La Gaceta Jurídica

Para aplicar la Ley 700

…“primero hay que interiorizarnos sobre los alcances de la norma propuesta y una vez que la conozca veremos qué pasa”. Habrá que entender que se refirió a “delicado” por la vulneración de la Ley 700, no por proteger a quienes mantienen esos negocios ilegales.

Editorial

00:00 / 17 de julio de 2015

Uno de los ámbitos vulnerables y hasta hace poco casi carentes de medidas expresas para la sanción y prevención es el de la protección a las otras especies animales que habitan el territorio nacional, sean silvestres o domésticas. Precisamente, con la promulgación de la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, del 1 de junio de 2015, el Estado ahora cuenta con una herramienta para el tema en cuestión, lo que significa un gran avance en esa materia, aunque, como sucede con otras normas, su aplicación eficaz se encuentra bajo el beneficio de la duda.

En ese sentido, lo recientemente ocurrido, el envenenamiento de tres cóndores, que provocó la muerte de uno de ellos, debe poner a prueba la eficiencia de la norma y la capacidad de los estrados responsables para sancionar esa situación, que, además, es consecuencia de la muerte de un grupo de perros, cuyos cuerpos fueron echados a la intemperie en proximidades de la comunidad Chaupi Khatalla, en el departamento de Chuquisaca y fueron encontrados por estas aves carroñeras.

Precisamente este hecho parece que se convertirá en el primero en ser ventilado de acuerdo a la Ley 700, pues grupos de defensores de los derechos de los animales de Sucre decidieron procesar judicialmente a los autores del envenenamiento bajo la tipificación del delito de biocidio, contemplado en esta norma.

Es de esperar que la acción sea cumplida y que los responsables sean sancionados con las penas que determina el articulado, pues el biocidio se encuentra establecido como la matanza de un animal con ensañamiento o con motivos fútiles, además que, en el caso de los cóndores, se trata de una especie en peligro de extinción y que está declarada como parte del patrimonio nacional al ser un símbolo cívico. De hecho, la muerte de los perros también es pasible de punición si es que ha sido inmotivada.

Del mismo modo, la ley citada debe ser puesta a prueba con otro caso, como es el de la presentación de un anteproyecto de ley municipal al Concejo edil de Santa Cruz por parte de defensores de animales con el objetivo de erradicar los criaderos destinados al comercio en la capital oriental y los puntos de venta irregular. Esto está protegido por el artículo 9 de Control Social de la Ley 700, el cual señala que “la sociedad civil organizada, en particular las organizaciones o instituciones dedicadas a la defensa de los animales, en aplicación de la Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social, en los niveles de gobierno que corresponda, podrá (n): a. Participar en la formulación de normas y políticas orientadas a evitar y sancionar, actos que provoquen sufrimiento en los animales”.

De acuerdo con la denuncia, en esa área metropolitana existen más de 10.000 criaderos y puntos de venta en los que se trata a seres de diferentes especies de forma abusiva y cruel, en condiciones de mala alimentación y daños diversos. Sobre el anteproyecto, el concejal cruceño Tito Sanjinés del Movimiento Al Socialismo (mas) señaló que “es un tema delicado” y que “primero hay que interiorizarnos sobre los alcances de la norma propuesta y una vez que la conozca veremos qué pasa”. Habrá que entender que se refirió a “delicado” por la vulneración de la Ley 700, no por proteger a quienes mantienen esos negocios ilegales.

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