La Gaceta Jurídica

La apelación, una aproximación a su historia

En este texto nos aproximamos, desde un punto de vista netamente teórico, a los antecedentes romanos en la materia, así como el Derecho Romano bárbaro del Liber Iudiciorum, las Partidas de Alfonso el Sabio y el Derecho Castellano Indiano.

Foto: historia-del-derecho.es

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Roberto Carlos Suárez

00:00 / 29 de abril de 2014

El recurso de apelación es, en un sentido amplio, un remedio procesal que concede un ordenamiento jurídico a efectos de que un órgano inmediato superior revea una determinada decisión judicial. Consiste en otorgar a alguno de los litigantes la posibilidad de obtener de un magistrado superior al que ha sentenciado la revisión de lo resuelto en un caso particular.

Dicho recurso presupone, primero, la existencia de una contienda judicial y, segundo, la existencia de diferentes jerarquías de juzgadores o instancias judiciales, lo cual nos puede parecer una característica propia de un sistema moderno de administración de justicia, dado que el mismo se encuentra directamente ligado a la garantías del debido proceso y a la doble instancia judicial. En consecuencia, el mismo no presupone una revisión o reconsideración de lo resuelto por el magistrado “a quo”, sino un nuevo entendimiento de parte de un superior jerárquico de éste, limitado a los supuestos agravios causados al litigante.

A lo largo de la historia ha cambiado el sentido que hoy tiene la apelación, independientemente de entenderse que únicamente desde el punto de vista de los efectos buscados mediante su interposición, reconocemos que nos encontramos frente al mismo instituto.

En este texto nos aproximamos, desde un punto de vista netamente teórico, a los antecedentes romanos en la materia, así como el Derecho Romano bárbaro del Liber Iudiciorum, las Partidas de Alfonso el Sabio y el Derecho Castellano Indiano.

Antecedentes romanos

Ni el antiguo derecho romano de las acciones de la ley ni el derecho per formulam conocieron la posibilidad de atacar un decisorio, debido a que la sentencia del juez detentaba el carácter de “res iudicata” o cosa juzgada.

La sentencia era el último acto del procedimiento que ponía fin a la contienda judicial, ya sea resolviendo la cuestión debatida a favor de uno u otro litigante, de manera que “si determinado hecho jurídico resulta probado, procede la condena, y en caso contrario, la absolución”.

La “res iudicata”, implicaba que una sentencia judicial se encontraba firme e inimpugnable en el sentido que importaba una verdad legal y definitiva, que ponía fin al litigio de manera tal que, a decir de los romanos, “res iudicata pro veritate habetur”.

En el procedimiento romano, el “iudex” era elegido por los propios litigantes y la falta de recursos contra su decisión radicaba en el carácter arbitral que van a detentar los juicios del periodo y la propia decisión.

Bajo este sistema, la “sententia” romana, de carácter irrecurrible, poseía un valor de interés público, que superaba el valor del interés particular de los propios litigantes y que por ello la volvía inatacable. Este era el panorama frente al veredicto judicial, en los juicios del “ordo iudiciorum privatorum’’.

La “appellatio” romana

Como señalan los autores, por vía indirecta se pudo revisar la sentencia para lograr los efectos que produciría derechamente la apelación. El procedimiento romano del punto anterior carecía en gran medida de la participación del poder público, pero en el procedimiento cognitorio,  mejor dicho en el de la “cognitio extra ordinem”, ocurrirá todo lo contrario. Así, el derecho procesal dejará de ser asunto privado para convertirse en público, incumbiendo al Estado y la administración de justicia. Fue un delegado del emperador quien participó en el “iudicium”, como funcionario público que dominó en lo sucesivo la actividad judicial. En esta inteligencia, este nuevo tipo de procedimiento judicial se desarrolló más allá del “ordo iudiciorum privatorum’’.

Nos encontramos frente a un sistema que, nacido en el periodo del derecho clásico y desarrollado en Roma recién en el periodo postclásico, terminaría constituyendo el régimen procesal propio del derecho romano justinianeo, el mismo que sería recibido luego, en gran parte, en las Partidas Alfonsinas. Durante mucho tiempo convivieron por un lado el procedimiento formulario y el cognitorio, hasta que el primero fue suprimido por una constitución del emperador Constancio en 342 d.C.

Al amparo de este nuevo sistema procesal, la sentencia del juez adquirió carácter de orden de autoridad pública y no de mera decisión arbitral. Desde los efectos propios de las sentencias, como decisión judicial, seguirían compartiendo el mismo carácter de cosa juzgada, que ya poseían las anteriores sentencias del “ordo iudiciorum privatorum’’.

Formalidades

Entre los romanos se dictaba por escrito las decisiones del juez y también se distinguían aquellas manifestaciones que ponían fin al litigio (definitiva sententia) de aquellas que hoy consideraríamos de mero trámite (interlocutiones).

El juzgador ya no se limita sólo a la parte resolutiva del conflicto, sino deberá fundar lo que ha resuelto y pronunciarse sobre el obligado al pago de los gastos causídicos del proceso. Bajo este tipo de procedimientos se incorpora frente a las sentencias del juzgador el recurso de apelación, ante un magistrado superior, para llegar en última instancia hasta el emperador mismo.

Ahora bien, bajo este sistema se admitirá como regla general la “appellatio” de la sentencia, del sentenciante a quo, ante un funcionario de rango superior, fundado en el principio de superioridad jerárquica entre órganos del Estado Imperial Romano.

El sentido del recurso de apelación tendrá como fuente primordial el derecho natural de acudir ante la máxima magistratura frente a una decisión de un órgano inferior que ha resuelto un conflicto.  El fenómeno de la recurribilidad de la sentencia evolucionó indirectamente desde el punto de vista político con el arribo del imperio en el 27 a.C y va unido al advenimiento de los césares. El segundo aspecto a tener en cuenta y que está ligado a la apelación es el eminentemente social, el derecho de las acciones o formulario era un derecho procesal exclusivo de ciudadanos romanos de carácter personal y privado, en tanto que el derecho cognitorio será un derecho para los ciudadanos romanos, pero de carácter territorial y público, dado que la ciudadanía romana fue otorgada mediante Constitución Imperial en 212 por el Emperador Caracalla a todos los habitantes del Imperio.

Bajo una nueva estructura gubernamental, ya en el bajo imperio, también llamado dominado, descolló la figura de un Emperador de cuño divino, única fuente de justicia de carácter providencial.

Fuentes posteriores al imperio romano

La caída del Imperio de Occidente en 476 dio origen a una desfragmentación del antiguo territorio romano, el cual quedará finalmente en manos de los pueblos bárbaros, quienes, desde el punto de vista estrictamente jurídico, dejarán como saldo la aparición de las “Leges romanae barbarorum”, así como la vuelta al sistema denominado por algunos autores de la personalidad de la ley, de manera tal que los invasores conservaban en los territorios ocupados sus leyes y costumbres, en tanto que permitían a los romanos regirse por sus propias normas, sistema opuesto al principio de territorialidad, característico del derecho romano desde la organización imperial desde 212 d.C.

Estas compilaciones fueron una importante fuente de derecho (en su gran mayoría de cuño romano), destacándose la “Lex Romana Wisigothorum” ó Brevario de Alarico o de Aniano, aplicado en la península ibérica y en las Galias únicamente para los ciudadanos de origen visigodo, la “Lex Romana burgundiorum o Pappiani Responsa”, promulgada para el pueblo borgoñón, que ocupaba la Galia Oriental, y el “Edictum Theodorici” para los ostrogodos que ocupaban la península itálica.

Pero, sin lugar a dudas, la obra cumbre de origen romano-bárbara es el “Liber Iudiciorum”, promulgado en 645 y en forma definitiva en 681 por el Rey Recesvinto, aplicable a todos los habitantes de la península ibérica por igual, complementado con la labor de los llamados Concilios Toledanos.

“Las alzadas en las partidas”

Para el tema de la apelación, es fundamental situarse en la Tercer Partida de Alfonso el sabio. Esta obra recuerda en torno a la administración de justicia que “justicia es una de las cosas porque mejor ‘et más endereszadamente se mantiene el mundo...”

Primero, esta obra que ha nacido al amparo de la Recopilación Romano Justinianea y reconoce entre sus compiladores una influencia proveniente del Digesto, del Código y de algunas Decretales de ningún modo resultará ajena al derecho romano actual, debiéndose adicionar las claras influencias del derecho canónico clásico que exceden por demás el quicio de este trabajo.

Asimismo, suele destacarse que, en materia procesal, esta obra vino por un lado a ordenar las leyes rituales y, por otro, arrojar algo de luz al entramado de normas municipales, destacándose a todo momento la influencia tributaria del derecho romano que resultará un tanto extraño a la tradición castellana.

Pero, si bien el Leyes Romano Bárbaras y las Partidas reconocen la fuente romana precitada, la fuente de las partidas es el derecho romano clásico, integrado por la obra de autores, en tanto que el derecho romano bárbaro nutre su derecho en las fuentes del bajo imperio dominado “propio de los Códigos”.

El Título XXIII de la Partida Tercera se refiere a las “alzadas que facen las partes quando se tienen por agraviados de los juicios que dan contar ellos”.

La Ley I de dicho título presenta “las alzadas” como la querella que alguna de las partes litigantes interpone, agraviada por una resolución, para que un juez mayor (en un marco teórico el mismo Rey) enmiende el yerro cometido por el sentenciador.

Esto debe entenderse como el derecho que asiste a determinado tipo de personas de requerir al Superior la revisión de una determinada sentencia (y por tipificación, también a quienes no les asiste dicho derecho). Como señala el doctor Abelardo Levaggi: “Con relación a la naturaleza jurídica de la institución, tanto los autores tradicionales como los modernos sostienen en su mayoría que se trata de un derecho natural”. “De origen canónico sería la idea de que procede del derecho natural a la justa defensa de los derechos subjetivos”.

La Ley XVII establece como límite a la alzada, la decisión de determinados jueces. Esto se aplicaba en principio al adelantado mayor de la corte del Rey, salvo que fuese notoria su enemistad con alguna de las partes litigantes. Respecto a la forma de la alzada, la Ley XVIII manifiesta que agraviándose una de las partes debe recurrirse, en lo posible, a un juez superior o de grado mayor (mayoral).

Así, el sistema establece a favor de las partes un mecanismo fundado en el agravio sufrido mediante la interposición de apelaciones sucesivas, la recorrida sobre el andamiaje burocrático señorial y/o real hasta llegar al propio rey. No resulta necesaria la concesión del recurso por parte del juez inferior, sólo su debida interposición.

Son previstos dos meses para proseguir el trámite de apelación (cuando el sentenciador no ha previsto otro plazo), esto implica que pasado este lapso sin que el agraviado hubiera dado trámite a su apelación, la sentencia que ataca quedara irremediablemente firme.

Dentro de las particularidades que el sistema establece, encontramos que los dos meses deben ser en días corridos y dos son las veces que el litigante puede apelar en un mismo juicio, si el superior confirma los pronunciamientos que le son adversos, salvo que tengan buena acogida ante el superior, alguno de los agravios vertidos por el apelante, ya sea en una u otra apelación.

Si el agravio alcanza a un tercero que se siente vinculado por los efectos de una determinada sentencia, también podrá alzarse, en razón de lo que llamaríamos hoy un interés legítimo o, como se decía en la época, simplemente por piedad.

En los supuestos de litisconsorcio necesario, la Ley V establece que los beneficios de aquel que se ha alzado y ha resultado victorioso alcanzan también a aquellos compañeros que junto a él se encuentran unidos “comunalmente” por determinada relación jurídica. Por razones de parentesco, la Ley VI establece en torno a “tomar alzada” que “pariente e aquel contra quien es dado juicio en pleyto de justicia de sangre, bien se puede alzar por el por razón del parentesco...”, fundando dicha permisividad en razones de linaje y de honor familiar.

Otro de los límites al acto de apelar marca la Ley IX, la cual se refiere al estado de rebeldía de un determinado sujeto, quien, al momento de ser emplazado a derecho por el Juzgador, se ha mostrado desobediente.

La Ley X y la XI establecen que se encuentra habilitado a apelar aquel que, marchándose habiendo dejado personero a fin de que atienda a sus derechos, no se ha alzado en juicio, por ejemplo, por negligencia del personero o porque este último falleció al momento de oírse la sentencia, permitiéndose que el que ha vuelto pueda alzarse por el agravio judicial en defensa de su derecho, pero dentro del plazo perentorio y fatal de diez días.

La Ley XIII establece el tipo de procesos en que puede alzarse la parte y en cuales no; se desprenden de la misma norma consideraciones que hoy nos resultan usuales en la práctica forense, tales como:

• Existencia necesaria de un agravio sufrido por la parte.

• Existencia de una sentencia definitiva y no una mera sentencia o providencia interlocutoria, fundándose esto en principios de economía procesal y lógica procedimental, a fin de requerir todo de una vez y al final del proceso.

• Presencia de un agravio real, existente al momento del dictado de la sentencia y fundamentalmente que no pueda luego ser enmendado por los actos propios del proceso. A su vez, como hoy, el superior de la alzada sólo entenderá sobre las cuestiones que el quejoso ha manifestado como agraviantes, no respecto de toda la sentencia.

El apelante puede alzarse sobre las cuestiones principales del litigio que le han resultado adversas, dejando de lado las cuestiones menores, y estas últimas, accesorias al objeto de la litis, seguirán la suerte de las principales, suspendidas en su ejecución, hasta el momento de resolver los agravios sobre las cuestiones fundamentales del proceso.

La ley precitada establece que quien apela las cuestiones menores consiente fatalmente las mayores, las cuales causan estado de cosa juzgada y deben irremediablemente efectivizarse, sin que la interposición de la apelación por un agravio menor pueda suspender la ejecución de las cuestiones principales:

La Ley XV refiere lo que hoy llamaríamos recurso o remedio procesal de aclaratoria frente a términos oscuros o dudosos que no representan en forma clara la intensión del juzgador, cuya finalidad es que el propio juez de la contienda manifieste.

Pero este recurso parece llevar en forma subsidiaria el propio recurso de apelación, porque, una vez expuesto por parte del juzgador, el verdadero sentido de la sentencia, las partes pueden interponer ante el Rey su respectivo recurso, centrado sólo sobre las cuestiones oscuras de la sentencia que se ataca:

Lo singular del tipo de apelación descripto, debe entenderse de cara a un texto oscuro, las partes piden al sentenciador que lo aclare si el intento ha fallado, porque la sentencia sigue siendo dudosa u oscura o lisa y llanamente porque el sentenciador se ha negado a aclarar su decisión, entonces, las partes mismas pueden, como lo establece la misma Ley XV, mediante una carta solicitar al Rey que aclare como fuente de justicia el alcance de sus derechos.

La negativa del “a quo” de esclarecer su sentencia es motivo suficiente para que las partes se sientan agraviadas y los habilita a dirigirse a una instancia superior.

Las suplicaciones en el ordenamiento de las leyes

Para completar el sistema esbozado en torno a la apelación en las partidas, me pareció pertinente traer a colación el Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, mediante el cual, además de sancionarse legalmente las Partidas, también se legisló en torno al tema aquí tratado.

Como se desprende de lo expuesto, con el paso del tiempo se buscó alivianar el pesado andamiaje judicial referido, limitándose el acceso a instancias superiores tan profusa y claramente legislado en las Partidas. A su vez, el Ordenamiento, tomando nota de los usuales retardos en la administración de justicia, en el mismo título, estableció que el juez tenía un plazo para emitir su pronunciamiento, de seis días para sentencias interlocutorias y 20 para definitivas.

A su vez, el ordenamiento en cuestión previó una innovación respecto del tiempo de resolución del recurso de apelación, que al parecer no había sido previsto en las Partidas originariamente, el cual ascendía a un año. Además, se previó que, en caso de haber retardo de justicia, el Tribunal de Alzada sería responsable por las costas, tanto como lo era el inferior, al momento de retrasar en el dictado de la sentencia.

Dejándose en claro a todo evento que si bien existía un plazo para el Magistrado a fin de expedirse, pesaba en cabeza del apelante, la obligación de movilizar la instancia de uno a otro juez.

En las partidas el plazo previsto por ley para que el apelante efectivizara su alzada era de dos meses, cuando el mismo juez no preveía uno distinto, ahora bien, mediante el Ordenamiento de Alcalá, el mismo plazo fue diferenciado en pos de lograrse la mayor celeridad en los procesos y en las instancias. La apelación en la América española

Inmersos en la diversidad jurisdiccional indiana compuesta por alcaldes ordinarios, corregidores o alcaldes mayores, gobernadores, audiencias o según la propia naturaleza del litigante; como señalan los autores la justicia representó para los españoles, uno de los fines fundamentales del propio Estado indiano.

