La Gaceta Jurídica

Otro caso conflictivo y sin consulta previa

Procedimientos en Mallku Khota

El 18 de mayo comunarios de Mallku Khota llegaron en marcha a Acasio.

El 18 de mayo comunarios de Mallku Khota llegaron en marcha a Acasio. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Cristina Lipa Challapa

00:00 / 01 de junio de 2012

El cerro Mallku Khota (en aymara Lago del Cóndor) está ubicado entre los municipios de Sacaca (provincia Alonso de Ibañez) y San Pedro de Buena Vista (provincia Charcas), en la región norte del departamento de Potosí, a una altura aproximada de 4.000 msnm, es uno de los cerros más altos de la región y a su alrededor existen cinco lagunas de agua dulce, la más grande a las faldas de este cerro y lleva el mismo nombre. A sus orillas habita la comunidad Mallku Khota.

Según los pobladores, estas aguas son las que mantienen varias vertientes en toda la región y que la población usa para el consumo humano, de animales y para la producción; además, cumplen importantes funciones en el sistema hidrológico de la zona, son fuente de nacimiento y reserva acuífera de seis microcuencas que se extienden hacia abajo de la serranía donde se desarrolla la producción agrícola y piscícola (trucha). Mallku Khota, junto con otras comunidades, es parte de la Tierra Comunitaria de Origen (tco) Ayllu Sullk’a Jilaticani.

En este cerro se ha encontrado minerales como oro, indio, plata y otros. De acuerdo a la Gobernación de Potosí, según un informe preliminar de la empresa South American Silver, el Mallku Khota es un yacimiento hasta cuatro veces más grande que San Cristóbal (empresa de explotación de plata, considerada una de las más grandes en el hemisferio occidental).

Antecedentes

El conflicto surge en torno a la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente respecto al ejercicio de los derechos territoriales en cuanto al reconocimiento de la relación de los pueblos indígenas originario campesinos (pioc) con su hábitat, el cual tiene que ver con la propiedad colectiva y la posibilidad de participar en la toma de decisiones a partir de la consulta previa e informada, como está establecido en la Constitución Política del Estado (cpe). La falta de una consulta previa a las comunidades afectadas –como en otros casos en el país– exacerbó la situación.

Al respecto, autoridades gubernamentales reconocen que no se realizó la misma porque, según ellos, no es necesaria en casos de exploración. Esto dificulta avanzar en la aplicación y cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas. James Anaya, Relator Oficial de la onu, en su informe sobre la Situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, ha enfatizado que este escenario, en vez de ir desapareciendo, se va ensanchando, por tanto, persiste y se profundiza esta “brecha de implementación” de los derechos de los PIOC constitucionalizados, entrando en contradicción con la implementación de políticas y programas de gobierno.

Los actores en conflicto son comunidades ayllus que se oponen a la explotación de los yacimientos encontrados por la empresa transnacional y a la propuesta del megaproyecto (explotación a cielo abierto), debido a los impactos por la contaminación de sus recursos hídricos y tierras. En Mallku Khota, pobladores instalados en el último tiempo venidos de otros lugares, atraídos por los minerales, y algunos comunarios que explotan a través de cooperativas, también empresas y sus trabajadores, llegados de fuera y de dentro, y el Estado, que otorgó la concesión, están interesados en que el proyecto se implemente.

La explotación

Según los habitantes de la región, ya se habría iniciado la exploración de estos yacimientos en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, a mediados de los años 90. La empresa Mallku Khota, subsidiaria de la canadiense South American Silver, obtiene la concesión en 2006 e inicia la exploración. En la concesión están implicadas también otras comunidades que conforman la tco Ayllu Sullk’a Jilaticani, y las tco Ayllu Takahuani y Urinsaya del norte de Potosí. Al respecto, la información es aún confusa e incompleta para una compresión cabal del asunto.

El impacto de estas acciones motivó que en cabildos y tantachawis (reunión de ayllus mayores) se analice la implicancia de la exploración de estos yacimientos y/o la preservación de los recursos naturales, así como la situación de pobreza en la región. Estos conflictos se profundizaron en la gestión 2009, cuando se encontró discrepancias entre las mismas comunidades-ayllus y la empresa, momento en que esos deciden expulsarla.

“La gota que rebasó el vaso” es el planteamiento de la empresa, que señala que para empezar con la explotación mineralógica a cielo abierto la comunidad tiene que dejar el lugar actual donde está asentada y reubicarse en otro. Esta situación ratifica la importancia del derecho a la consulta previa, la cual debe estar dirigida a obtener el consentimiento previo, libre e informado, buscando entendimiento y decisiones consensuadas para la participación en el desarrollo y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

Este proceso debe ser realizado desde las primeras etapas del proyecto para que los afectados tengan conocimiento de los riesgos ambientales, sociales, económicos, culturales y de salubridad, a fin de encontrar salidas alternativas y consensuadas y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Estos aspectos están contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la CPE.

Las visiones

El conflicto se ha acrecentado debido a las visiones del aprovechamiento de recursos naturales y/o a la implementación de políticas gubernamentales y departamentales que se llevan a cabo, produciendo enfrentamientos en la zona de Mallku Khota y en Acasio (municipio elegido para la negociación por considerarse neutral), con consecuencias en la integridad física de pobladores y policías.

En medio de este conflicto, vuelven a presentarse visiones entre los implicados. Una está orientada al mercado y a los beneficios (económicos) que este proyecto minero puede significar para la región y el departamento, los cuales están garantizados por el Estado mediante la explotación de una empresa transnacional. En esta misma perspectiva está la visión y acciones de cooperativistas que buscan explotar los recursos por su cuenta.

La otra visión está basada en las tradiciones de los pueblos indígenas y tiene que ver con la percepción comunitaria que prioriza derechos colectivos sobre tierras y recursos naturales, que exigen el derecho a ser consultados mediante procedimientos propios, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En este contexto, es necesario que el Gobierno promueva un diálogo abierto y de respeto entre los actores en conflicto y garantice la aplicación de lo que estipula la cpe: derecho a la consulta previa, que urgentemente requiere de Ley Marco.

*    Es miembro de CIPCA Cochabamba.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia