La Gaceta Jurídica

La conciencia en la justicia laboral

Recientemente se ha hablado de la objeción de conciencia, si bien no es algo nuevo, hace poco se la considera un verdadero derecho humano.

Foto: latarde.com.mx

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Ángel Javier Casas Ramos

00:00 / 22 de mayo de 2016

Cuando hablamos de conciencia es común relacionarla desde un punto de vista psicológico y quizás hasta teológico, sin embargo, cuando la conceptualizamos desde el punto de vista jurídico tiene que ver con la postura (ideológica) del sujeto de derecho respecto del contenido justo o injusto de la norma o las consecuencias a su favor o perjuicio.

Recientemente se ha hablado de la objeción de conciencia, si bien no es algo nuevo, hace poco se la considera un verdadero derecho humano. Es “objeción de conciencia” la negativa a acatar órdenes, leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, como ocurre cuando los parientes se oponen a transfusiones de sangre que podrían salvar la vida de un familiar, por poner un ejemplo. Así, las creencias o valores repercuten no solo en la forma de entender el derecho, sino, en ocasiones, de obedecerlo.

Más allá del dilema moral que muchos filósofos han planteado, elegir entre acatar el contenido estricto de una disposición legal y procurar justicia a los individuos es una preocupación social que no pierde vigencia ni relevancia; es, más bien, un reclamo constante de la sociedad impregnado, lamentablemente, con la creencia popular de que esta es obstaculizada, en muchos casos, por la delimitación de la ley, a la cual, a menudo, se tilda de injusta, pese a la necesidad de su obediencia. Después de todo, dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).

Concepto complejo

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos, ¿qué es la justicia? Pregunta que ni renombrados juristas como Hans Kelsen o Ronald Dworkin han resuelto del todo (tan compleja es su conceptualización), por lo que, en una aproximación a lo señalado por Ulpiano, se puede entender como reconocer y dar a cada quien el derecho que le corresponde.

El problema con esta afirmación es establecer dónde termina la esfera jurídica de un individuo y dónde comienza la de otro. Así, cuando la franja entre el derecho de uno y el derecho de otro es reclamada ante los órganos jurisdiccionales, el juzgador está obligado a dar solución al conflicto.

Pero, en un sistema jurídico romanista, dicha solución solo puede basarse en la letra de la ley y en aquello que se ha demostrado en juicio con las pruebas ofrecidas por las partes, haciendo a un lado las consideraciones éticas o morales que impregnen la conciencia del juzgador, limitándolo a resolver, no conforme a su entendimiento de la situación, lo que a veces obliga a dar la razón a quien en apariencia pudiera, incluso, no tenerla.

Empero, esto no significa que los juzgadores carezcan de ética, puesto que los valores y creencias siempre han permeado las decisiones de la autoridad jurisdiccional y han sido vertidas, en la medida de lo permitido, en el cuerpo de sus resoluciones.

La ética, en una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española, es una “parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores”. En ese sentido, es indiscutible que esa ponderación debería, deontológicamente, guiar siempre el sentido de cualquier sentencia, pero esto no siempre es así, puesto que cada materia tiene sus propias reglas.

Por ejemplo, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política de México, en materia penal “queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”, sin embargo, existen otras materias que, a diferencia de la penal, permiten cierto margen de libertad.

En materia laboral, las juntas y tribunales tienen la obligación de observar diversos principios como los contenidos en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo (lft) de México, de los cuales se establece que “los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada”, lo que se conoce en la doctrina como el “principio de primacía de la realidad”, mismo que se establece en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (de aplicación supletoria en materia burocrática local, conforme al ar- tículo 13 la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz).

En 1960, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) emitió la tesis “Facultad de juzgar en conciencia, características y limitaciones de la…”, en la que se estableció que “la característica esencial de la facultad de juzgar en conciencia consiste en que, del estudio de las pruebas, el juzgador se forma un concepto global acerca de la verdad o la falsedad de los hechos que fundan la acción o la excepción opuesta y, si tales hechos configuran estos extremos, atento el contenido de los preceptos legales, absuelve o condena según el caso, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas”.

No obstante, esta conceptualización restringía la “ratio legis” (razón de la ley) puesto que limitaba la apreciación en conciencia al contenido de las pruebas. Por fortuna, la manera de entender dicha facultad no ha sido inmutable y, contrario al criterio anterior, ha propiciado que, en ocasiones, la autoridad estime o desestime circunstancias basadas en la creencia personal.

Así lo determinó en 1993 el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en una controversia sobre tiempo extraordinario que dictó la tesis “Juntas de conciliación y arbitraje. Facultad de apreciar los hechos en conciencia”, en la que señaló “que no es posible que un trabajador labore horas extras durante todo el tiempo de prestación de servicios, sin que haya reclamado la retribución correspondiente y con base en tales razonamientos decreta la absolución, es evidente que ese proceder se ajusta a los lineamientos”.

Dicho actuar fue robustecido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al emitir la tesis “La imposición de cargas probatorias a las partes por la ley no restringe la facultad de las juntas para apreciar los hechos en conciencia”, en la que expuso que, si bien es cierto que el artículo 784, fracción VIII, de la lft dispone que al patrón le corresponde probar la duración de la jornada de trabajo, la imposición al órgano jurisdiccional de la obligación de tener por cierto un relato de hechos, cualesquiera que sean, independientemente de su verosimilitud, constreñiría a las juntas a declinar su función en beneficio de una de las partes.

Por ello, debe entenderse que lo dispuesto por el artículo 784 de la ley laboral son presunciones legales sujetas al racional ejercicio por parte de las juntas de su facultad de apreciación en conciencia de los hechos aducidos y de las pruebas rendidas al momento de dictar su resolución.

En ese orden de ideas, resulta acorde la interpretación realizada del artículo 841, en sentido de que a la autoridad laboral se le permite y debe permitir “apreciar los hechos en conciencia” gracias a un principio de tasación libre de las pruebas ordenado en el mismo precepto, que implica que, para la valoración del material probatorio, no requiere de formulismos ni reglas estrictas y que, en todo caso, puede apartarse de las mismas cuando los hechos no sean acordes con las probanzas.

Otros casos

Así se asentó en noviembre de 1995 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la tesis “Juntas de conciliación y arbitraje, apreciación de los hechos en conciencia”, que afirma que “tal facultad consiste en la potestad de que goza el juzgador para apreciar, según las reglas de la sana crítica, las pruebas, y también la de resolver la controversia de acuerdo con los dictados de su conciencia, sin atenerse al rigor de la ley”.

Continúa que “esto no es otra cosa que el llamado arbitrio judicial, que es propio de la autoridad de instancia, y se ejerce con independencia de los argumentos de las partes. Su uso se puede censurar en el juicio de amparo, si se advierte que se ejerció en forma arbitraria o caprichosa, lo que acontece cuando se alteran los hechos, o el razonamiento en que pretende apoyarse es contrario a las reglas de la lógica”.

Por estas razones se dice que las juntas son tribunales de conciencia, puesto que, con independencia de las pruebas, pueden tomar en consideración elementos como la lógica, los hechos notorios o conocidos, la conducta procesal, entre otros, sin embargo, al igual que el resto de los tribunales, para poder impartir justicia (no administrarla) es necesario llegar a la verdad, lo que impone un gran reto al juzgador, puesto que esta solo es conocida por las propias partes y, a menudo, la malversan en aras de “una estrategia legal”.

El 9 de abril de 2016, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de México, Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez, en una conferencia organizada por el Colegio de Abogados en Materia Laboral de Xalapa AC y por su presidenta Matilde Loyo Pérez, hizo un llamado a los abogados a evitar “mala praxis”, afirmó que es común que, a manera de defensa, se falsee hechos en las demandas, lo que lleva a los demandados a mentir para defenderse, creando un círculo vicioso al que denominó “concurso de mentiras”.

Una afirmación cruda que hizo eco en los que asistimos a dicho evento, puesto que parece acorde a la realidad, de ahí la presente reflexión, porque el problema es que ese concurso de mentiras coloca al juzgador en un conflicto evidente, ¿a cuál de los dos mentirosos dar la razón cuando se advierte que ambos tratan de alejarlo de la realidad?

Afortunadamente, esa situación había sido en apariencia prevista y parcialmente resuelta por el juzgador desde 1931 al plasmar los principios a que hacemos mención en la lft y su homóloga burocrática; empero, los límites de la valoración y apreciación aún son discutidos puesto que el problema radica en que para que aprecie en conciencia los hechos debe tratar de apegarse en la medida de lo posible a lo que es más creíble y desapegarse de lo inverosímil (aunque esto se aparte de lo que sucedió).

Podríamos encontrar una posible solución al poner sanciones a ese comportamiento, en las que se tome como elemento de valoración privilegiado la conducta procesal, es decir que parta de la versión más creíble, conforme a la lógica y no tanto a las pruebas (corriente que se ha recogido tratándose del ofrecimiento de trabajo), y cuando se advierta mentiras evidentes en el actuar de una de las partes.

En esos casos, generar una presunción a favor del contrario (como cuando los absolventes niegan posiciones que se contraponen con lo expuesto en su demanda) y solo así, al establecer verdaderas con- secuencias al engaño a la autoridad, podremos eliminar ese concurso de mentiras y el juzgador tendrá un panorama más libre de vicios para resolver.

No será la solución definitiva, puesto que, en ocasiones, intervienen en la secuela del procedimiento otras personas además de los abogados, los absolventes, ratificantes testigos y peritos; en el caso de estos últimos a menudo encontramos mayores problemas, porque las juntas y tribunales suelen tomar las consideraciones de los peritos, terceros en discordia, como verdades absolutas, sobre todo en las periciales médicas, perdiendo de vista la fundamentación o falta de estas.

Casi nunca se vincula un padecimiento con la relación causa-efecto de las actividades acordes al trabajo desempeñado, por lo que la conducta procesal podría ser un parámetro de referencia en algunos casos, pero ello no exime a la autoridad de su obligación de utilizar su conciencia (valoración de todos los aspectos, incluidos la lógica) en la solución del conflicto, ya que debe hacer uso de las facultades que le fueron conferidas por la ley y ejercer el análisis concienzudo de la litis, privilegiando siempre el principio de primacía de la realidad (aun cuando sus límites no estén definidos).

En 2001, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dictó la tesis “Juntas de conciliación y arbitraje, facultad de apreciar los hechos en conciencia”, en la que determinó que “la potestad de apreciar en conciencia los hechos de la demanda y las pruebas aportadas sin el rigorismo de reglas preestablecidas, obliga a no estimarlos en su literalidad y, en forma aislada, menos a suponer situaciones que carezcan de sustento en las constancias de autos”.

Esta tesis resultó no solo contraria a los criterios anteriores, sino que colocó una restricción que impide alejarse de las pruebas. Criterio al que le siguió el emitido en agosto de 2007 cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito dicto la tesis “Laudos. La facultad de las juntas de dictarlos a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, no las autoriza para inobservar el principio de objetividad que impera en la función jurisdiccional”, que señala que “dicho numeral no las autoriza a pasar por alto el principio de objetividad que impera en la función jurisdiccional, el que, de acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, consiste en que el juzgador emita sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir”.

No obstante, y contrario a lo anterior, en junio de 2012 el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estableció la tesis “Instituto Mexicano del Seguro Social. Si las semanas cotizadas en el régimen obligatorio resultan inverosímiles, la junta debe resolver sobre su razonabilidad, apartándose de resultados formalistas y apreciando los hechos en conciencia, sin que sea necesario que aquél oponga defensa al respecto”.

Esta determinó que, “tratándose del pago de una pensión, la carga de la prueba sobre las semanas cotizadas corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser quien cuenta con la información relativa a los movimientos afiliatorios del asegurado a través de la hoja de certificación de vigencia de derechos; pero ante la falta de acreditación de dicho presupuesto, deben tenerse por ciertas las cotizaciones mencionadas por el reclamante; sin embargo, cuando la acción se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una cantidad de semanas excesiva, como sería el hecho de que se hubiera iniciado a cotizar para el régimen obligatorio del seguro social, antes de haber nacido, o bien, a corta edad, como sería a los siete años, las juntas pueden apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de los hechos, además, en la valoración de las pruebas deben actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, sin que sea necesario que el órgano asegurador oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil”.

Para algunos litigantes, sobre todo de corte civilista (dicho con todo respeto), esto atenta contra la objetividad y los principios que se derivan del “estricto derecho” que deben regir las resoluciones, los cuales incluyen el de exacta aplicación de la ley. Pero, como decíamos en la materia laboral, la propia ley faculta apartarse del “estricto derecho” puesto que las autoridades laborales no son autoridades de derecho si no de arbitraje, al menos eso se advierte de la tesis por contradicción visible: “Laudo.

El artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica (legislación anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la federación el 30 de noviembre de 2012), en el que el máximo tribunal establece que el precepto no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 de la Constitución de México, puesto que las juntas pueden dictar el laudo sin sujetarse a las reglas utilizadas por los órganos judiciales, por no ser un tribunal de derecho, sino de arbitraje.

Tan es así que se les permite recabar pruebas oficiosamente para conocer la verdad buscada en aplicación de una justicia objetiva, acorde con la realidad de los hechos debatidos en el conflicto; por lo que dicho precepto atiende a la finalidad perseguida por el legislador al fijar las normas del derecho procesal del trabajo, las cuales tienden a establecer el predominio que requiere la verdad frente al hecho social, a veces en contradicción con la constancia formal.

En febrero de 2016, la Segunda Sala de la scjn resolvió la contradicción de tesis “Pensión por cesantía en edad avanzada. Al resolver la junta sobre el ajuste en la cuantificación de su pago, debe atender el límite superior previsto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, sin que represente obstáculo alguno que el demandado no se hubiere excepcionado en ese sentido”.

Esta tesis establece la facultad de aplicar preceptos de derecho que no fueron invocados en la defensa, lo que se considera acertado si partimos de la vieja frase que hace referencia a la autoridad resolutoria: “dame los hechos que yo te daré el derecho”, puesto que dicha jurisprudencia señala respecto de las cuantificaciones de una pensión que “el tema de fondo está vinculado a un derecho de seguridad social, por lo que no puede variarse la manera en que han de cubrirse las prestaciones descritas en la Ley del Seguro Social, pues, su artículo 33 es expreso en cuanto al límite superior, lo que indica que se trata de una disposición de orden público y de observancia obligatoria”.

Así, la ley debería ser aplicada aun cuando no sea invocada, lo que en apariencia rompería el principio de congruencia y de fijación de la litis (que implica que la autoridad resuelve conforme a lo expuesto en la demanda y en la contestación).

Lo expuesto es confirmado con lo que determinó la tesis del 15 de abril de 2016 de la Segunda Sala de la scjn en la Jurisprudencia visible al rubro, SALARIO. “La junta puede hacer un juicio de verosimilitud sobre su monto al considerarlo excesivo, cuando se haya tenido por cierto el hecho relativo, ante la falta de contestación de la demanda por parte del patrón”, que ratifica la corriente de que las autoridades jurisdiccionales laborales están facultadas para realizar el juicio de verosimilitud, como en este caso, “cuando el salario indicado por el trabajador en su demanda, de acuerdo con la categoría que ocupaba, resulte excesivo, no obstante que se haya tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo”.

El criterio sustituye a la contradicción de tesis “Audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral. La incomparecencia de la parte patronal demandada a aquélla trae como consecuencia, entre otros aspectos, tener por cierto el hecho respecto al monto del salario que adujo la parte trabajadora actora (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012)”, la cual quedó sin efecto por las razones señaladas.

A manera de conclusión, si bien los alcances del arbitrio laboral no han sido establecidos de una manera clara, con independencia de ello, el actuar verdaderamente como un tribunal de conciencia es una labor que las juntas y tribunales han abandonado en gran medida hace largo tiempo y han venido supliéndose por mandatos de los tribunales constitucionales; por ello, se debe promover su cumplimiento de nueva cuenta a fin de que sea resuelto atendiendo la primacía de la realidad, es tiempo de pensar en fórmulas para acabar con vicios y proponerlas a fin no solo de enaltecer la profesión, sino dotar a las resoluciones de su fin último: la justicia.

Es licenciado en Derecho, maestro y catedrático, abogado en la Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social y consorcios farmacéuticos.

Tomado de: revistajurista.com

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