La Gaceta Jurídica

La “aplicación normativa” para una segunda reelección presidencial

Apunte legal(Parte I)

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 26 de febrero de 2013

Desde el 2010 –y pese a su manifiesta improcedencia por imperativo constitucional–, el tema de la Reelección Presidencial se sitúa en la mesa de debate en Bolivia, y tal parece que este año no será la excepción, ante la reciente iniciativa de Senadores oficialistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes han elaborado un Proyecto de Ley de Aplicación de las normas de la Constitución, a fin de habilitar legalmente esta posibilidad.

Es así, que el denominado Proyecto de “Ley de Aplicación Normativa”, recientemente remitido en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) –a fin de hallar el respaldo suficiente en un pronunciamiento jurisdiccional con efectos políticos–, constituye una novedad sin precedentes dentro de la técnica legislativa boliviana, dado que hasta el presente jamás se había formulado un proyecto legislativo con esa denominación, y sobre todo para la finalidad con que ha sido propuesto, considerando que el mismo fue formulado presuntamente para “desarrollar” las normas de la Constitución, cuando en realidad, lo que se pretende es lograr una interpretación extensiva de las determinaciones de la Constitución, muy distinta a la finalidad para la que fueron establecidas por el constituyente.

Cabe recordar que, en el caso de Bolivia, la Constitución es normativa (1), vale decir que se trata de la norma máxima que, por ser la base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares obligados a su observancia, conteniendo un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales que, en consonancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, conforma el  bloque de constitucionalidad, que son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos emergentes de la relación entre el Estado y los particulares o de éstos entre sí.

La transición

Por otro lado, se debe considerar que no todas las normas de la Constitución se aplican inmediatamente, pues ello depende de la naturaleza jurídica y la clase de normas constitucionales contenidas en la Ley Fundamental; por eso se ha ingresado a un proceso de transición –el tránsito de un sistema constitucional republicano a otro de carácter plurinacional–, en el cual el Órgano Legislativo debe expedir un conjunto de leyes que desarrollen las normas de la Constitución para hacerlas aplicables.

Sin embargo, ello no implica que la Asamblea Legislativa esté habilitada para dar lugar al tratamiento o consideración de proyectos de ley que, además de trastocar la técnica legislativa, intentan desvirtuar todo el sistema constitucional bajo el denominativo de “Leyes de Aplicación Normativa”, que sólo pretenden lograr una interpretación extensiva y distorsionadora de normas constitucionales que tienen finalidades concretas, como es el caso de aquellas que regulan la reelección presidencial en Bolivia.

Por tanto, al haberse formulado un Proyecto de Ley de “Aplicación Normativa” para dar operatividad a las disposiciones constitucionales –que por sí mismas son de aplicación directa–, sometiendo el mismo al control previo de constitucionalidad, se están produciendo distintos efectos en el ordenamiento jurídico:

1. La Asamblea Legislativa (tanto en el caso de éste proyecto de ley, como en el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio) está acudiendo al control previo de constitucionalidad  –que se ejerce antes de la aprobación de una disposición legal, en aquellos casos en que exista duda fundada sobre su constitucionalidad–, utilizándolo como si fuera parte del procedimiento legislativo ordinario, lo cual, si bien no está previsto en nuestra Constitución, es un mecanismo idóneo para asegurar la compatibilidad de los proyectos legislativos, frente a los principios fundamentales y valores supremos previstos en el texto constitucional, a fin de que éstos no sean vulnerados por las disposiciones legales que se pretenden poner en vigencia.

Para este efecto, la misma Constitución ha previsto como atribución del tcp (artículo 202, numeral 7), conocer y resolver “las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio” (Coincidencia con la atribución 8 del artículo 12 de la Ley Nº 27 del tcp).

Asimismo, se debe tener presente que en el sistema constitucional boliviano y de acuerdo a las normas ahora previstas por el nuevo Código Procesal Constitucional (artículo 10), las resoluciones que puede adoptar el tcp pueden ser sentencias constitucionales (cuando resuelven las acciones de defensa, demandas y recursos), declaraciones constitucionales (que se emiten en caso de consultas realizadas al tcp) y  autos constitucionales (que son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento y/u otras).

2. La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, al someter a control previo de constitucionalidad el mencionado proyecto de ley para su interpretación constitucional, está reconociendo públicamente que sólo el tcp es el supremo intérprete de la Constitución boliviana.

Y es que, precisamente, el tcp ha sido configurado como el  máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad adicional de defensor de los Derechos Fundamentales y, por lo mismo, su función principal es la de ejercer en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas.

Continuará (martes 5 de marzo)

Nota

1. El carácter normativo de la Ley Fundamental fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional Español, que en su momento señaló que la Constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. Al respecto, pueden consultarse las sentencias de 31 de marzo de 1981 y de 28 de abril de 1982, en http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx

*    Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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