La Gaceta Jurídica

El caso Rozsa y los derechos humanos

Procedimientos y recursos

Las acciones preventivas para detener y evitar cualquier atentado, ¿podrían haber tenido buen resultado?

Las acciones preventivas para detener y evitar cualquier atentado, ¿podrían haber tenido buen resultado? Foto: infosurhoy.com

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 25 de abril de 2014

El abogado Otto Ritter confirmó la autenticidad de la carta presentada por el exfiscal Marcelo Soza, quien en una de las  partes más relevantes afirma: “Todos los excesos que se han cometido no son de mi responsabilidad, como el operativo en el hotel Las Américas... Esa es responsabilidad de las autoridades que llevaron adelante el operativo, quienes nunca me consultaron estas acciones. Yo me encontraba en La Paz”.

Declaraciones terribles que develan la abierta ilegalidad de la intervención realizada en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, donde un grupo institucional de la Policía nacional arremetió contra la integridad física de una célula terrorista, acabando con la vida de algunos y salvado la de otros.

Al respecto, recordando las declaraciones efectuadas en su momento tanto por el Viceministro del Interior como por el Comandante Departamental de Santa Cruz, la acción referida fue resultado de un “trabajo de investigación de larga data” mediante el seguimiento de estos súbditos que, según se dijo, tenían planes terroristas, incluido un magnicidio, afirmaciones todas que, en su momento (véase ¿Terrorismo en Bolivia? de 24-04-09), me llevaron a realizar las siguientes reflexiones:

Si el Gobierno tenía conocimiento pleno de que en el país estaban operando estos grupos irregulares hacía ya tiempo, ¿por qué no se realizaron acciones preventivas para detener y evitar cualquier atentado? Es decir, ¿por qué se tuvo que esperar hasta las 3 de la madrugada del 16 de abril para realizar una intervención armada y recién dar con los supuestos autores acabando con su vida, hecho que bien podía haber sido evitado, más aún si la Constitución del Estado Plurinacional reconoce la vida como valor supremo?

Sobre el particular, cabe apuntar que si el Gobierno y los organismos de inteligencia del Estado tenían la certeza absoluta de la existencia de estos grupos irregulares y las acciones que los mismos estaban planificando, ¿Por qué no se dispuso su aprehensión inmediata con la intervención del Ministerio Público? El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 226, estipula que, cuando las condiciones así lo demanden, el Ministerio Público puede disponer la aprehensión de cualquier persona a fin de que ésta sea privada de su libertad y someterla a la jurisdicción de las autoridades respectivas, norma que en el caso en concreto establece la posibilidad de que el Estado, a fin de resguardar su seguridad interna, asuma medidas extremas como la aprehensión directa, a fin de dar con los responsables de un hecho punible y evitar así mayores desenlaces.

Por otro lado, de la información que se ha podido recabar en diversos medios de comunicación y algunas imágenes que se han difundido, se tiene que los supuestos terroristas fueron abatidos al interior de su habitación en horas de la madrugada y en plenos calzoncillos, de lo que emerge otra interrogante.

Dadas esas circunstancias, ¿era necesaria la violencia que se desplegó contra dichas personas? Es decir, ¿se justificaba implementar un operativo armado a las tres de la madrugada cuando los supuestos terroristas se encontraban durmiendo en calzoncillos en su dormitorio? ¿Cuál el motivo de efectuar una intervención violenta, en lugar de aplicar los procedimientos institucionales, tal como correspondía?

A fin de responder esta inquietud, se debe apuntar que, si bien el Estado y el Gobierno tienen el “monopolio legítimo de la violencia”, empero, ésta no puede ser ejercida de modo desmedido ni arbitrario, ya que la violencia es el último recurso al cual se debe recurrir, sólo en aquellos casos en los que se justifique, caso contrario, estamos frente a un hecho irregular, arbitrario e ilegal.

En el caso concreto, ¿era necesario o urgente, realizar dicha intervención armada a las tres de la madrugada contra estos sujetos? Si esto es así, ¿cuál era la premura o urgencia? ¿Estaban acaso a punto de ejecutar un atentado terrorista? Si esto era también así, ¿por qué no se actuó preventivamente, disponiendo la aprehensión de estos sujetos en las formas que establece el Procedimiento, y no esperar hasta las 3 de la madrugada del jueves 16 de abril?

En todo caso, en Bolivia todo asilo o habitación es inviolable en horas de la noche, aún cuando se cuente con la respectiva orden de allanamiento, condición que tampoco se verifica, ya que no había fiscal, menos orden judicial alguna.

Todo apunta a que, si bien la presencia, la actividad y la trayectoria de estos sujetos despiertan muchas susceptibilidades, ello no debe distraernos de la naturaleza del operativo y de la forma cómo la Policía nacional actuó en su momento, desplegando un operativo con violencia desmedida, sin estar demostrada la necesidad y urgencia de intervenir de la forma cómo se lo hizo, mostrando como un gran logro los cadáveres de esos tres sujetos, desconociendo que todo régimen democrático, en realidad, exige un equilibrio perfecto entre los fines y los medios, de modo tal que la seguridad interna y la paz social resulten del cumplimiento de las normas y las reglas que el mismo Estado tiene previstas para ello, sin que los fines (desarrollo, paz y seguridad) signifiquen pisotear los medios (normas, procedimientos y principios).

Un buen ejemplo de ello constituye la sentencia ejemplar dictada por la Corte Interamericana en el caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú, sobre los hechos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992, cuando el Estado peruano ejecutó un operativo denominado “Mudanza 1”, cuya presunta finalidad era el traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas, militantes de Sendero Luminoso, en el Centro Penal Miguel Castro Castro, a centros penitenciarios femeninos, acabando con 34 prisioneros muertos y 18 heridos, sentando un precedente en sentido de que la lucha contra el terrorismo, bajo ningún criterio, puede subordinar la vigencia universal de los Derechos Humanos.

Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS)

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia