La Gaceta Jurídica

Los avances logrados por el Defensor del Pueblo de Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 18 de junio de 2013

Particularmente importante, y digna de toda felicitación, es la distinción otorgada por el Comité Internacional de Coordinación (cic) de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, al haber certificado como “clase A” a la Defensoría del Pueblo de Bolivia, por cumplir íntegramente con los Principios de París, que fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1991 (en París) y ratificados posteriormente por la Asamblea General de la onu en 1993.

Esta certificación es la máxima que confiere el mencionado Comité en reconocimiento al trabajo que impulsa la Defensoría, en el marco de la independencia, pluralismo y autonomía institucional, además de mantener un relacionamiento directo con la sociedad civil y otras instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Cabe hacer notar que los Principios de París establecen básicamente que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos deben trabajar para la armonización de las leyes nacionales y las normas internacionales de los derechos humanos, promover la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, apoyar la educación en derechos humanos, llevar a cabo investigaciones sobre temas de derechos humanos, presentar informes o recomendaciones a cualquier órgano administrativo público sobre temas relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y colaborar con otros actores involucrados en labores de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional y de recibir e investigar quejas y peticiones por parte de individuos que aleguen haber sufrido violaciones a sus derechos humanos.

Ciertamente, la Defensoría del Pueblo (encabezada por el actual Defensor, Rolando Villena, quien también ha sido designado Presidente del Consejo Andino de Defensores del Pueblo (cadp), es una de las pocas instituciones que incansablemente realiza una labor muchas veces silenciosa, pero muy comprometida con la defensa de los derechos humanos, frente a las constantes arbitrariedades y extralimitaciones en que suelen incurrir cotidianamente las autoridades gubernamentales en Bolivia.

Así, por ejemplo, ha sido destacable su participación a momento de abogar de manera inclaudicable, por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Tipnis en Bolivia y de otros sectores vulnerables, demostrando en aquel tiempo que los funcionarios y funcionarias de esa institución cumplen su responsabilidad con una gran convicción y entrega por la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, destacando ahora esta encomiable labor a nivel internacional.

Conviene recordar que, mediante la Reforma Constitucional de 1994, se introdujeron importantes modificaciones al texto de la Constitución Boliviana vigente en ese entonces, y que, por ahora, pueden resumirse en:

1) Inserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la estructura social del Estado, a cuyo efecto se definió por primera vez la estructura social, como multiétnica y pluricultural; y se consagraron la unión y la solidaridad, como las bases de su organización;

2) Plena vigencia y protección de los derechos humanos como base del orden democrático constitucional, a cuyo efecto se creó la Defensoría del Pueblo con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación al sector público;

3) Seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional reformando la estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial), mediante la creación del Tribunal Constitucional como encargado del control concentrado de constitucionalidad en el país.

Entonces, fue la Constitución reformada en 1994 que instituyó al Defensor del Pueblo para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público, así como también velar por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, sin necesidad de recibir instrucciones por parte de los demás órganos del poder público, habiendo establecido además, que el Presupuesto General debe contemplar una partida para el funcionamiento de ésta institución.

Precisamente ésta norma constitucional, delineó claramente las características esenciales de la institución del Defensor del Pueblo en Bolivia:

a) Es un órgano estatal independiente de los demás Órganos del Poder Público, dado que por la naturaleza de su función tutelar y su papel de contrapesar las acciones de otras instancias del poder estatal, necesariamente debe ser autónomo e independiente de las presiones políticas, garantizando así un compromiso a largo plazo con la democracia.

A efecto de cumplir dicho mandato y gozar de autonomía funcional, el personal dependiente de ésta instancia no puede –y no debe– estar involucrado en problemas político-partidarios, así como tampoco puede estar en condiciones de recibir instrucciones directas o indirectas de los poderes públicos, ni de ninguna autoridad;

b) Se constituye en una Magistratura de persuasión, vale decir, que se trata de una institución de carácter no jurisdiccional, sin capacidad alguna de sancionar ni de imponer coercitivamente sus decisiones. En este sentido, cumple más bien un papel de mediación, en la investigación de las denuncias, pudiendo intervenir en los procedimientos administrativos o constitucionales, con el exclusivo propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas, procurando la rectificación de las consecuencias de la vulneración de derechos. De ahí que, la eficacia de su actividad, se asienta en su capacidad de convencimiento, dado el peso ético de sus funciones y su legitimidad social;

c) Es una instancia de intermediación entre la sociedad civil y el Estado, a cuyo efecto deberá establecer vínculos muy particulares con los diferentes sectores de la sociedad civil, y construir una imagen de máxima credibilidad para el ciudadano, a través de la investigación y sus eventuales pronunciamientos sobre las quejas o reclamos que le sean presentados.

Cabe señalar que el fortalecimiento de aquellos vínculos con la sociedad civil es una prioridad en el proceso de investigación y en la resolución de los reclamos que le sean sometidos a su conocimiento, de tal forma que se establezca un camino de convergencia entre la ciudadanía y la Administración Pública.

Podemos decir, con toda seguridad, que estas tareas han sido plenamente cumplidas y sus resultados efectivamente mostrados al conjunto de la población boliviana, que es testigo de toda esta inagotable labor; por lo que, únicamente nos resta expresar nuestra más sincera felicitación por estos logros alcanzados, exhortando al Defensor de Bolivia a no retroceder en esta lucha por el bien de nuestros conciudadanos.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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