La Gaceta Jurídica

Otra de anticorrupción

La propuesta establece la investigación de familiares hasta el cuarto grado consanguíneo de forma retroactiva, articulado que podría aclarar hacia el pasado y prevenir hacia el futuro la utilización de “palos blancos” para anotar bienes mal obtenidos. Además que para la investigación de estos delitos se crearía una “Dirección Nacional…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 03 de abril de 2012

Una de las preocupaciones principales de la población es la corrupción reinante en (¿prácticamente?) todas las esferas de la administración pública y las instituciones estatales, donde todo trámite o gestión para realizar pasa por mecanismos de “coima” o “recomendación”. Es que este comportamiento casi habitual tiene por lo menos dos modos de hacerse patente con sus variantes, uno es el de recibir pagos para agilizar procedimientos y documentos y el otro de recurrir al tráfico de influencias.

En cuanto a la primera manera se incluye también el desembolso para recibir beneficios de otra índole, como es el patrocinio y privilegios en causas judiciales y policiales, donde las víctimas o el Estado pueden quedar desamparadas frente a presuntos delincuentes que manipulan con el poder económico o intimidatorio. En este marco se puede incluir las formas de encubrimiento, que también responden al ámbito extenso de la corrupción.

Esta descripción es conocida sin impedimentos y no es ningún secreto, mientras que el desmantelamiento de los engranajes de este flagelo no encuentra éxito pese a las presuntas intenciones estatales y de autoridades comprendidas en el asunto. Por otra parte, más allá del compromiso que pueda generar el hecho con la promesa de desarrollar mecanismos de lucha contra la corrupción, esta acción institucionalizada no disminuye (menos desaparece) y parece pasar de unos a otros como un mal transmisible.

En cuanto a la normativa, en el país se cuenta con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción y los todavía vigentes códigos que sancionan estos delitos con distintos artículos; a la par, esta semana fue presentado por un diputado oficialista un proyecto de ley de investigación de fortunas de jueces, fiscales y policías como parte de la política de lucha contra este azote. El proyecto, a rasgos generales, plantea que esos funcionarios públicos sean investigados por supuestos actos ilegales que hayan tendido en el ejercicio de sus funciones. Esto es debido a que muchos habrían logrado ingresos mayores a sus sueldos y acumulado fortunas dudosas.

Una parte interesante es que la propuesta establece la investigación de familiares hasta el cuarto grado consanguíneo de forma retroactiva, articulado que podría aclarar hacia el pasado y prevenir hacia el futuro la utilización de “palos blancos” para anotar bienes mal obtenidos. Además que para la investigación de estos delitos se crearía una “Dirección Nacional de Investigación de Fortunas de los Operadores de Justicia (dnifoj), dependiente del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción”.

Circunstancialmente, la idea debe ser apoyada para que pueda tener éxito en caso de ser promulgada, aunque surge la duda de que sea aplicada de manera efectiva, de lo contrario, tal vez será suficiente apelar a las normas existentes que tienen tipificaciones para sancionar estos actos, pues no se trata de llenarnos de leyes, sino de utilizarlas.

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