La Gaceta Jurídica

La apertura del trabajo a partir de los 10 años

Contra la tendencia de las convenciones internacionales que prohíben el acceso al empleo por debajo de los 14 años, la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia aprobó el 2 de julio de 2014 un nuevo Código Niña, Niño y Adolescente que da paso, bajo ciertas condiciones, al trabajo de niños y niñas a partir de los 10 años.

En la sociedad, en ocasiones se confunde la noción de trabajo con la de colaboración doméstica.

En la sociedad, en ocasiones se confunde la noción de trabajo con la de colaboración doméstica. Foto: conviveenigualdad.blogspot.com

Robin Cavagnoud

00:00 / 02 de junio de 2015

La edad de 14 años se mantiene oficialmente, pero los casos excepcionales –pero mayoritarios en la realidad– de trabajo “independiente” (venta ambulatoria o lustrado de botas) y “dependiente” (por cuenta de un empleador en un comercio, por ejemplo) permiten el empleo de niños y niñas en un marco formal a partir de 10 y 12 años, respectivamente.

Según la ley, este permiso solo puede ser otorgado con el acuerdo de la familia y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y con la condición de que la actividad económica del niño no perjudique su educación y no represente ningún peligro para su salud y desarrollo.

Además de la posible formalización de la situación de numerosos niños trabajadores, nada permite predecir, por ahora, en qué medida la adopción de este nuevo Código lleva a más niños y niñas a integrar la Población Económicamente Activa (pea) de 6 a 14 años de edad que alcanza el 16,2% en Bolivia (44,5% en zonas rurales) (1).

El trabajo de niños y niñas es un tema de actualidad sensible en la opinión pública y foco de duras discusiones entre los defensores de la erradicación del trabajo infantil y los del derecho al trabajo para esta población.

Dos concepciones de la niñez e infancia se oponen radicalmente, la decisión legislativa del gobierno boliviano apoyada por la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (unatsbo) y las reacciones provocadas por esta ley a nivel nacional e internacional.

Más allá de los posicionamientos para el debate, la actualidad boliviana revela la dimensión cultural del trabajo de niños y niñas en numerosos países y la tensión constante entre la aplicación esperada de las normas internacionales de protección a la infancia y las formas locales de “resistencia” basadas en representaciones que atribuyen a los niños el rol de actores económicos por cuenta propia o de su familia.

Desde los años 90, el trabajo de niños y niñas en los países del Sur se ha convertido en problema global para los decidores políticos nacionales y las ins- tituciones “mundializadas” como agencias de la Organización de las Naciones (onu) (2), organizaciones no gubernamentales (ong) internacionales o empresas transnacionales a través de sus fundaciones. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada en 1989, se posiciona contra este fenómeno cuando se trata de formas de explotación que representan un obstáculo a la educación (artículo 32).

La prohibición del trabajo de niños y niñas por debajo de los 14 años fue codificada en la mayoría de las legislaciones nacionales a partir de la Convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo (oit). Dio lugar a una intensificación de las políticas públicas e iniciativas privadas desde las ong y obras filantrópicas que apuntan a eliminar este fenómeno.

Éstas se apoyan en valores de modernidad y emancipación de los niños titulares de derechos a la protección. Se inscriben en programas de lucha contra la pobreza y favorecen la educación escolar como forma legítima de movilidad social. A pesar de estas voluntades po- líticas, las tasas de ocupación de niños y niñas se mantienen en niveles elevados, particularmente en los países andinos (Ecuador, Bolivia, Perú) y reflejan la profundización estructural de las desigualdades sociales (3) a pesar de tasas de crecimiento económico de más de 5%, en promedio, desde unos diez años.

La incorporación de niños y niñas en trabajos agrícolas, ganadería, artesanía, comercio o empleo doméstico es práctica común en estos países y suele ser realizada de forma paralela a la asistencia escolar gracias al funcionamiento en “turnos” (mañana, tarde, noche). El trabajo de niños y niñas es mayoritariamente valorizado por familias y comunidades cam- pesinas que le asignan una dimensión moral positiva inscrita en lógicas de solidaridad y reciprocidad.

En sus formas es relacionado al aprendizaje, la responsabilidad que acompaña a la transición hacia la adultez, transmisión de competencias y conocimientos entre generaciones y a asumir las ne- cesidades para la supervivencia de la familia. Esta aceptación frecuente en los países andinos depende de una representación de la infancia que no opone esta edad con el trabajo.

