La Gaceta Jurídica

El constitucionalismo internacional y los Estados nacionales

(Parte final)

Foto: mec.gov.py

Foto: mec.gov.py

Carlos Alberto Mayón

00:00 / 10 de febrero de 2015

La Constitución de Uruguay de 1966, en el artículo 6, primera parte, al referirse a los tratados internacionales, no hace referencia a su orden jerárquico, sino a su contenido: “En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididos por el arbitraje u otros medios pacíficos”.

Argentina, desde que aparecieron las convenciones protectoras de derechos humanos, adhirió a la mayoría de las mismas. Entre ellas, y al margen de que a algunas les otorgó jerarquía constitucional en la Reforma de 1994, debe citarse, a nivel universal, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También ha adherido a declaraciones regionales y americanas como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, la Corte Suprema ha reconocido que tiene aplicación la Jurisprudencia de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de sus opiniones consultivas.

La reforma constitucional de 1994 incorporó en la Constitución dos declaraciones, ocho tratados y un protocolo facultativo de derechos humanos, a los que otorgó jerarquía constitucional. De esta manera, Argentina se encuentra totalmente comprometida con la efectiva tutela de los derechos del hombre al constitucionalizar tratados y declaraciones de esta naturaleza.

Normas internacionales

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que “la parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, es decir que se pronuncia por el monismo.

Internacionalización de los órganos de gobierno

El tercer factor que lleva al constitucionalismo internacional o universal es la internacionalización de los órganos de gobierno, es decir, lo que sería la parte orgánica de una futura Constitución Internacional o Universal.

Los documentos mencionados anteriormente están referidos generalmente a la parte dogmática de las constituciones, es decir, a la protección de los derechos individuales y garantías.

Hemos visto en qué medida los tratados y convenciones internacionales se han sobrepuesto a la parte dogmática de las constituciones y al resto del derecho interno de los Estados.

Pero la internacionalización también se ha producido en la parte orgánica de las constituciones, como consecuencia de dos motivos principales: 1. por la misma necesidad de hacer efectivos los derechos reconocidos en las convenciones y tratados sobre derechos humanos; y 2. por los procesos de integración.

Organismos internacionales

Como consecuencia de la invasión del derecho internacional sobre las constituciones y el derecho interno, las convenciones sobre derechos humanos han generado órganos de aplicación y ello ha traído como consecuencia la irrupción del derecho internacional sobre la parte orgánica de las constituciones.

Las propias declaraciones y convenciones sobre derechos humanos prevén órganos para asegurar el cumplimiento de sus preceptos. A manera de ejemplo, citaremos algunos de ellos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 28 al 45, determina la actuación del Comité de Derechos Humanos, el que, a su vez, puede designar una Comisión Especial de Conciliación (artículo 42). Además, su Protocolo Facultativo, en los artículos 1 al 7, contempla la intervención del citado Comité.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales atribuye competencia a la Secretaría General, al Consejo Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea General.

La Convención contra la Tortura establece un Comité contra la Tortura (artículos 17 al 24). La Convención sobre el Genocidio, una Corte Penal Internacional. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, en sus artículos 8 al 16, prevé el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; también está previsto el nombramiento de una Comisión Especial de Conciliación (artículo 12).

La Convención sobre la Discriminación contra la Mujer establece el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (artículos 17 al 22). La Convención sobre los Derechos del Niño, prevé el Comité de los Derechos del Niño (artículos 43 al 45).

Así es como están previstos numerosos organismos internacionales para la protección de los derechos humanos. A nivel regional, en Europa existe la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de la  que surgieron dos órganos de aplicación: la Comisión Europea de Derechos del Hombre y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Entre los Estados musulmanes, la Liga de los Estados árabes creó la Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos del Hombre.

En África, la Organización de la Unidad Africana dio origen a la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), del 27 de julio de 1981, que en los artículos 30 al 60 organiza y establece la competencia de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

En América, la Convención Americana de Derechos Humanos se ocupa de los Medios de la Protección (Parte II), en el Capítulo VI de los Órganos Competentes (artículos 33 al 73 y del 79 al 82). Y se reglamenta el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Capítulo VII) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Capítulo VIII).

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas también reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículos del 13 al 15).

Procesos de integración

También, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de integración ocurre con intensidad en distintas regiones del mundo. Y ello se produce a través de los tratados y convenciones que se celebran entre los Estados y por medio de los textos de las propias constituciones que dan el marco interno para lograrlo. Así lo ha hecho la Unión Europea y, en América del Sur, los países de la cuenca del Río de la Plata el 26 de marzo de 1991 dieron origen al Mercado Común del Sur (Mercosur).

En su texto, muchas constituciones aluden a los tratados concernientes a procesos de integración. En tal sentido, prevén la posibilidad de la integración y las relaciones con órganos supranacionales.

A manera de ejemplos puede mencionarse las de Colombia (artículo 9) (1), de Ecuador (artículo 3), de Nicaragua (artículo 9) y de Uruguay (artículo 6). La Constitución de Costa Rica acepta explícitamente la transferencia de las competencias locales al ordenamiento jurídico comunitario, con la aprobación de una mayoría calificada en el seno de la Asamblea Legislativa (artículo 121 inciso 4).

La Constitución de Perú de 1979, en su artículo 106, dice: “Los tratados de integración con estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes”. En Venezuela, en su Preámbulo, la Constitución Bolivariana establece como objetivo que el Estado debe impulsar y consolidar “la integración latinoamericana”.

La Constitución Argentina, en su última reforma de 1994, también se colocó en este proceso de integración con su artículo 75 inciso 24, aunque realiza un distingo según sea “con Estados de Latinoamérica” o “con otros Estados” (2).

Conclusión

Desde la antigüedad, los historiadores han dividido el objeto de su estudio en etapas o edades (3): en Occidente se usa la periodización planteada por los humanistas del Renacimiento, quienes dividieron la Historia en una Edad Antigua, una Edad Media y una Edad Moderna. Luego, con la Revolución Francesa se agregó la Edad Contemporánea.

Pero, después de la Segunda Guerra Mundial suele proponerse otra edad, que algunos denominan Edad Atómica, Edad Espacial, Edad de la Informática, Edad de las Comunicaciones, etc.

De igual modo, tradicionalmente se ha dicho que el proceso del constitucionalismo puede ser dividido en diversas etapas: los antecedentes; el constitucionalismo clásico, su difusión, su crisis, y el constitucionalismo social.

Creemos que también en este tema, la evolución del constitucionalismo, puede decirse que existe, desde 1945, una nueva etapa: el constitucionalismo universal o internacional, aunque el término ya había sido utilizado en 1936 por Boris Mirkine Guetzevitch (4).

Podría objetarse que este constitucionalismo internacional coincide en el tiempo con el constitucionalismo social, porque las constituciones que se dictaron o reformaron desde 1945 tienen las características de ambos, el social y el internacional.

Sin embargo, creemos que ello no es así, en primer lugar porque dicho constitucionalismo social surgió mucho tiempo antes, en 1917, con la Constitución de México y continuó con la Constitución de Weimar de 1919, mientras que el internacional lo fue después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, principalmente, porque creemos que el Derecho Constitucional Internacional tiene mayor trascendencia, pues no se limita a agregar nuevos derechos a las constituciones clásicas de los siglos XVIII y XIX, sino que cuestiona los principios básicos del constitucionalismo clásico y, más aún, del Estado moderno.

Hasta el presente, lo más importante que se ha producido en el constitucionalismo internacional, en nuestra opinión, es el de la internacionalización de los derechos individuales. Al respecto, hemos visto cuántos tratados, declaraciones, convenciones y otros documentos se han emitido en los últimos sesenta años provenientes de organizaciones mundiales y regionales.