Si bien el sistema procesal castellano trató de implantarse en las tierras conquistadas, las enormes distancias jugaron un papel decisivo en contra de la clásica administración de justicia de la baja edad media.

El rey, encarnación de justicia y cuño providencial, estaba demasiado lejos para defender eficazmente a sus vasallos, aunque éste hubiera sido su real querer y la mayoría de los litigios fenecía en Indias, por las distancias mentadas y por lo excesivamente gravoso del recurso.

Frente a este panorama expuesto debe sumarse la escasa actuación judicial de los reyes, como señala el doctor Levaggi:“... en la práctica, desde la baja edad media, dedican cada vez menos tiempo a oír dichas demandas, prefiriendo delegar esa función en el Consejo y en las audiencias”.

En dicha inteligencia, América tampoco sería la excepción a estos usos reales y la justicia delegada daría efecto devolutivo a las apelaciones, vale decir, permitiendo la esporádicamente recuperación de la soberanía jurisdiccional del monarca.

Sin lugar a dudas estuvo en el real querer de la corona el facilitar a los súbditos indianos los mecanismos tendientes a efectivizar la aplicación del instituto aquí tratado y, en consonancia con ello, se dictó cédulas y provisiones al respecto y también se estableció en Indias las 13 audiencias para los dominios americanos.

Los Oidores designados por el rey ejercían esta actividad procesal, representando al monarca. Cuando la competencia era por vía de apelación, las audiencias intervenían en segunda o en tercera instancia en los juicios criminales y civiles de determinado monto y en los del fuero de hacienda.

En el Procedimiento Judicial de las Audiencias se distinguía tres grados: vista, revista y suplicación y contra sus fallos finales cabía en ciertos casos la superior apelación al Supremo Consejo de Indias, que también actuaba en nombre del rey.

Sin perjuicio de ello, que la legislación indiana había previsto la interposición de un último recurso ante el propio rey, a fin de que sea sustanciado en su nombre por el Consejo Real y Supremo de Indias, llamado de segunda suplicación y limitado a los litigios iniciados en la propia audiencia frente a arduas y difíciles causas, con previa fianza de mil ducados en carácter de pena para el supuesto que la sentencia recurrida fuera confirmada.

Completaban el amplio espectro procesal de recursos ante el superior el recurso de nulidad y el de injusticia notoria, que implicaban una revisión del fallo del inferior y la purga de graves y manifiestas injusticias, producto de irregularidades de procedimiento.

También en América la apelación encontró su fuente en el derecho natural a la justa defensa de los derechos subjetivos, en contra de la violencia pública y como se ha dicho con eminente carácter devolutivo.

La apelación se encuentra motivada en la iniquidad del juzgador y en la necesidad de restaurar el orden de justicia perturbado, propio del derecho natural y la obligación del juez de otorgarla bajo pecado y pena pecuniaria. Por ello de ningún modo la apelación será en el derecho castellano indiano una gracia del soberano (como es el caso del recurso de súplica).

El recurso estudiado encontró justos límites en la mala fe del litigante que lo interponía, como señala Levaggi: “Al recurso introducido con mala fe, sin razón, se lo califica de malicioso o frívolo”. En términos modernos, producto de un obrar con temeridad y malicia abusiva. Como señala el autor, la apelación encontró límites cuando las propias partes renunciaban a este recurso, mediante la suscripción de escrituras de obligación, reconociendo lo contenido en las mismas, “como sentencia dada y pronunciada por juez competente en cosa juzgada y por él consentida, loada y no apelada”.

Conclusión

Ya sea la apelación concebida como un derecho natural o como un mero remedio procesal moderno, el instituto hace antes que nada a la propia esencia del hombre. El Juez falla y puede equivocarse, entonces errando se debe corregir el error, o bien, errando se aprende, pues, si la naturaleza humana está sujeta a errores, toda falta merece indulgencia y la posibilidad de que dicho acto sea enmendado mediante el “libellus appellatotorius”.

Es abogado argentino y asesor jurídico.

Tomado de: textoslegalesantiguos.blogspot.com

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