La Gaceta Jurídica

El censo y el número de asambleístas

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 08 de febrero de 2013

Ya antes de la realización del censo nacional de 2012, se adelantó que sobre sus resultados habría, fundamentalmente, dos primeros efectos. Uno referido a la redistribución de los ingresos departamentales y, el otro, relativo a la recomposición numérica por departamento en la Cámara de Diputados de Asamblea Legislativa Plurinacional.

Analizamos este último tema porque, tras al anuncio de los primeros resultados generales del censo, parecería, al menos dentro del Tribunal Nacional Electoral, que han surgido temores para tratar el tema, se dice esto porque ningún departamento querrá perder un solo escaño.

Pensamos que si antes del censo la regla era que de sus resultados dependería el aumento o disminución –en su caso– de curules por departamento, sería irracional que, realizado el mismo, se desconozcan sus resultados.

Pero, además, el artículo 57 de la Ley del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010, dice que (III): “La distribución de escaños, será modificada por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, DESPUÉS DE UN NUEVO CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN”.

No obstante, el tema no es tan simple, porque los parámetros que sirvieron de base para determinar la actual composición de la Cámara de Diputados (dividida en uninominales y plurinacionales) nunca fueron muy claros y, en buena parte, resultaron caprichosos.

De otra forma, nos preguntamos, ¿por qué el número mayor de escaños (29) se adjudicó el departamento de La Paz? Hasta ese momento es cierto que se trataba del departamento más poblado. Pero, ¿por qué 29 y no 27 o 31? Y, ¿por qué en el otro extremo, cinco a Pando? Era y sigue siendo el menos poblado, pero, ¿por qué cinco y no tres o seis?

Por otra parte, el tema puntual de la población en nuestro país se complica al extremo por el hecho de que alrededor del 70 por ciento de esta se concentra en los llamados departamentos del “eje central”, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ahora en ese orden.

Por lo tanto, si aplicásemos directamente esa proporcionalidad en relación al número total de 130 diputados (artículo 146) de la Constitución Política del Estado (cpe) esos tres departamentos, deberían sumar más de 90 diputados. De este modo, resulta imposible aplicar una relación directa entre población departamental y número de escaños en la Cámara Baja.

El inciso V del citado artículo 146 añade que, además del número de habitantes señalado en el último censo nacional, “por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico”.

No existe, consiguientemente, ningún argumento, para negarse a una redistribución del número de escaños por departamento en la Cámara de Diputados. La Ley del Régimen Electoral dice que la distribución de escaños SERÁ MODIFICADA POR LEY, después de un nuevo Censo Nacional de Población, no dice “podrá ser”, su texto es imperativo.

Por consiguiente, el único escollo que existiría en este momento para una redistribución de escaños sería el texto constitucional. Es obvio que con los resultados generales del censo del año pasado ha de ser inevitable un incremento en el número de diputados. Este hecho, teniendo en cuenta la normativa citada, es inevitable: ese número está directamente relacionado con el que corresponde a diputados.

Aunque el incremento poblacional del país no ha sido muy grande, igual existe. Además, esa asimetría que apuntábamos en cuanto a la distribución poblacional por departamentos no ha variado y, por el contrario, se ha mantenido casi inalterable. Peor todavía, se ha destacado otro factor como resultado del censo.

El crecimiento poblacional ha sido tremendamente diferenciado en unos departamentos a otros. En efecto, Pando ha crecido poblacionalmente el 108 por ciento, aunque en cifras absolutas su población sigue siendo muy pequeña. Asimismo, el departamento de Santa Cruz ha crecido en el porcentaje del 37% (el más alto de todos); Cochabamba el 33% y Tarija el 30%. Todos los demás han tenido crecimiento poblacional inferior al 20% hasta el 13% de Potosí y Chuquisaca.

Son, por tanto, esos parámetros los que tendrán que tenerse en cuenta al definir la redistribución de los escaños en Diputados. Y añadimos que todos los que aumenten deberán reformar el número de diputados uninominales por razones de un mejor y más eficiente ejercicio de la democracia.

Pero, habrá que señalar, además, el tema de la burocracia dentro de la administración pública. Si es necesario –y lo creemos así– aumentar el número, que se lo haga en forma racional y sin ninguna exageración.

Lo anterior supone previamente reformar el texto constitucional vigente, que cometió el error de indicar el número de diputados (130). Habrá que aplicar lo dispuesto en el artículo 411.II de la cpe. El tema, por tanto, tampoco podrá estar resuelto con tanta rapidez ni con tanta facilidad como se supone.

Nos permitimos adelantar lo que podría ser en aplicación del censo 2012, la nueva distribución vendría a ser ésta: Santa Cruz, 30 (+5); La Paz, 29 (igual); Cochabamba, 22 (+3); Potosí, 13 (-1); Chuquisaca, 11 (igual); Tarija, 10 (+1); Beni y Oruro, 9 cada uno (iguales), y Pando, 5 (igual). Un total de 138 diputados, de los que 69 serían plurinacionales y los otros 69 uninominales.

Todo lo anterior está al margen de las seis circunscripciones que se determinaron respecto a las diputaciones de pueblos indígenas minoritarios, que entendemos que también podrá ser objeto de una revisión. Su determinación actual ya fue objeto de muchas críticas.

Es abogado, ensayista y analista constitucional.

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