La Gaceta Jurídica

La autonomía universitaria en entredicho

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 23 de agosto de 2015

Podríamos afirmar que ese entredicho, en este momento, abarca en realidad a todo el proceso referido al régimen autonómico. En estos últimos diez años han existido avances notables en ese campo, pero la gran diferencia entre las distintas entidades autónomas está en el hecho de que la autonomía universitaria se acerca a un centenar de años de vigencia y aplicación.

Asimismo, aquella autonomía que corresponde a las municipalidades y departamentos tiene alcances evidentemente distintos de la universitaria. La que se refiere a los llamados gobiernos departamentales tiene siempre mayor relacionamiento administrativo con el Gobierno central.

Curiosamente, además, hacemos notar que las universidades autónomas tuvieron una escasa participación institucional al discutirse los alcances de la autonomía departamental para culminar en los textos constitucionales y legales. O sea, por lo general, cada entidad ha venido manejando el tema de la autonomía por su cuenta.

El menos debatido ha resultado ser el que se refiere a la autonomía de las universidades. Si últimamente se ha ingresado a una discusión sobre ella, ha sido en buena parte por lo que sigue ocurriendo en la Universidad Mayor de San Simón (umss) de Cochabamba.

Los hechos acontecidos en aquella han sido tan graves que difícilmente podrían ser ocultados entre los sucesos más lamentables ocurridos en el país en varios años y, además, de los más graves que han sucedido en mucho tiempo entre las universidades autónomas.

Nosotros pensamos que, sin embargo, la situación ocurrida no es la única que refleja la crisis actual de la universidad boliviana. Es decir, no puede reducirse esta situación solo a la universidad de San Simón y, por otra parte, tampoco puede afirmarse que solo se ha tratado de hechos tremendamente violentos entre determinados grupos divergentes dentro de esa universidad, que responden a presiones de afuera y, a su vez, siguen consignas político-partidistas.

Que hay bastante de aquello, es cierto; pero este detalle dentro de las universidades autónomas resulta algo repetitivo. Preguntémonos, ¿a qué se debieron las intervenciones del Gobierno del mnr tras la Revolución de 1952 e, incluso, las situaciones de fuerza durante la vigencia de regímenes de facto?

Ninguna de esas intervenciones contribuyó a la solución de los problemas de la universidad boliviana. Por el contrario, solo lograron agravarlos. Y es que nunca se ha encarado con decisión y al margen de posturas de conveniencia un mejoramiento de aquella, que, además, responda a un auténtico proceso de modernización.

Tendríamos que preguntarnos, a esta altura de los acontecimientos, ¿cuáles fueron –hace casi cien años– los verdaderos motivos que empujaron para que se hiciera vigente la autonomía universitaria?

El principal, y que creemos subsiste hasta hoy, se relaciona con el hecho de colocar una barrera que proteja a las universidades de los abusos y arbitrariedades de los gobiernos de turno. Esto último significaba proteger a la enseñanza superior, dadas sus características.

Es también que, por los mismos motivos, el capítulo VI de la Constitución Política del Estado (cpe), en su Sección II, del artículo 91 al 97 (que no son pocos), legisla sobre el tema que denomina Educación Superior.

El artículo 92 precisa que “las universidades públicas SON AUTÓNOMAS E IGUALES EN JERARQUÍA”. Luego habla de en qué consisten los alcances de aquella. El parágrafo II señala que la “Universidad Boliviana”, que habrá que admitir que nunca ha alcanzado el nivel que le correspondía y ha cumplido sus fines solo a medias.

El artículo 93 establece que “las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado…”, otro detalle que igualmente se cumplió en parte.

En el restante número de artículos del texto constitucional, en la práctica, ha quedado bastante para el discurso, como lo que sucede con la tarea de coordinación entre el Estado y las universidades públicas. En los hechos, nunca ha funcionado en forma eficaz ningún mecanismo de coordinación institucional en forma permanente.

Por lo tanto, hay muchas cosas del referido texto constitucional que merecen ser estudiadas y actualizadas. Pero, al margen del detalle que se refiere al marco estrictamente normativo, existen otros temas.

Sin tener que llegar hasta los orígenes del tema, hay un hecho evidente: las universidades públicas no han tenido ninguna presencia, o apenas marginal, en lo que se ha denominado “el proceso de cambio”. No estamos aplaudiendo a éste solo para complacer al Gobierno, pero es cierto que, por ejemplo, algunos cambios se han concretado en la estructura institucional del Estado.

Ahora está en debate el hecho de si debemos o no abrir la Constitución Política, sobre todo para hacer una reelección indefinida de los primeros gobernantes. Igualmente, hay una discusión permanente y apasionada sobre la suerte del Órgano Judicial y sus componentes.

¿Ha dicho algo en concreto la universidad boliviana en torno a esos temas de forma institucional y oficial? Estas pequeñas cosas no hacen sino confirmar la regla. La universidad boliviana, atosigada por otros conflictos, sigue ausente de una temática que nadie podría decir que no interesa a la totalidad del país. Este hecho merece de inmediato una profunda reflexión. Es lo menos que podemos pedir.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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