar que el Derecho Internacional dispone de medidas coercitivas destinadas a sancionar a los Estados que contravengan el orden democrático constitucionalmente establecido, ya sea que la contravención se produzca por hechos abruptos o que se produzcan de forma progresiva y constante, considerando que estos últimos lentamente van socavando los elementos esenciales y característicos de la democracia y, como observamos, podrían constituir motivo suficiente para que un Estado sea suspendido en sus derechos en la oea y que para ser restablecido plenamente en dicha organización deberá superar la o las situación(es) antidemocrática(s) que motivaron su suspensión.

La Carta Democrática Interamericana y la necesidad de ampliarla

Stefanie Wesch*

Desde su entrada en vigor, en Septiembre de 2001, la Carta Democrática Interamericana (cdi) ha logrado avances fundamentales en el ámbito de la democracia en los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (oea). Los signatarios han notado que la realización y el mantenimiento de la democracia es una parte integral para el desarrollo social, político y económico en su región. Pese a que la carta cumple su objetivo principal de impedir golpes de Estado, que eran relativamente común durante los años 70 y 80, todavía esta no ha conseguido su potencial.

Si tomamos en cuenta la Ley Habilitante que aprobó el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, misma que le otorga poderes dictadores por 18 meses o la auto-ampliación de poderes presidenciales, o el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, es axiomático que la democracia de Sudamérica todavía carece de eficacia y credibilidad.

La Guerra Fría y la polarización del mundo que ésta causó no era conducente al desarrollo de la democracia, particularmente en América Latina. El involucramiento constante de los dos poderes hegemónicos, sobre todo Estados Unidos (eeuu) ha afectado gravemente la institucionalización democrática en esta región (1).

Según el artículo primero de la cdi, esto impedía al desarrollo de sectores diferentes dentro los países de las Américas durante esta época. El predecesor de la Carta Democrática era el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, que tenía como objetivo esencial la promoción y consolidación de la democracia representativa, respetando el principio de no intervención en los asuntos internos de sus estados firmantes.

El año pasado, la oea y las Naciones Unidas (onu) celebraron el 10 Aniversario de la inauguración de este documento que intenta garantizar el cumplimiento de la democracia representativa en los estados que forman parte de la oea (2) y por eso es hora de examinar los logros alcanzados por la Carta Democrática Interamericana y lo que la falta para cumplir su potencial.

Hasta hoy, solamente existen dos situaciones en que la oea ha sido invocada. La primera vez cuando la Carta ayudó a Hugo Chávez mantener el poder en Venezuela (3), un líder que irónicamente no tiene como meta principal el fortalecimiento de la democracia en su Estado, sino el aumento de su autoridad como Presidente; y la segunda cuando el hemisferio occidental utilizó la cdi como instrumento normativo para restablecer el estado derecho y la democracia en un Estado miembro de la oea, como era el caso de Honduras en 2009.

Este era el primer caso en que la oea suspendió a un Estado miembro en consecución de la defensa de democracia. Fueron suspendidos Honduras y su delegación después de que el gobierno de facto ha cometido un golpe de estado para derrocar al Presidente Manuel Zelaya (4). En el caso de Venezuela, el golpe fue revertido casi inmediatamente con el apoyo de la carta Democrática. Pese a que la Carta y sus mecanismos de acción colectivo han ayudado facilitando elecciones nuevas en Honduras, no retornó el poder a Zelaya, quien fue elegido democráticamente antes del golpe (5).

Sin embargo, en el ámbito de los golpes militares que eran una medida antidemocrática muy común durante la época de la Guerra Fría, la cdi sigue siendo un instrumento muy efectivo. Todavía existen muchos analistas políticos que piden una ampliación de la Carta Democrática Interamericana no sólo para prevenir acciones antidemocráticas viniendo de afuera de una administración política actual, sino también de los gobiernos en poder.

Los dos casos que han recibido mucha atención internacional fueron los de los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. En diciembre de 2010, el presidente Chávez y la Asamblea General de Venezuela votaron por la aprobación de una ley muy controversial e ilegítima que permite a Chávez legislar sin consultar al Parlamento por 18 meses. José Miguel Insulza, Secretario General de la oea, estableció que la ley habilitante de Venezuela es completamente contraria a la Carta Democrática Interamericana (6).

Este cambio constitucional representa un gobierno de facto dictatorial por parte del Presidente venezolano e indudablemente causa mucha discusión sobre la vigorosa de la cdi y ampliaciones potenciales ejercidas para lograr el fortalecimiento de valores democráticos en las Américas (7). Similar al caso de Hugo Chávez es el del Presidente legalmente elegido de Nicaragua, Daniel Ortega, quien continúa debilitando las instituciones del Estado para aumentar su autoridad. Además, existen acusaciones de que Ortega ha manipulado elecciones y apoyado la corrupción, en las cortes nacionales (8).

Mientras la Carta Democrática representa un mejoramiento enorme para los pueblos de las Américas y su futuro, todavía hay mucho que hacer en este ámbito. El golpe de Estado, enemigo clásico a la democracia de América Latina, ha disminuido con el apoyo de la Carta; sin embargo, se están desarrollando desafíos para contrarrestar nuevas amenazas a la democracia en esta región y para lo cual es necesario encontrar soluciones institucionales.

Ambos casos, el de Venezuela y Nicaragua son inaceptables considerando la cdi y su objetivo resumido en el primer artículo que establece que “los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. En casos especiales, como los dos antes mencionados, la oea y sus Estados miembros tendrían que utilizar medidas adicionales para el fortalecimiento de la democracia en su región, como la declaración de delegaciones diplomáticas acreditadas en sus países como persona non grata o sanciones económicas potenciales para vigorizar los valores democráticos, pero considerando el principio de no intervención.

El déficit democrático de los países de la OEA en la economía globalizada

Touraj Eghtesad*

Francis Fukuyama proclamó que desde los años 90 existe “el Fin de la Historia”, es decir el triunfo de la democracia liberal a través del mundo. La Carta Democrática de la oea podría ser la consagración de la ola democrática de los años 80 y 90 en los países miembros de la oea. Sin embargo, la situación empírica nos sugiere una ilegitimidad profunda de algunas partes del sistema democrático causada por el mercado global y la falta de construcción de una cultura democrática. En primer lugar vamos a analizar el conflicto entre varios conceptos de la democracia en el contexto actual, antes de mostrar el proceso necesario para consolidarla en la práctica.

La cdi destaca la idea de “democracia representativa” en sus artículos 2 y 3. Este concepto es central al Estado liberal moderno, pero en la práctica es problemático frente a las demandas del pueblo en la edad neoliberal. Los pueblos latinoamericanos quizás quieran poder consolidar sus derechos políticos, recientemente adquiridos en algunos casos, aunque el mercado global manda en vez de éste.

En efecto, los gobiernos actuales creen en la necesidad de atraer inversiones por cualquier medio, entonces ponen en marcha medidas fiscales favorables al negocio que perjudican mucho al pueblo, buenos ejemplos son reducir los impuestos y, por consiguiente, reducir los gastos públicos en la educación y la salud. El discurso empleado por grupos a favor de políticas neoliberales tiene mucha fuerza. En cuanto que un gobierno quiere regular algunos aspectos de la economía, se trata de anti-democrático.

La regulación debe servir para garantizar la primacía de las necesidades populares (y de los trabajadores en particular), y es la única manera para que el pueblo soberano pueda controlar los mercados.

El verdadero problema es la existencia de la democracia representativa en cada país de la oea. Los intereses de los representantes pueden ser conflictivos con la verdadera democracia, especialmente cuando existen niveles de corrupción altos como en algunos países de la región. La teoría de las élites de Pareto y Mosca destaca la idea de que la democracia sirve para garantizar el control de las élites fuertes sobre las masas divididas, manipulándolas por la creación de una ilusoria democracia, remitiendo al ejercicio actual del poder a veces.

Ellos consideraron que la historia de la humanidad fue una serie de oligarquías, bien que las primeras comunidades humanas (precivilización) fueron más o menos democráticas. Así podemos suponer que la democracia deliberativa sería una alternativa posible y más adaptada a la voluntad democrática de la Carta en su artículo 6 (1).

Es la idea seguida por la Nueva Constitución del Estado con la “consulta previa e informada” de los pueblos indígenas, aunque ésta resultó problemática bajo la presión del mercado global (brasileño en particular) sobre el gobierno representativo.

La voluntad de imponer reformas rápidamente con esta presión, sin olvidar los ajustes estructurales impuestos por el fmi (Fondo Monetario Internacional) y el bm Banco Mundial) socavan el proceso democrático deliberativo. Parece que sea necesario un cambio en la concepción de la democracia por el poder con fin de conservar la soberanía nacional de cada Estado. Existe un conflicto fundamental entre la cultura y los valores democráticos de la sociedad civil transnacional y la práctica autoritaria del poder político-económico en muchos casos.

Otras alternativas han sido destacadas recientemente con intentos de crear una democracia directa y deliberativa, por ejemplo en el caso del derecho de los pueblos originarios indígenas en Colombia, Ecuador y Bolivia, donde existe una cierta autonomía de gobierno. Estas instituciones creadas por los Estados mismos pueden ser en contradicción con la soberanía reconocida a éstos porque tienen un apoyo más consecuente de los pueblos locales como forma de gobierno por su proximidad.

Parece esencial afirmar que la democracia es un proceso de construcción social y no puede ocurrir sin respaldo de la sociedad civil. Todas las dimensiones del poder tienen que ser democratizadas para que exista la democracia, de manera que la igualdad es un prerrequisito de ésta. Si no existe una concepción de que todos somos iguales y debemos tener oportunidades iguales, no se cree realmente en la democracia y luego no se la puede construir.

En la globalización económica existe una especie de derecho del más fuerte; o bien eres ganador o bien pierdes y quedas pobre. Desgraciadamente, la cdi no propone una solución práctica a éste problema; los artículos son imprecisos y sólo señalan que la democracia permitiría la igualdad sin prohibir algunas prácticas favoreciendo la desigualdad.

La cultura es la herramienta que permite el progreso social y la evolución del pensamiento, entonces se debe promover una cultura democrática en las sociedades latinoamericanas. En primer lugar, esto implica reducir las desigualdades y crear una sociedad cohesiva y solidaria, lo que necesita una restructuración total de la economía considerando que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. En segundo lugar, implica cambiar las relaciones de poder en la sociedad.

Responsabilizar a los políticos puede contribuir a éste, sin embargo, no se puede cambiar a ellos sin cambiar las actitudes sociales de cada individuo.

Un ejemplo fundamental sería la necesidad de poner fin al sistema patriarcal, algo muy vinculado con la religión y las prácticas heredadas del Imperio Español. Estados como Bolivia han concretizado la defensa de las mujeres en la Constitución, pero el debate debe penetrar la sociedad y transformarse en una prioridad. El problema para América Latina es que la democracia es reciente, aunque un cambio cultural y restructuración social necesita alto tiempo y un esfuerzo de todos.

Se podría imaginar que las guerras mundiales han contribuido a crear un sentimiento de solidaridad e igualdad en Europa, algo histórico que no se puede reproducir en las circunstancias latinoamericanas actuales, pese a que existe un proyecto político de la unidad “bolivariana” del continente desde arriba. En el caso de los pueblos indígenas originarios, su autonomía permite evitar que el Estado central y el mercado global cambien las costumbres de los indígenas desde fuera. Este derecho de autodeterminación es nada más que una proclamación de sus valores ya existente.

La democracia es un proceso complejo que debe ser arraigado en la sociedad para lograr durabilidad. La democracia representativa fracasó en la edad de la globalización puesto que el poder responde al mercado mundial en vez del pueblo. Se deben cambiar las relaciones de poder en la sociedad por la cultura. En una edad de globalización económica, dos proyectos parecen más adecuados para reemplazar a los estados-nación, a saber, volver a formas de organización locales (como los Zapatistas) o intentar crear una democracia cosmopolita, algo que necesita cambios más profundos en la cultura y una desaparición progresiva del nacionalismo.

La Carta Democrática de la oea no deja la posibilidad de una de estas opciones por su consagración de la soberanía de los Estados, de manera que hoy día otras organizaciones como la alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), con vocación de fortalecer la democracia económica y social y la integración latinoamericana, tal vez sean más adecuadas a las necesidades democráticas.

Nota

1. Artículo 6: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.

*    Son asociados y amigos académicos del Instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia.

Tomados de: Revista IDEI Nº 33, abril de 2012.

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