La Gaceta Jurídica

El censo y sus consecuencias

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 18 de octubre de 2013

Los resultados finales del censo del 2012 han originado una larga serie de protestas de distinto tipo, particularmente en los departamentos de Chuquisaca, Beni y Potosí, afectados por la disminución de escaños parlamentarios y de recursos normales. Pero, aquella forma de encarar las protestas nos ha colocado frente a una paradoja: se protesta contra los “resultados o consecuencias” del censo, pero no se lo hace, o al menos se lo hace en menor medida, contra el verdadero origen del problema, que es, precisamente, el mismo CENSO. Este último, ha sido tremendamente cuestionado por la forma en que se realizó.

Desde la difusión de los que fueron calificados de resultados oficiales finales, el censo dejó de tener credibilidad. Una serie de hechos sucedió para que ello ocurriera. Y es que el primer detalle estuvo referido a las diferencias, a veces notables, entre las que aparecieron como resultados preliminares, divulgados por el propio Presidente del Estado y, posteriormente, los que se denominaron “finales”.

En definitiva, que quizás hubiese sido más lógico y más justo poner en discusión, primeramente, los resultados del censo llamados “oficiales”, porque sí los mismos se toman como irrebatibles e indiscutibles o se dice que se aceptarán revisiones, pero nunca para cambiar los resultados ya divulgados, entonces, ¿cuáles serían los alcances de tales revisiones?

Frente a esta postura tan terminante del Gobierno y, particularmente, del Instituto Nacional de Estadística (ine), los departamentos más “afectados” o cuyas expectativas no quedaron satisfechas con los resultados finales alzaron el grito al cielo y, de entrada, pensando en las consecuencias, anunciaron “medidas de hecho”.

Habrá que admitir, empero, que tales “medidas”, a diferencia de otros casos, resultaban poco menos que ajenas al tema. ¿Cómo en concreto podrían cuestionarse RESULTADOS DE UN CENSO? ¿Cómo se propondrían sus propios cambios? O sea, finalmente, ¿cuáles acabarían siendo las medidas y/o alcances de los cambios? y ¿quién los definiría? Todavía podemos plantear varias interrogantes más. No era viable un esquema con semejantes alcances.

Pero, finalmente, los cuestionamientos a los resultados del censo no fueron ni siquiera escuchados para al menos abrir un debate franco sobre el tema. El Gobierno adoptó desde el principio una postura totalmente cerrada y acabó rápidamente con cualquier forma de discusión, es decir, los resultados quedaron definitivamente aprobados. A partir de ese hecho, aquéllos quedaban como los únicos con total validez legal y, por lo tanto, pasaba a ser el único esquema posible sobre el cual tenía obligadamente que desarrollarse todo lo que está previsto en la Constitución Política y las leyes. Y el Gobierno, como se veía venir, dispuso muy rápidamente la aplicación de los esquemas correspondientes.

El Órgano Electoral, comenzó su trabajo como si tuviera enorme prisa y acabó sorprendiendo a todos, aprobando sobre la base de los resultados de ese controvertido censo, la nueva distribución de escaños de la Cámara de Diputados, según el esquema establecido en el inciso V del artículo 146 de la Constitución Política del Estado (cpe). Lo anterior significó que el Órgano Electoral ni siquiera se planteó la posibilidad de, al menos, comenzar el análisis de esta temática mediante una visión integral que nos diera una perspectiva diferente y actualizada.

En efecto, consideremos inicialmente dos hechos relacionados entre sí.

Nadie entiende por qué en el inciso I del artículo 146 de la cpe se dice que la Cámara de Diputados deberá contar con un número “FIJO” de 130 componentes.

Peor si en el inciso V del mismo artículo el número de sus componentes tiene una relación directa con la población resultante del último Censo Nacional. ¿Es que se considera que la población, como elemento que conforma el Estado, es invariable? En este momento, 12 años después del censo anterior del 2001, nuestro país tiene algo más de 2 millones de crecimiento de población. ¿Ha influido este hecho en algo en el número de diputados? En nada. Sigue siendo de 130, porque para cambiarlo hay que modificar el texto constitucional.

Si se opta, como ha ocurrido ahora, por no hacer una forma parcial, sólo queda la opción reciente, hacer cambios de números de forma interna. Esto último implica, al final, quitar escaños a unos y dárselos a otros. Pero, en su mayoría, mantener el mismo número de escaños en los departamentos.

Se ha optado de esta manera por una solución que no ha sido la ideal y la más “técnica”, como se ha dicho, sino la que ha permitido simplemente salir del paso. O sea, la solución no ha tenido nada de técnica, sino que ha acabado siendo estrictamente política.

Pero hay un detalle que es todavía mucho más grave. Se habla de que uno de los propósitos básicos del Gobierno es impulsar el desarrollo económico-social y humanos de nuestros pueblos. Pero, ¿qué resulta al final en relación directa, precisamente, con los departamentos más pobres y menos desarrollados del país? Que se les castiga con menos recursos para aquél fin y menor representación en el Congreso.

Se dice que su aumento poblacional ha sido el más bajo. Y ¿qué se quería?, ¿que, encima de no tener parámetros de crecimiento, esos departamentos se constituyen en “polos de atracción para la gente”? Sabemos que más bien son lo contrario: expulsores de gente. Se “dice” que hay en Sucre como 50.000, potosinos, por ejemplo. ¿Escaparon sólo del clima? Otra simpleza en el tratamiento del tema, como todas las simplezas en las que se ha incurrido en el análisis y decisiones adoptadas. Que lo digan el ine, el Órgano Electoral y el Congreso.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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