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¿Dónde está la buena fe?

…puede ser el artículo con el que se pretenda convencer, señalando presuntas ventajas que pueden originarse con la construcción vial, demostrando aquí la irresponsabilidad para no prever el futuro y seguir las políticas mercantiles que justifican la vertebración y comercio a ultranza.

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00:00 / 10 de febrero de 2012

Sin más reparo se soltó en la Asamblea Legislativa “Plurinacional” la “Ley de Consulta Previa”, un instrumento de pregunta que debió ser aplicado como lo indica la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 con antelación (eso significa “previa”) a la toma de decisiones que afecten a los pueblos indígenas y sus territorios. Según el artículo 30.II.4 de la ley fundamental, las naciones y pueblos indígena originarios tienen derecho “a la libre determinación y territorialidad”, aspecto aplicable a los grupos culturales que habitan determinados espacios que son su territorio, por ejemplo, el caso de las nacionalidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Precisamente, en el acápite 30.II.15 de la Constitución se establece que estos grupos, que son parte del Estado boliviano, tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, aquí es donde se empieza con el asunto de la antelación, que se refiere al momento de planear proyectos o determinadas intenciones. Este punto continúa: “En ese marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa y obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

En estos argumentos se han generado los otros que sirvieron para vulnerar la CPE, se dijo que construir una carretera no está especificado ni que se trata de explotar recursos naturales, pero no se tomó en cuenta que este proyecto afecta la vida de las comunidades y abre el camino a la transformación de los recursos, ergo, esto es similar o peor a la explotación, pues se dará paso a la sustracción de madera y plantación de cocales, mientras que el ecosistema y los procesos biológicos de la flora y fauna sufren fragmentación, es decir que en esto no hay buena fe.

El apartado que corresponde a la numeración 30.II.16  señala el derecho de los pueblos indígenas “a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”, que puede ser el artículo con el que se pretenda convencer, señalando presuntas ventajas que pueden originarse con la construcción vial, demostrando aquí la irresponsabilidad para no prever el futuro y seguir las políticas mercantiles que justifican la vertebración y comercio a ultranza que ha dejado el mundo como está. Además, aquí se ingresa a otras violaciones de la cpe, perforar los derechos y la protección de determinadas áreas y procesos naturales.

El 30.II.17 constitucional ratifica el derecho “a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”. La última parte de este numeral no tiene mayor problema, pero la inicial es clara al defender la autonomía para la gestión territorial de los pueblos indígenas y el uso y aprovechamiento exclusivo de sus recursos, lo cual retorna al tema de que si éstos están destruidos se vulnera el derecho, de igual modo, aquí aparece lo que podría entenderse como intangible para el resto, porque se trata de algo exclusivo y autónomo para los propietarios.

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