La Gaceta Jurídica

La columna que nace hoy

La Defensora del Litigante

Foto: Ximena Guzmán

Foto: Ximena Guzmán

La Gaceta Jurídica / Ximena Guzmán Pinilla

00:00 / 19 de abril de 2013

Estamos sedientos de justicia y, salvo excepciones, no sabemos dónde acudir ni cómo proceder para llegar a ella.

De acuerdo a la nueva Constitución, el Estado debe garantizar “el derecho al debido proceso, a  la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, además, la  jurisdicción ordinaria está fundamentada en los principios procesales de “gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.  Estos anunciados suenan interesantes, pero, ¿serán una realidad?

En problemas internacionales como los que tramita el Estado, llevamos años escuchando las mismas demandas que no avanzan: el enclaustramiento marítimo o las aguas del Silala, por ejemplo. En procesos de Derecho Público estamos cada día más sorprendidos con las redes de corrupción en las que se involucra, precisamente, a autoridades judiciales y  operadores de justicia. Pero, tal vez, lo que más sufren los ciudadanos de a pie son aquellos procesos que le afectan directamente y con cuya vivencia se preguntan si el texto constitucional que anunciamos ¿no es mera retórica?

Para ser elementales, y en el caso de Santa Cruz, sólo  ingresar al edificio del Tribunal Superior de Justicia es desconcertante. No existen letreros que indiquen pisos, juzgados y menos nombres de las autoridades a cargo. No puede ser que el público tenga que descubrir dónde tiene que dirigirse, subiendo y bajando escaleras de dieciocho niveles.

Existen dos ascensores para miles de personas, entre litigantes, abogados, detenidos, policías, fiscales, funcionarios, estudiantes  y periodistas, que acuden diariamente.

Por si fuera poco, no hay ventanillas de información y uno tiene que recurrir a los guardias para consultar, distrayendo su labor que debería ser estrictamente de seguridad.

Las oficinas del Ministerio Público, al frente de la Policía, son peores, espacios de 2 x 2 m para cada fiscal, corredores angostos, ninguna señalización y bastante soberbia de los funcionarios. Con estos ejemplos cabe cuestionar, ¿cómo podrá afectarse la gente cuando queda inmersa en un proceso judicial? Los abogados hacen de lazarillos, pero, antes de contratar sus servicios, las personas no tienen noción de cómo empezar y no se imaginan lo que les espera.

“Mi marido me ha pegado y me he escapado de la casa con mis dos hijos pequeños”, dijo una señora a una mujer policía de la Brigada de Protección a la Familia en la populosa zona Pampa de la Isla de Santa Cruz, a las 11 de la noche de un sábado. La policía se negó a atenderla porque el hecho ocurrió en una zona límite que correspondía a otra jurisdicción. ¿No suena ilógico que una mujer, con señales visibles de haber sido sometida a violencia física, no pueda sentar su denuncia?

Esta señora ya hizo mucho tomando valor para zafarse de su agresor, agarrar a sus niños y dirigirse al puesto policial más próximo. Quienes viven en esta ciudad saben que por esos barrios no hay transporte de colectivos pasadas las nueve de la noche y que la policía no va a acudir a llamados por teléfono; además, en asuntos de violencia, ni esta mujer ni ninguna otra persona estarían en condiciones de “planificar” su  huida. No atenderla en las oficinas de Pampa de la Isla fue exponerla a mayor riesgo, puesto que la señora, cargando a sus hijos a media noche, tuvo que dirigirse por sus propios medios al Municipio de Cotoca a buscar ayuda.

A la fémina de la Brigada de supuesta protección a la familia no le costaba nada llamar al 110 y derivar a la agredida a dónde correspondía. Frente a esta muestra real y cotidiana, cualquier spot televisivo de “denuncia el maltrato” es un “hazme reír”.

“Me deben un dinero y el tipo al que le presté se fue del país. Ya no haré nada hasta que vuelva”, dijo otro afectado. Los delitos tienen prescripción y, si uno no realiza la acción judicial oportuna, perderá su derecho de reclamo. En otro caso, María, una madre de familia, fue engañada en la compra de una casa cuyo dueño la vendió a varias personas, figura tipificada como estelionato.

Ella está convencida de que no puede realizar ninguna acción legal porque la persona que la estafó permanece en la cárcel de Palmasola, detenida por otro delito. Por supuesto que María puede demandar y el encierro del acusado permitiría, incluso, garantizar la recepción de la citación y las notificaciones por este nuevo juicio, que no está impedido de tramitarse.

Uno de los casos más bullados de este tiempo fue el asesinato de una colega periodista por su marido, un oficial de policía. Carlos Valverde Bravo decía en uno de sus comentarios que si Hanalí no hubiese sido trabajadora de prensa y su esposo policía, el caso se hubiese diluido en el anonimato, como muchos otros. Eso es cierto, pero, además, fue un caso mal orientado. En procedimientos de violencia extrema como la que vivió la pareja durante seis años, la acusación pudo truncarse a pesar de las 14 denuncias realizadas a la policía y que, supuestamente, no recibieron atención.

Dada la delicadeza de la trama, ¿no existen acaso otras instancias a las cuales se pudo acudir? Por una parte, la Ley Orgánica de la Policía y su Régimen Disciplinario señalan que sus efectivos no pueden quedar inmersos bajo sanción en hechos que dañen la moral y las buenas costumbres de la sociedad; también dice que los delitos cometidos por sus miembros serán juzgados por tribunales competentes. La discriminación y el hostigamiento por los que acusó Hanalí Huaycho al oficial Jorge Clavijo salen de la competencia del Tribunal Disciplina- rio Superior, mucho más el encerrar a la periodista y a su bebé en un vehículo, habiendo rociado en su interior gas lacrimógeno o el haber ocasionado intencionalmente un desperfecto en el sistema de frenos de su automóvil.

Estas figuras penales debieron haber sido promovidas por la víctima a través de su abogado ante el Ministerio Público  para que éste derive el caso a tribunales. Los pedidos de “baja” de la institución del orden para el agresor no eran una sanción para las transgresiones cometidas y mal podría una instancia como el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía o su Comandante General disponer penas  que le competen sólo al Órgano Judicial, peor aún si el matrimonio convivía a pesar de denuncias de una y otra parte.

En otros ámbitos en los que el público está totalmente vulnerable son las oficinas de Derechos Reales, donde los trámites duran hasta seis meses. Las filas son interminables y los tickets para la atención se venden al mejor postor. Lo mismo sucede en el Registro Civil, dependencias a las que uno debe acudir dos o tres veces de madrugada si quiere obtener una ficha. Es irrisorio que para las personas nacidas en el interior se extiendan solamente 50 cupos al día, a las cinco de la mañana esos puestos ya tienen dueño. Ni qué hablar del Plan Regulador y Catastro, a las que se ha calificado ya no como oficinas, sino como salas de tortura para los contribuyentes

El espíritu de esta columna a la que he denominado La Defensora del Litigante será el de exponer con casos verídicos sobre qué hacer y dónde acudir en necesidad. Estos escritos son resultado de entrevistas periodísticas a especialistas del derecho y del contacto con ciudadanos que enfrentan conflictos legales.

Es periodista (facebook.com/ladefensora.dellitigante).

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