La Gaceta Jurídica

Las casas de empeño sentencian sin derecho a la defensa

La Defensora del Litigante

La Gaceta Jurídica / Ximena Guzmán Pinilla

00:00 / 14 de junio de 2013

La nueva Ley de Bancos y Entidades Financieras debería coadyuvar a regular las actividades de las casas de préstamos y empeños, que, por el momento, inundan el mercado. En una especie de contrabando hormiga, en estas casas se “sacude” montos significativos a través de pequeños pero constantes movimientos.

Lejos de la función social que el Estado le ha asignado a  los servicios financieros, cual es “contribuir al desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”, las casas de préstamo y empeños viven de la usura, delito tipificado en el artículo 360 del Código Penal: “El que aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, diere en cualquier forma, para sí o para otros, valores o especies a cambio de intereses superiores a los fijados por ley …”

Hasta ahora, esos intereses fijados por ley no pueden pasar del tres por ciento mensual  y, más aún, la nueva Ley de Servicios Financieros elaborada por el gobierno de Evo Morales impone, entre otros cambios, la fijación de tasas de interés por Decreto Supremo.

Dada la carencia de fuentes laborales formales, miles de ciudadanos no tienen manera de respaldar ingresos fijos que les permita el acceso a créditos en bancos, mutuales o financieras. Apremiados por la necesidad, estas personas  acuden a las casas de préstamos que, por un cálculo “a ojo de buen cubero” de una prenda, cobran el 10 por ciento de interés mensual. 

Las artimañas son innumerables: se recibe electrodomésticos, equipos electrónicos, joyas o garrafas a un valor muy por debajo del real, sobre ese “avalúo” se fija el préstamo al que se fusiona el interés del 10 por ciento y se establece además un corto tiempo de devolución (de uno a tres meses).

Si el deudor incumple el pago puede dar por perdida la prenda, puesto que él mismo firmó un “contrato de venta con pacto de rescate”, en el que “el vendedor puede reservarse el derecho a rescate de la cosa vendida, mediante la restitución del precio y los reembolsos establecidos” (artículo 641 del Código Civil).

Muy pocas personas que acuden a estas casas de crédito saben que, en realidad, están rifando sus pertenencias; aunque tal vez sería mejor venderlas si uno no está convencido de poder conseguir el dinero para recuperarlas, así, por lo menos, obtendría un precio más justo.

La ley podría aplicar una sanción por el artículo 361 del Código Penal (Usura Agravada) de no ser por ese contrato “voluntario” de venta en el que hábilmente se esquiva la figura del préstamo y la fijación de intereses. A efectos del documento de contrato, el deudor está vendiendo una cosa y debe pagar una cifra determinada si quiere recuperarla en un plazo perentorio.

Estas entidades tampoco emiten facturas, de manera que evaden impuestos y, por doble partida, de quedarse con las prendas, las venden sin el extracto fiscal a precios que casi igualan al mercado en artículos nuevos. Por una notebook, por ejemplo, se prestó 200 bolivianos y ese mismo equipo, al mes de firmado el contrato y por incumplimiento, fue puesto a la venta por 2000. La ganancia en este caso particular es del 90 por ciento. Por otra parte, las casas de préstamos no pagan impuestos al fisco por los intereses que perciben. Al no figurar en los contratos la palabra “interés”, no hay forma de comprobar ni calcular el lucro.

A otros niveles y por montos más altos, se publica en los diarios avisos de préstamos al tres por ciento sobre garantías de vehículos, lotes o casas. La forma de operar de estas personas o empresas es muy parecida a las casas de préstamo. A cambio del llamado “dinero fácil”, hay que firmar contratos de venta con la documentación de propiedad original. No hay vuelta atrás y, por dos, cinco o diez mil dólares, uno corre el riesgo de perder su casa, su lote o su vehículo. Si estos negocios exhiben sus ofertas a la sociedad, el Estado debería controlarlos. Si se ataca a los vendedores informales en las calles por percibir centavos o a los negocios establecidos por no emitir facturas, ¿por qué no tendría que fiscalizarse a estas empresas usureras? El artículo 361 del Código Penal dice que se comete usura agravada si: 1. El autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual; 2.

Cuando se hubiere empleado cualquier artificio o engaño para obtener el consentimiento de la víctima; 3. Si el hecho fuere encubierto mediante otras formas de contrato, aún a manera de cláusula penal que fije intereses; ó 4. Si el hecho constituyere alguna de las formas del anatocismo”.

No es coherente que estos prestamistas castiguen al deudor con todas las de la ley cuando ellos viven prácticamente al margen de ella. Algo así como los poderosos invencibles, pues no tienen definida su razón social, algunas se denominan “Joyería-préstamos”, otras “microcréditos y consignaciones”, no tienen nit, por lo menos no a la vista; la mayor referencia que facilitan en sus recibos es un número de celular y sus contratos son malas copias de algún original.

Alguien sabe, por si acaso, ¿qué pasa con las prendas mientras quedan en sus manos? Un deudor recibió una llamada al amanecer, su vehículo “dejado en prenda” había sido detenido por estar conducido por un tercero en estado de ebriedad. En otro caso –y salió la noticia en los periódicos de Santa Cruz–, una casa de préstamos fue  robada por delincuentes, quienes se llevaron aproximadamente 160 mil dólares en joyas y dinero. ¿Cómo ser compensado por las prendas confiadas si estas figuran con un valor mucho menor al real?

Estos negocios proliferan como respuesta a la lentitud y excesiva exigencia de la banca que, un poco más, pide el certificado de las pulgas del perro, apelando a la jocosa campaña publicitaria de un banco boliviano.

El interesado tendrá que evaluar qué le conviene más, luego de la recepción de información fidedigna, en tanto que la Autoridad Fiscalizadora del Sistema Financiero (asfi) tendría que fiscalizar y controlar a las casas de préstamos o, por lo menos, ayudar a desenmascararlas, puesto que son lobos disfrazados de ovejas. Si no se enmarcan en los Servicios Financieros y la nueva Ley de Bancos, a ¿qué rubro del comercio pertenecen?

Es periodista (facebook.com/ladefensora.dellitigante).

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