No obstante, creemos que este constitucionalismo universal y su consecuente Derecho Constitucional Internacional tienen todavía un punto débil en cuanto a los organismos de aplicación y la efectividad de los tribunales internacionales que, por una parte, garanticen el cumplimiento de los derechos, pero también aseguren el debido proceso a quienes sean acusados de no cumplir con esos tratados y convenciones internacionales, ya se trate de individuos, gobernantes o Estados.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, de agosto de 1789, decía que para que exista una Constitución se exige dos cosas: la enumeración de derechos y garantías y la división de poderes (5).

Entendemos que uno de esos requisitos para la existencia de una Constitución Internacional está actualmente cumplido: la Parte Dogmática, la enumeración de derechos y garantías, a través de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Pero, en cambio, falta avanzar sobre la Parte Orgánica.

Lo cierto es que en estos últimos sesenta años ha habido un importante desarrollo del Derecho Internacional de Derechos Humanos en cuanto a enumeraciones de derechos y garantías. Pero no ha ocurrido otro tanto con los órganos de aplicación y tribunales internacionales.

La realidad es, entonces, que existen las normas pero faltan los organismos. El problema es ahora cómo lograr la efectividad de esas normas, que realmente se cumplan y no se limiten a ser catálogos de buenas intenciones.

Creemos que la reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional no modifica en mucho lo antes dicho, principalmente por dos motivos.

En primer lugar, porque su falta de ratificación por parte de los Estados más importantes hará que su aplicación esté limitada a algunos países y a ciertos grupos, particularmente a aquéllos que resulten vencidos en una guerra internacional o civil.

En segundo lugar, porque dicha Corte aparece subordinada y seriamente limitada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues a este último se le asigna un importante papel en los procedimientos, en especial en cuanto a la facultad de la iniciación de la investigación o enjuiciamiento de los autores de los crímenes enumerados en el Estatuto y la facultad de solicitar la suspensión del procedimiento.

Además, como los miembros permanentes disponen de la posibilidad de veto, con ello se elimina toda posibilidad de aplicar medidas de cumplimiento forzoso contra cualquiera de los miembros permanentes.

Lo cierto es que todo lo relacionado con el funcionamiento de una justicia universal resulta aún muy difícil, pues, como dijo en Buenos Aires hace unos años el fiscal de la Audiencia Nacional Española, Pedro Rubira, si no se la delimita suficientemente, se corre el riesgo de crear un verdadero monstruo (6), porque podría hacer intervenciones políticas en las instituciones o en las economías de otros Estados.

En otras palabras, el Derecho Constitucional Internacional ha avanzado mucho en cuanto a la instauración de un constitucionalismo universal en lo concerniente a la parte dogmática de una futura constitución internacional: la enumeración de derechos y garantías reconocidos a todos los hombres y mujeres del mundo.

Pero no ha ocurrido lo mismo con la parte orgánica. Claro está que esto último es lo más complejo y, por eso, debe avanzarse con mayor lentitud y cautela, pero es la tarea que los constitucionalistas de todo el mundo deben emprender con decisión.

Lo realizado hasta ahora es importante y creemos que será la base para desarrollar lo que aún resta para poder llegar a un verdadero Derecho Constitucional Internacional: que no solamente se enumeren derechos, sino que también se asegure el funcionamiento de órganos de gobierno y tribunales internacionales efectivos e independientes, que apliquen las normas existentes y hagan efectivos los derechos. En este aspecto debe trabajarse.

Notas

1. Articulo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

2. El artículo 75 inciso 24 dice: “Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

3. Para las principales periodizaciones, nos remitimos a nuestro trabajo: Mayón, Carlos Alberto. Introducción al Estudio de la Historia. La Plata 2000. Editorial y Talleres Gráficos de la Universidad Católica de La Plata, págs. 38 a la 58.

4. Boris Mirkine Guetzevitch, Derecho Constitucional Internacional. Traducción de L. Legaz y Lacambra, Revista de Derecho Privado. Madrid 1936.

5. Article 16: Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

6. Diario La Nación, Buenos Aires, 11 de octubre de 2003.

Es abogado y profesor argentino.

Artículo publicado en la Revista del Colegio de Abogados de La Plata N° 65, Argentina, y tomado de idcp.jursoc.unlp.edu.ar

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia