La Gaceta Jurídica

El caso de las comunidades cautivas guaraníes en el Chaco chuquisaqueño

(Parte final)

Ian Miranda Sánchez

00:00 / 29 de julio de 2014

Informe del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

Bolivia solicitó, en el séptimo periodo del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la intervención de una misión que verifique las denuncias de prácticas de trabajo forzoso y servidumbre en comunidades guaraníes. La misión contó con la participación de organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (oit), la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (fao), los trabajos de campo se realizaron entre abril y mayo de 2009.

La misión constató la existencia de trabajo forzoso de hombres y mujeres, sometidos a servidumbre y endeudamiento hacia sus hacendados. Esto se relaciona con la dificultad de acceso a tierras por parte del Pueblo Guaraní, generando trabajo forzoso, aunque el Gobierno ha gestionado la implementación de políticas que permitan la reversión de tierras a favor de las comunidades guaraníes del Chaco. Las condiciones laborales, de acuerdo a la misión, son desiguales entre hombres y mujeres (1).

Según el informe, las mujeres perciben salarios más bajos. Además, se comprobó maltratos físicos y violencia de los hacendados contra sus trabajadores. Se evidenció trabajo servil de menores de edad. Siendo que Bolivia ha fijado como edad mínima de trabajo los 14 años, la situación en el Chaco es contraria, inter alia, la misión observó escasa educación primaria y secundaria, abuso sexual a niñas guaraníes y trabajo no remunerado a menores de edad.

Se comprobó la dificultad de libre asociación de indígenas guaraníes a la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg), puesto que los hacendados consideran estas asociaciones como traición de los trabajadores: La misión recibió informes sobre numerosas violaciones tanto de libertad de asociación como de circulación (2). Ante la frágil institucionalidad se evidenció la falta de imparcialidad en los sistemas administrativo y judicial, los cuales benefician a los hacendados.

La débil presencia del Estado permitió la poca celeridad en el desarrollo del Plan Interministerial Transitorio (pit). La cadena de problemas se enlaza con las autoridades políticas (quienes obstaculizaron el desarrollo del pit), la escasa presencia del Tribunal Agrario (actual Tribunal Agroambiental) y la reducida presencia del gobierno nacional en el Chaco.

Recomendaciones del Foro de la ONU (3)

El 2009, el foro emitió recomendaciones concernientes a la situación del Pueblo Guaraní en el Chaco boliviano. Este documento es considerado importante porque cimienta algunas bases para erradicar las condiciones de servidumbre y trabajo forzoso contra las familias guaraníes.

Consentimiento previo, libre e informado

Bolivia, a través de los gobiernos nacional, departamentales y locales, debe adoptar planes de acción para acabar con las prácticas de trabajo forzoso y discriminación de los pueblos indígenas. Asimismo, aplicar las recomendaciones del foro, previo consentimiento e información a los pueblos indígenas. De acuerdo al foro, corresponde a los gobiernos departamentales y locales ajustar sus estatutos autonómicos al régimen constitucional, teniendo en cuenta la erradicación de todo trabajo forzoso. La elaboración del Plan Nacional y Estatutos Autonómicos convendría en aplicarse bajo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

Fortalecimiento institucional

Es menester fortalecer la presencia de instituciones gubernamentales en zonas afectadas por las prácticas de trabajo forzoso (4). Para contar con la presencia institucional, incumbiría al Estado asegurar recursos humanos y económicos resguardando la seguridad física de las y los trabajadores encargados de las regionales de trabajo o miembros de ong en zonas donde exista trabajo forzoso.

El Estado “debe garantizar que los miembros de las fuerzas armadas, la policía, los fiscales y los jueces del Chaco reciben capacitación en materia de derechos humanos (…) Los organismos locales de las Naciones Unidas deben ofrecer apoyo técnico y capacitación en esta materia” (5).

Sobre el cumplimiento de la ley, la misión recomendó resguardar la integralidad del sistema judicial mediante la garantía de aplicación de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

La misión recomienda iniciar acciones penales y aplicar sanciones a las personas que amanecen la libre asociación de indígenas a la apg, ya que contraviene el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  “toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas”.Financiación y reforma agraria

El gobierno nacional, de acuerdo al foro, debe transferir recursos a organizaciones e instituciones indígenas en el marco del pit. Los planes y proyectos a realizarse deberían ser efectuados entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), en coordinación con el Pueblo Guaraní. Se recomienda celeridad en los procesos de saneamiento, concesión de tierras y redistribución de la tierra a los pueblos indígenas. El financiamiento y apoyo podría ser solicitado al Banco Mundial, onu o fao. La reforma agraria deberá sujetarse a programas que garanticen programas de desarrollo para el acceso al agua, alimentación y educación.

PIT, desarrollo y cooperación internacional

Hasta que los pueblos indígenas no consoliden sus autonomías, es responsabilidad del gobierno nacional y los departamentales aplicar políticas de desarrollo en las comunidades indígenas. Se deberá garantizar la salud, educación y seguridad social, de acuerdo al marco competencial dispuesto en la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009, también se podrá contar con apoyo técnico y financiero de la onu para garantizar seguridad alimentaria.

La participación de agrupaciones indígenas debe ser garantizada, incluso en la evaluación de los logros propuestos por el pit y otros planes. Considerando que Bolivia y Paraguay comparten relaciones culturales en cuanto al Pueblo Guaraní, el foro exhortó la celebración de acuerdos y programas transfronterizos para la protección de los pueblos indígenas en el Chaco. De esta manera se trabajaría en forma conjunta en la erradicación del trabajo forzoso, además de acoger acciones extraterritoriales cuando emigrantes bolivianos lo soliciten en soberanía paraguaya.

Estos acuerdos bilaterales podrán celebrarse conforme al consentimiento de los pueblos indígenas del Chaco.

Participación, diálogo social y fin de la discriminación

El gobierno “debe promover un diálogo entre las partes envueltas en conflictos laborales y de propiedad que incluya a organizaciones patronales y sindicales. Un objetivo primordial de dicho diálogo debe ser la mejora de la situación de los pueblos Guaraníes de la región del Chaco” (6). Respecto a la discriminación contra los indígenas, el foro exhortó la adopción de medidas contra la discriminación y reformar las condiciones de acceso a Registro Civil, sin desplazamientos a núcleos urbanos.

Informe de la CIDH, 2007 (7)

La cidh visitó in loco a invitación del gobierno de Bolivia para observar la situación de los derechos humanos. La Comisión observó que “(…) el contexto político y social de los últimos años, caracterizado por la fragilidad institucional y la persistencia de los conflictos sociales, ha dificultado el diseño e implementación de medidas tendientes a superar dichos problemas, principalmente la falta de acceso a la justicia y la exclusión social” (8). Debemos comprender que, al momento de la visita (12 y 17 de noviembre de 2006), Bolivia afrontaba convulsiones político-sociales (9).

La Comisión, analizando el contexto indígena del país, tomó en consideración la promulgación de la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria. Por otra parte, se observó que el diseño y ejecución de explotación de recursos naturales se realiza sin la participación de pueblos indígenas sin proceder a una consulta previa, libre e informada.

Se pudo observar, con preocupación, las condiciones de servidumbre y trabajo forzoso con las familias guaraníes. Se estimó que 600 familias del Chaco son sometidas a sistemas análogos a la esclavitud, debido a la falta plena de reconstitución territorial y presencia del Estado. En la misión se tomó en cuenta la situación de servidumbre y trabajo forzoso con los pueblos indígenas, la cidh mencionó que “(…) la gravedad de esta situación se ve exacerbada por la falta de respuesta estatal tanto en las instancias administrativas como judiciales, así como por la ausencia de políticas integrales dirigidas a solucionar la problemática con toda la complejidad que ella comporta” (10).

Los agentes de la cidh confirmaron la existencia de prestaciones de trabajo remuneradas deficientemente; por ende, ante la falta de necesidades básicas de subsistencia, los trabajadores se endeudan con sus patrones “por la provisión de víveres, ropa y otros productos, que puede ser vitalicia e incluso heredarse” (11); los hacendados niegan tales condiciones, incluso las consideran superadas, situación contraria a la realidad por la existencia de servidumbre y castigos físicos contra los trabajadores. Otra de las preocupaciones es la tenencia de tierras de los hacendados, debido a la subdivisión y sucesión hereditaria entre familiares de hacendados, siendo que las familias guaraníes no consolidan sus tierras ancestrales.

A diferencia de informes de otros organismos, la cidh es crítica respecto a la operatividad de funcionarios públicos en el Chaco boliviano. Ésta situación se presenta por el incumplimiento o transgresión de las normativas relativas a derechos humanos y en otras circunstancias la situación es adversa por la ausencia del Estado en la región.

Recomendaciones de la CIDH, 2007

La cidh emitió recomendaciones muy reducidas en cuanto a las condiciones de trabajo del Pueblo Guaraní, debido a los diferentes ejes que consideró la misión. Se recomendó priorizar los planes y proyectos para eliminar las relaciones de servidumbre y trabajo forzoso. Por otro lado, se consideró necesario fortalecer el proceso de titulación de tierras a pueblos indígenas. Asimismo, se solicitó la elaboración de un diagnóstico que identifique a todas las familias sometidas a servidumbre, identificando a los actores y considerando las fallas en las distintas instancias gubernamentales.

Informe de la CIDH, 2009 (12)

La cidh publicó, el 25 de abril de 2008, un comunicado manifestando la deplorable situación de las comunidades cautivas en Bolivia (13). Señaló que el Estado de Bolivia está obligado a tomar medidas que erradiquen las condiciones de servidumbre en el Chaco, además de cumplir con el proceso de titulación de tierras a los pueblos indígenas. De la misma forma, se exhortó al gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se resguarde el respeto a los derechos humanos (14).

Debido a las denuncias del Pueblo Guaraní, el 11 de marzo de 2008, durante el 131 Periodo Ordinario de Sesiones de la cidh, se estableció una audiencia sobre el estado de las comunidades cautivas del Pueblo Guaraní en el Chaco boliviano. Los peticionarios fueron Justo Molina, representante del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (ccch); Leonardo Tamburini, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (cejis); Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil). Por parte del Estado Reynaldo Cuadros Ayana, representante permanente de la oea, y Alejando Almaraz, viceministro de Tierras. Además, Liz Patricia Mejía, relatora de la cidh para Bolivia.

Los peticionarios presentaron información sobre las violaciones a los derechos humanos de las familias cautivas, dirigentes indígenas y representantes legales. A raíz de la audiencia, se efectuó un compromiso signado por los peticionarios y los representantes del gobierno de Bolivia (15), puesto que “este fenómeno, conocido como ‘comunidades cautivas’ representa indudablemente formas contemporáneas de esclavitud que deben ser erradicadas de manera inmediata” (16).

Se constató la existencia de violencia física por parte de los hacendados, con una postura paternalista frente a sus trabajadores; el pago ínfimo de jornales; división de labores por estereotipos de género (dando a lugar una inequidad de pagos y distinto trato laboral) y trabajo infantil (17). Por consecuencia de la servidumbre laboral, se evidenció el escaso acceso a educación y la pérdida paulatina de usos y costumbres de las familias guaraníes.

La libre asociación, de acuerdo a las entrevistas, se ve coartada por los hacendados, quienes buscan impedirla. Igualmente, los hacendados toman represalias como despido/expulsión de trabajadores, inhabilitándoles la oportunidad de trabajar en otras haciendas. El Estado boliviano, según la misión, debería cumplir con el acceso a la propiedad al Pueblo Guaraní, cumpliendo con el artículo 14 de la Convención 169 de la oit, donde “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (...)” (18); el acceso a tierras (propiedad) deberá ser otorgado colectivamente. Referente al acceso a la justicia, la misión consideró que se debe adoptar procedimientos justos y equitativos con los guaraníes, tomando en cuenta las normas y procedimientos propios de esta nación.

Recomendaciones de la CIDH, 2009

Bolivia, al ser un Estado soberano, está obligada a cumplir la normativa internacional sobre derechos humanos. El cumplimiento de tales disposiciones es inexcusable, ante el incumplimiento cualquier Estado es pasible de sanciones punibles por la Comunidad Internacional. El gobierno, por su inobservancia con el Pueblo Guaraní, no puede invocar a disposiciones internas, como justificación por el incumplimiento de un tratado (19); en este caso, la erradicación de las formas análogas a la esclavitud.

La cidh considera importante no sólo erradicar las relaciones de servidumbre, sino reconstituir el territorio guaraní. Se debería asumir la responsabilidad de asumir medidas integrales por parte de los tres niveles de gobierno para permitir un acceso a la educación, salud y vivienda en los territorios guaraníes. A su vez, el Estado es responsable de asegurar las medidas para la reconstitución del territorio guaraní, como el saneamiento, expropiación y reversión de tierras.

La dotación de tierras debe resguardar la subsistencia de las familias, garantizando el acceso a los recursos naturales que puedan disponer. La misión sugiere que se investigue y sancione a las personas que continúen aplicando sistemas de servidumbre y de trabajo forzoso. Para esto, se deberá fortalecer la estructura judicial articulando la jurisdicción penal con la agraria, dando celeridad en las etapas investigativas y procesales. Se insta al estricto cumplimiento de las leyes laborales, relativas a las jornadas.

En cuanto al acceso a la justicia, la cidh sugiere la adopción de políticas y leyes eficaces para la reivindicación territorial guaraní. El Estado debe fortalecer su institucionalidad, asegurando la presencia de autoridades laborales en la región del Chaco y asegurar el acceso gratuito a la asistencia jurídica.

Consideraciones finales

La situación del Pueblo Guaraní fue estudiada con detenimiento por las misiones, llegando a conclusiones y recomendaciones similares, verbigracia: reconstitución territorial, presencia institucional del Estado, desarrollo de las disposiciones del pit y elaboración de una agenda legislativa, entre otros.

Aunque se presentan retrocesos como la promulgación de la Ley Nº 429 del 31 de octubre de 2013, la cual amplía por 4 años los procesos de saneamiento, dificultando la reconstitución territorial demandada tiempo atrás por pueblos indígenas, y la deficiente labor del Estado en la defensa de los derechos humanos en el Chaco.

Las intervenciones de los organismos, desde 2004, develó la deplorable situación de los guaraníes, evidenciándose la violación sistemática y persistente de los derechos humanos. La violación sistemática se instituía con la presencia de hacendados en instituciones públicas, en los gobiernos locales y departamentales; y persistente por la perennidad del problema, más de un siglo desde la batalla de Kuruyuki.

Siendo que la soberanía comprende la totalidad del territorio de un Estado, la garantía y defensa de los derechos fundamentales por parte de los gobiernos fue deplorable debido a su ausencia. En consideración a los informes de los organismos internacionales, hay que aclarar que no son vinculantes ni obligatorios ante la

Comunidad Internacional, por no ser instrumentos de carácter ius cogens. No obstante, sentaron pautas para la elaboración de nuevas políticas que prevengan relaciones de servidumbre y de trabajo forzoso en el Chaco, como en el resto del país.

Por tanto, es obligación del Estado garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos, aplicando las disposiciones de los tratados internacionales ratificados.

En consideración a las recomendaciones, es obligación axiológica gestionar políticas que prevengan situaciones como las acaecidas con el Pueblo Guaraní, sin olvidar las disposiciones especiales, como la Convención Nº 169 de la oit que considera que “los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas” (20).

Futuros gobiernos deben asegurar las garantías necesarias para evitar la existencia de comunidades cautivas, sometidas a servidumbre por deudas y trabajos forzosos.

Notas

1. “Trabajábamos de 6 de la madrugada a 6 de la noche. No teníamos ni un día de descanso (…). No había escuela, los niños mayores cuidaban de los pequeños si no se iban con la mamá al campo. Las mujeres no cobraban. Nunca hemos podido quejarnos hasta ahora, los dueños nos amenazaban”. Entrevista a hombre guaraní, en ONU. Foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas: Misión Bolivia, Informe y Recomendaciones. La Paz (2010): Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. PDG Impresiones, 25.

2. ONU. Foro permanente Informe y Recomendaciones, cit., 28.

3. Ídem, cit. 35-45.

4. Ídem, cit., 36.

5. Ídem, cit., 38.

6. Ídem, cit., 43.

7. CIDH. Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. OEA/Ser. L/V/ II. Doc. 34. Washington DC (2007), OEA.

8. Ídem, cit., VII, párr. 3.

9. Tres hitos de convulsión social marcaron el año 2006, la conformación de la Asamblea Constituyente (agosto), el conflicto minero de Huanuni (octubre) y el Cabildo del Millón (diciembre).

10. Ídem, cit., XI-XII, párr. 25.

11. Ídem, cit., 78, párr. 259.

12. CIDH. Comunidades Cautivas: situación del pueblo guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia.OEA/Ser. L/V/II. Doc. 34. Washington DC (2009), OEA.

13. CIDH. Comunicado de prensa, Nº 17/08: CIDH deplora situación de comunidades cautivas en Bolivia. Washington, D.C.: OEA, 25/04/2008.

14. “La CIDH también ha tomado conocimiento de que se registraron hechos de violencia en zonas aledañas a las tierras que están en proceso de saneamiento. La Comisión fue informada sobre hechos de violencia en donde resultaron heridas numerosas personas en la noche del 13 de abril de este año en la Provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz. Asimismo, la Comisión Interamericana recibió información de que dos periodistas fueron agredidos físicamente y retenidos durante horas, mientras que dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní informaron haber recibido amenazas de muerte”. CIDH. Comunicado de prensa, Nº 17/08.

15. “a. Que el Estado boliviano adopte las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de todas las familias guaraníes que viven todavía en las haciendas, sus dirigentes y asesores quienes acompañan el proceso de implementación del plan de liberación del pueblo guaraní; b. (…) que la Comisionada Luz Patricia Mejía, Relatora para Bolivia y el Comisionado Víctor Abramovich, Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, realicen una visita a Bolivia en el plazo más corto posible con el objetivo de constatar (…) los hechos denunciados que amenazan el proceso de reforma agraria y la seguridad de las familias cautivas del pueblo guaraní. En este acto los representantes del Estado formalizan la invitación oficial a la Comisión Interamericana; c. Que el Estado mantenga informada a la Comisión Interamericana en forma periódica sobre las medidas adoptadas y los avances logrados dentro del proceso de reconstitución territorial del Pueblo Guaraní; d. Que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que el Tribunal Agrario Nacional resuelva en forma expedita las acciones interpuestas relacionadas al proceso guaraní, radicados en esa sede”. OEA. Acta de compromiso: Audiencia sobre Comunidades Cautivas 2/4/2008-SM-5001725. Washington, D.C. (2008): OEA.

16. CIDH. Comunidades Cautivas: situación del pueblo guaraní, cit.

17. “Estos niños, si están en edad escolar, pueden asistir a la escuela; pero en horas de la tarde trabajan junto a sus padres cumpliendo algunas labores. Por ejemplo, se les asigna dos o tres surcos para cosechar maní y por ese trabajo se les reconoce con un kilo de arroz, azúcar o útiles escolares (hacienda Tacurbite de Jaime Quintana)”. Ministerio de Justicia, Defensor del Pueblo, Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca. Quiero ser libre, sin dueño, cit., 49.

18. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. UN Doc A/CONF. 39/27 (1969). Artículo 14.1.

19. Ídem, artículo 27.

20. Art. 20 c) del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Es investigador en la Oficina Regional Santa Cruz del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

Tomado de: Revista Boliviana de Derecho, N° 18, julio 2014.

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