La Gaceta Jurídica

La “aplicación normativa” para una segunda reelección presidencial

Apunte legal - (Parte final)

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 05 de marzo de 2013

En consecuencia, la Asamblea Legislativa está renunciando de manera implícita a cualquier posibilidad de realizar una “interpretación auténtica” de la Constitución, reconociendo la inutilidad política y jurídica de la norma, prevista en la segunda parte del parágrafo iv del artículo 4 de la Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), que precisamente establecía una dualidad interpretativa, al reconocer que el tcp es el intérprete supremo de la Ley Fundamental.

Esto, “sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular”, norma cuya defectuosa redacción afectaba todo el sistema de control concentrado de constitucionalidad previsto por la misma Constitución para su defensa y protección eficaz.

Sin embargo, al someter a control de constitucionalidad el proyecto de ley para la nueva reelección presidencial se pretende que el tcp realice una interpretación de normas de la Constitución que no son contradictorias y que tampoco se encuentran afectadas por insuficiencia, obscuridad ni mucho menos ambigüedad en su contenido, sino que, por el contrario, brillan por su claridad y en la claridad no cabe la interpretación.

Normativa

En este sentido, la Disposición Transitoria Primera, en su parágrafo II, prevé expresamente que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Según ésta disposición, los mandatos constitucionales que fueron conferidos por el pueblo, a través de elecciones libres y democráticas, al Presidente y Vicepresidente del Estado, a los representantes nacionales y demás autoridades electas, con anterioridad a la vigencia de la Constitución aprobada el año 2009, serán considerados el primer periodo constitucional a los fines de reelección.

De esta manera, podrán ser reelegidos inmediatamente, pero por una sola vez, de acuerdo a lo previsto por el artículo 168 constitucional que dispone claramente: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Cabe advertir que la mencionada Disposición Transitoria no condiciona su aplicación a que el Presidente y Vicepresidente, o cualquier autoridad democráticamente elegida, tenga que haber concluido su periodo constitucional para que se compute como un periodo constitucional a los fines de su reelección inmediata. Sin embargo, en inobservancia de ésta disposición constitucional, el oficialismo espera una nueva reelección al presidente Morales, quien por cierto, fue elegido en diciembre de 2005, y asumió el cargo en enero de 2006 por un periodo de cinco años (hasta el 2010). Por tanto, conforme a la norma prevista en el parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera, el mandato asumido en enero de 2006 hasta diciembre de 2010 constituye el primer periodo constitucional del presidente Morales.

Considerando que, en virtud de la norma prevista en el parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera, se habilitó al Presidente para que se postule a la reelección inmediata, éste presentó su candidatura para las elecciones generales de diciembre de 2009, en las que fue reelegido como Presidente (por mayoría absoluta), asumiendo el cargo en enero de 2010, de manera que éste resulta ser su segundo mandato constitucional que vence en diciembre del 2014.

Interpretación

En consecuencia, y realizando una interpretación sistemática de las normas previstas por el artículo 168 y el parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, es posible concluir que el actual Presidente del Estado Plurinacional carece de la legitimación necesaria para postularse a una nueva reelección, dado que el contenido de las citadas normas –como bien se reconoce en la Exposición de Motivos del mencionado Proyecto de Ley– “(…) deviene del absoluto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas a momento de la aprobación del nuevo texto constitucional el 25 de enero de 2009, ya que la nueva Constitución establece la vigencia de una nueva forma de organización del Estado, el, Estado Plurinacional social comunitario y con autonomías”.

Por lo tanto, actuar en sentido contrario (argumentando que se debe computar el periodo presidencial desde el momento de la vigencia del Estado Plurinacional, y no así desde la vigencia de la propia Constitución), sería un flagrante quebrantamiento de las reglas establecidas por el sistema constitucional boliviano, en directa vulneración de lo previsto en el citado artículo 168 constitucional, que sólo permite la reelección inmediata por una sola vez, y no así por dos veces, como se busca a través de la formulación de un Proyecto de “Ley de Aplicación Normativa” que convalide legalmente esa posibilidad, previo control de constitucionalidad.

En definitiva, habilitar una segunda reelección presidencial constituiría la legitimación de un régimen de abuso de poder, ilegal e ilegítimo, además de una peligrosa concentración del poder político en el Primer Mandatario, quien directa o indirectamente, ha venido ejerciendo presión e influencia decisiva en las funciones y actividades de las demás autoridades y Órganos del Estado, lo que resulta intolerable en un Estado Constitucional de Derecho que se basa en el Principio de Separación de Funciones (artículo 12 constitucional), y que implica que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

Ahora, es deber imperativo de los magistrados del Tribunal Constitucio- nal Plurinacional, elegidos por voto popular, actuar estrictamente en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución, aclarando los alcances de la prohibición constitucional existente para una segunda reelección presidencial en Bolivia, a fin de preservar el régimen democrático de gobierno, como garantía de seguridad de nuestros derechos y libertades.

*    Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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