La Gaceta Jurídica

“La comunidad de gananciales y la disposición de bienes”

Tribuna jurídica

La Gaceta Jurídica / Orlando Parada Vaca

00:00 / 13 de diciembre de 2011

Es muy común que, antes o durante un proceso de divorcio, los cónyuges arriben a acuerdos respecto de los bienes comunes, o sea, aquellos que fueron adquiridos durante el matrimonio. Cualquiera de las partes, marido o mujer, puede presentar este acuerdo ante el juez familiar pidiendo su homologación.

La mayoría de los jueces de familia rechaza esos acuerdos extrajudiciales cuando, en su criterio, el trato es desigual, otorgándosele a uno más bienes que al otro, interpretando que el artículo 102 del Código de Familia (cf) prohíbe de manera expresa la renuncia o modificación de la comunidad de gananciales; norma relacionada con el artículo 5 del mismo compilado que eleva a la categoría de orden público las normas de familia prohibiendo que puedan ser renunciadas bajo pena de nulidad. No podrá acordarse, por tanto, que durante la vigencia del matrimonio uno de los cónyuges tenga una participación mayor que el otro en los bienes que se adquieran estando vigente la comunidad ganancialicia.

El Estado protege la institución matrimonial, la familia y la maternidad (artículos 62 al 66 cpe); protección que abarca todas las relaciones que se producen en el seno del matrimonio y la familia, entre las que se encuentran los bienes sometidos a la comunidad de gananciales, o sea, los adquiridos durante la vigencia del matrimonio.

Por disposición del artículo 101 cf, el matrimonio constituye entre los cónyuges, desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, las ganancias o los beneficios obtenidos durante su vigencia.

Por otro lado, el artículo 123 cf determina las causas que provocan la terminación de esa comunidad y entre ellas están: 1) la muerte de uno de los cónyuges; 2) por la anulación del matrimonio; 3) por el divorcio y la separación de los esposos; y 4) por la separación judicial de bienes, en los casos que procede. Por disposición del artículo 126 cf, en virtud de la separación, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes.

De las normas citadas se puede inferir que, la comunidad de gananciales tiene vigencia desde el matrimonio (formal o de hecho) y hasta la separación o divorcio de los cónyuges. Antes del matrimonio y al quedar disuelto éste, las relaciones patrimoniales están regidas por las normas que regulan las relaciones jurídicas entre particulares (Código Civil, Código de Comercio, etc.), sin que pueda interferir el Estado, salvo violaciones de valores y normas que hacen al orden público, como la familia por ejemplo.

Así parece entenderlo la Corte Suprema que, en el Auto Supremo Nº 148 de 22-03-07 expresa:

“Bajo este marco normativo, se infiere que el acuerdo transaccional o capitulación matrimonial al que pudieran arribar los esposos en litigio respecto de los bienes gananciales, basados en la autonomía de la voluntad y la permisión que otorga el artículo 519 del Código Civil, puede ser homologado en la vía judicial en tanto y en cuanto en la sustanciación del proceso, ambos expresen su conformidad con dicho acuerdo, sin que se suscite controversia alguna al respecto, resolviendo de esta manera la cuestión de división y partición de los bienes gananciales”.

Sin embargo, en ese mismo Auto la Corte Suprema coloca ingredientes que parecen contradecir lo aseverado anteriormente, cuando agrega:“Empero, a contrario sensu, se entiende que no obstante la existencia de una capitulación matrimonial o acuerdo transaccional en el que los esposos en litigio expresaron libremente su voluntad, por imperio de la ley, se puede determinar la nulidad de dicho documento, por ende sin lugar a la homologación judicial, cuando una de las partes contendientes manifieste su disconformidad con dicho acuerdo, así este se halle revestido de formalidades legales como el reconocimiento de firmas y rúbricas o se hubiese otorgado en instrumento público notarial, condiciones que no tienen relevancia cuando se considera que en materia familiar, la disposición de bienes gananciales debe estar sujeta a lo establecido por los artículos 5 y 102 del Código de Familia, entre otros”.

A nuestro parecer, la regulación familiar de la comunidad de gananciales y su prohibición de renuncia o modificación rige, únicamente, durante su vigencia lo que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, los bienes adquiridos durante el matrimonio. Antes y después del matrimonio, los bienes les pertenecen a los contrayentes en calidad de particulares y, por tanto, están fuera de la protección que brinda el Estado al matrimonio y la familia.

Decretada la separación y, por ende, terminada la comunidad ganancialicia, la relación patrimonial de los cónyuges se rige por la autonomía de la voluntad, pudiendo cada uno disponer de lo que es suyo como mejor convenga a sus intereses. Pactado un acuerdo entre esposos, después de decretada la separación formal, éste debería ser respetado y homologado por los jueces ante quienes se presente.

La comunidad de gananciales que se constituye por el matrimonio se disuelve con la sentencia de divorcio que adquiere calidad de cosa juzgada (artículo 141 cf). Pero, en cuanto a los bienes, los efectos de esa sentencia de divorcio se retrotraen al día en que se decretó la separación provisional de los mismos (Artículo 142 cf); resolución que, por lo general, se emite a tiempo de admitir la demanda de divorcio pero, en general, antes de la sentencia sobre el divorcio. Ello implica que, desde la ejecutoria de la resolución de separación, se termina la comunidad de gananciales.

Fuera del matrimonio y sus efectos jurídicos, las relaciones entre particulares se regulan por las normas del Código Civil, cuerpo legal que privilegia la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes en un contrato, el virtud de lo cual debe respetarse el principio dispositivo que rige respecto a los bienes de los particulares (artículos 454 y 519 cc). Pero esa libertad contractual tiene límites impuestos por el legislador, que tienen que ver con los valores supremos de la sociedad y el Estado y los intereses dignos de protección jurídica (artículo 454-II cc). Entre esas limitaciones está, por ejemplo, el acordar la tenencia de los hijos a favor de uno de los cónyuges a cambio de una compensación económica.

A modo de resumen es posible afirmar que, nada impide a los cónyuges disponer de sus bienes, incluidos aquellos generados durante el matrimonio y la comunidad ganancialicia, de manera que mejor les parezca y les convenga sin que el Estado les pueda coartar o limitar el libre ejercicio de ese derecho, cuando la comunidad de gananciales ha terminado, situación a la que se llega cuando se ejecutoria la resolución judicial de la separación.

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