La Gaceta Jurídica

Los bloqueos y los delitos

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 05 de octubre de 2012

Los bloqueos de calles, vías camineras y otros espacios públicos similares se han convertido en el principal “deporte nacional”. A tal punto que la ciudadanía sólo atina a la resignación, porque percibe que este panorama, al convertirse en algo “típico” del país, no tiene solución.

Y es que en este tema, como en otros, estamos, además de varios factores como explicación, frente a una total ausencia de Estado. El Gobierno, el poder, que es uno de los componentes fundamentales de aquél, sencillamente no aparece, ha dejado de actuar.

Este extremo ha llegado a tal grado que el propio presidente de Estado afirma ante un medio de comunicación del alcance mundial que él nunca supo de la intervención policial contra la octava Marcha Indígena en Chaparina y toda la responsabilidad es de la Policía, siendo así que aquella “depende en forma directa de la Presidencia de Estado por intermedio del Ministerio de Gobierno” (artículo 252 de la Constitución Política del Estado).

Pero, al margen de ello, lo que es de mayor preocupación es comprobar que en el caso de los continuados bloqueos existe una cadena de delitos que se originan en aquellos y están tipificados en el Código Penal, aunque han acabado siendo un mero adorno de esta norma.

Hagamos un repaso de lo que acabamos de afirmar.

Destacamos inicialmente el “derecho” de las personas. El artículo 21-VII de la Constitución Política del Estado (cpe), entre los derechos civiles, coloca el de la “libre circulación en todo el territorio boliviano…”, lo destacamos porque éste es el primer derecho destrozado por los famosos bloqueos. Se acabó la libre circulación de los más por una decisión de los menos. ¿Y la Constitución?, bien gracias.

Es el Gobierno el que tendría que intervenir así fuese sólo para reinstaurar y proteger ese derecho. No decimos que nunca lo ha hecho, ha intervenido en algunas ocasiones (nadie sabe cuál el criterio de “selección” que se utiliza para intervenir en unos casos y otros no).

En varios hechos tampoco al Gobierno le ha ido muy bien que digamos. Ha existido un exceso de fuerza en los organismos represores o los choques con los bloqueadores han dejado saldos de muertos y heridos. En otros casos, los choques han sido entre bloqueadores y transportistas y pasajeros bloqueados y cansados del abuso.

Acudimos ahora al Código Penal. El artículo 212 del mismo tipifica el delito de “desastre en medios de transporte”, indicando que será sancionado con presidio de uno a diez años el “que ocasionare un desastre en cualquier medio de transporte urbano”.

Los bloqueos implican, en muchos casos, así se ha visto en la realidad, deterioro en las respectivas vías camineras o espacios públicos urbanos. El artículo 223 del Código que analizamos tipifica el delito de “destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional”, con pena de privación de libertad de uno a seis años”.

El artículo 303 se refiere al delito de “atentados contra la libertad de trabajo”, porque no otra cosa surge de un hecho concreto como el bloqueo, que impide en forma clara y contundente que personas como los transportistas y muchos de los pasajeros de sus vehículos ejerzan libremente sus actividades laborales.

Además, en este último caso, se conculca de nuevo otro derecho consagrado en el texto constitucional, el “derecho al trabajo digno” (artículo 46-I de la cpe). Además, el inciso II del mismo artículo dice, categóricamente, que “el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.

Esa es otra razón para que el bloqueo vaya en forma directa contra los intereses, no sólo de las personas individuales, sino de la colectividad en general.

En no pocas oportunidades, el enfrentamiento entre bloqueadores y fuerzas del orden ha dado lugar al “secuestro” de uniformados policiales. Ese hecho constituye un nuevo delito tipificado por el artículo 334 del Código Penal, que nunca se aplica porque, finalmente, se acaba “negociando” la libertad del o de los secuestrados.

Otro de los delitos derivados en esta continuada acción de los bloqueos es el referido al “daño calificado”. El artículo 358-I del Código Penal señala lo siguiente: “Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales…”, la sanción será de privación de libertad de uno a seis años.

¿Cuántas veces ha ocurrido la situación prevista por el artículo anteriormente citado? Es que los bloqueos no se ejecutan sólo con la presencia de la “persona o personas” de los bloqueadores, sino que, para el efecto, se utiliza piedras de gran tamaño, materiales de construcción, troncos, etc., que causan, evidentemente, un “daño calificado”. ¿Quién se hace responsable de reparar esos daños?, ¿los que bloquearon?, olvídense. En muchos casos, aquéllos, después de haber sido levantado el bloqueo, ni se toman el trabajo de limpiar nada.

Y ¿qué podemos decir con referencia a las también numerosos y frecuentes huelgas? Pues que todas ellas, sin excepción, resultan ser ilegales. Y es que ninguna cumple los requisitos previos a su ejecución, como señalan las leyes laborales.

Se reúne el sector respectivo de trabajadores o de empleados y luego de la respectiva asamblea o el consabido “ampliado” departamental o nacional se determina la huelga o el paro de 24, 48 o 72 horas o, finalmente, la huelga indefinida.

A su vez, las conocidas “huelgas de brazos caídos”, “huelgas de hambre”, “vigilias” u “ocupación de establecimiento privados o públicos” ni siquiera figuran en los respectivos textos de las leyes laborales, sencillamente porque se salen de todo marco legal.

Nos preguntamos entonces, ¿para qué tantas leyes sobre la temática, si ninguna se cumple?

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