Esta posición se plasma, en los casos de Bolivia y Perú, por la militancia en organizaciones que agrupan a decenas de miles de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y que reivindican un derecho al trabajo para no verse excluidos de la vida económica y beneficiarse de condiciones de trabajo “dignas” (4).

El posicionamiento frente al trabajo de niños y niñas y a las estrategias de intervención para eliminar este fenómeno o, al contrario, proteger la situación de trabajo no hacen consenso. Esta cuestión es objeto de discusiones en países andinos, como lo enseña el caso de Bolivia.

Por un lado, las agencias de la onu y la mayoría de las ong subrayan la necesidad de aplicar las prescripciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y (encarar) los efectos negativos del trabajo realizado por niños y niñas, considerado un factor que origina el círculo vicioso de la pobreza y provoca dificultades en la asistencia escolar.

Desde el punto de vista de estos actores relacionados con el desarrollo, la situación de niños y niñas en el trabajo es juzgada como éticamente mala e ilegítima. Según este enfoque, el niño es víctima de su trabajo y simboliza una infancia incierta que debería ser protegida y no lo es. Se fundamenta en un rechazo moral e interpela a las autoridades y toma como testigo la empatía de la opinión pública.

Por otro lado, los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores intentan desempeñar un rol influyente en las instancias públicas (gobiernos, ministros) a fin de oponerse a las políticas contra el trabajo infantil apoyadas por la oit y de acompañar a niños y niñas hacia una mejora de sus condiciones de trabajo sin marginar su escolaridad. Al asociar la crítica de la opresión económica de la niñez con el reconocimiento de su contribución productiva, estas organizaciones se comprometen con condiciones de trabajo “más humanas” y relaciones sociales que dejen de basarse en la explotación.

Las discrepancias entre partidarios de la eliminación del trabajo infantil y defensores del derecho al trabajo de la niñez radican en definiciones ambivalentes de este fenómeno y de roles económicos legítimos e ilegítimos que pueden ocupar niños y niñas en la sociedad y en su familia. En numerosos contextos sociales y culturales en países andinos como Bolivia, las concepciones de la infancia y del trabajo adquieren un sentido en el cual el trabajo infantil no es considerado práctica perjudicial.

El presidente Evo Morales se pronunció contra la imposición de cualquier límite de edad para el trabajo en la niñez, subrayando la necesidad de eliminación de las formas de explotación y las prácticas abusivas que afectan a niños y niñas en situación de trabajo. Refiriéndose a su historia personal, ha destacado aspectos positivos del trabajo de los más jóvenes como factor de formación y de solidaridad en el seno familiar.

Según él, el trabajo es positivo en la medida en que permite a niños y niñas desarrollar “conciencia social”. En este sentido, el caso de Bolivia representa un ejemplo atípico en el posicionamiento de un Estado frente a los mandamientos internacionales en la eliminación del trabajo por debajo de los 14 años. La búsqueda de equilibrio entre las prescripciones de la oit (mantenimiento formal de la edad de 14 años en el Código del Niño y del Adolescente) y la realidad sociocultural del país (excepciones que otorgan el derecho al trabajo a partir de los 10 años) releva posición pragmática y desafío riesgoso a la comunidad internacional.

Lejos del modelo de la infancia fuera del trabajo procedente de la familia nuclear de tipo occidental y, sin embargo, muy generalizado en las clases medias de los países del sur, no es imposible que Bolivia busque posicionar, a través del Código del Niño y Adolescente, en una dinámica política más amplia, una representación de la infancia en una corres- pondencia con las culturas andinas en una voluntad de reivindicación cultural alternativa al modelo dominante difundido por organismos internacionales.

Notas

1. Estimaciones a partir de la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil en Bolivia, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2008.

2. En particular, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

3. El coeficiente de Gini es de 0,6 en Bolivia, de 0,5 en Ecuador y de 0,52 en Perú, lo cual ubica a estos países entre los más desiguales del mundo (fuente: PNUD 2007/2008).

4. Además de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), se puede mencionar al Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores de Obreros Cristianos (MANTHOC), fundado en Perú en 1976 y conocido por ser el primer sindicato de niños y adolescentes trabajadores en el mundo.

Es sociólogo, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) e investigador en el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

Tomado de: Periódico Digital Pieb

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