La Gaceta Jurídica

La autonomía municipal en Bolivia y sus avances constitucionales

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 05 de febrero de 2013

Recientemente la Agencia de Noticias Autonómicas (ana) ha dado a conocer la importante información de que el 80% de los municipios (es decir, 262 de los 339 existentes en el país) ya habrían iniciado la elaboración de sus respectivas cartas orgánicas, siendo el departamento de Chuquisaca el que lidera este avance progresivo, dado que todos sus municipios se encuentran en proceso de elaboración de dichas normas fundamentales.

Asimismo, se debe rescatar que de los 339 municipios, 19 ya presentaron sus cartas orgánicas al Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) para su revisión y control de constitucionalidad (según mandato previsto por el artículo 275 de la Constitución). Por otro lado, de los 11 municipios que optaron por la Autonomía Indígena Originario Campesina mediante referéndum en 2009, sólo cinco remitieron sus estatutos autonómicos al tcp, estos son Mojocoya en Chuquisaca, Charagua en Santa Cruz y San Pedro de Totora, Pampa Aullagas y Chipaya en Oruro.

Sobre éste tema, cabe puntualizar dos aspectos principales:

a) La Carta Orgánica Municipal es una de las normas institucionales básicas del municipio, constituyéndose en la herramienta normativa que permite ejercer e implementar plenamente el régimen de descentralización político-administrativa con autonomías (artículo 1º constitucional).

En otras palabras, es el documento normativo que refleja la voluntad colectiva de los habitantes del municipio en forma democrática, con el objetivo de guiar el camino para la realización de la cohesión social en torno a nuestra identidad intercultural, consolidando así la transformación y liderazgo de la ciudad; es por esta razón que su elaboración debe ser necesariamente el resultado de un proceso participativo que involucre y movilice a todos los sectores de la ciudadanía, ya que será el instrumento normativo que regirá la vida institucional, política, social, cultural y económica de todos/as los/las habitantes del municipio;

b) El Control de Constitucionalidad consiste en aquella actividad jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la cual debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados, así también debe ser aplicada con preferencia a las leyes, decretos y/o cualquier género de resoluciones.

Vale decir que se trata esencialmente de una acción de verificación de la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales, actos, resoluciones y decisiones de los gobernantes, con los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, establecidos por la Constitución Política del Estado (cpe).

En nuestro país es, precisamente, el tcp el órgano especializado creado con la exclusiva finalidad de administrar justicia constitucional a través del control de constitucionalidad de las leyes y los actos provenientes de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia (incluyendo a las Entidades Territoriales Autónomas), a cuyo efecto, conoce y resuelve los conflictos jurídico-constitucionales, que se produzcan en una triple dimensión:

i) normativa, en los casos en que se produzca la incompatibilidad de una disposición legal ordinaria, frente a las normas previstas por la Constitución;

ii) tutelar, en situaciones en que el poder público –o un eventual poder particular– vulnere ilegalmente, por acción u omisión, los derechos fundamentales consagrados por la ley fundamental y/o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; y

iii) del ejercicio del poder político, en los casos en que se llegue a desconocer el principio de separación de funciones, para poner fin a los eventuales conflictos de competencia que llegaren a suscitarse entre los órganos del poder público y/o niveles de gobierno, o bien cuando se desconozcan los derechos de las minorías imponiendo decisiones contrarias a la Constitución.

En este sentido, de acuerdo con las atribuciones que le confieren la Constitución y la Ley Nº 27, el tcp ejerce un control sobre la constitucionalidad de todas las disposiciones legales, sean éstas Leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de resoluciones no judiciales, declarando su inconstitucionalidad con carácter general, además del efecto  derogatorio o abrogatorio, conforme corresponda en cada caso.

A este efecto, el ordenamiento jurídico establece dos modalidades (en forma previa y posterior) de control de la normatividad, y el control normativo previo se ejerce antes de la aprobación de la respectiva disposición legal, en aquellos casos en que exista una duda fundada sobre su constitucionalidad.

Asimismo, se debe tener presente que, de acuerdo a las normas ahora previstas por el nuevo Código Procesal Constitucional, la intervención necesaria del tcp –a través del control preventivo de constitucionalidad– en el proceso de aprobación de una Carta Orgánica Municipal, tiene precisamente el objetivo de verificar la compatibilidad de dicha disposición legal frente a los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales de la ciudadanía en general.

Todo esto de acuerdo a la atribución conferida expresamente por la misma cpe, lo cual es obligatorio para las Entidades Territoriales Autónomas, antes de que sus normas adquieran vigencia como norma institucional básica de cada entidad.

De acuerdo a ésta configuración constitucional, es tarea imprescindible realizar el control preventivo de constitucionalidad de todas las cartas orgánicas municipales en todos los municipios del país, para que –resguardando la seguridad jurídica de la ciudadanía– dichas normas sean plenamente acordes a los parámetros mínimos establecidos en el pacto político y social que todos/as los/las bolivianos/as hemos adoptado hace ya casi cuatro años, a fin de lograr gradualmente la consolidación de las autonomías municipales en Bolivia.

Es abogado, responsable del blog jurídico: Tren Fugitivo Boliviano.

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