La Gaceta Jurídica

El constitucionalismo internacional y los Estados nacionales

La realidad nos señala que el Derecho Internacional ha invadido el Derecho Constitucional. Muchas constituciones aceptan expresamente una renuncia a parte de su soberanía. El internacionalismo avanza sobre la parte dogmática (derechos individuales) y la parte orgánica de las constituciones (organización del gobierno).

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Derecho FOTO: aquiesqueretaro.com

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Alberto Mayón*

00:00 / 03 de febrero de 2015

A partir de la Segunda Guerra Mundial se puede hablar de una nueva etapa del constitucionalismo: el constitucionalismo internacional o universal. Estamos inmersos en un proceso en el que se va conformando constituciones supranacionales que cada vez abarcarán mayor cantidad de Estados y que parecen conducir a una Constitución para el mundo.

Esto es como resultado de varios factores conectados entre sí:

1. las cláusulas constitucionales que admiten la posibilidad de transferir o limitar la soberanía del Estado o delegarla parcialmente en organismos internacionales;

2. la enorme injerencia que han tenido durante los últimos 60 años, las convenciones y tratados sobre derechos humanos en las constituciones de todo el mundo; y

3. la internacionalización de los órganos de gobierno por el desarrollo de los organismos internacionales y el proceso de integración que se está desarrollando en distintos continentes y regiones.

La realidad nos señala que el Derecho Internacional ha invadido el Derecho Constitucional. Muchas constituciones aceptan expresamente una renuncia a parte de su soberanía. El internacionalismo avanza sobre la parte dogmática (derechos individuales) y la parte orgánica de las constituciones (organización del gobierno).

Esos avances sobre el derecho interno han puesto en crisis los cimientos del Estado Moderno, tales como la existencia de los Estados nacionales y su  soberanía interna y externa; además, afectan los principios fundamentales del Constitucionalismo Clásico, expresados en las constituciones de los siglos XVIII y XIX.

Así como en la periodización de la Historia se habla de una nueva edad que habría surgido a partir de mediados del siglo XX, también en el constitucionalismo puede hablarse de una nueva etapa: el constitucionalismo internacional o universal.

Este fenómeno tiene aspectos positivos, como una más efectiva protección de los derechos individuales, un mejor desarrollo y bienestar para todos los pueblos del mundo, etc.

Pero también implica riesgos, como una mayor desproporción de la distribución del poder entre los Estados poderosos y los débiles y la imposición de las normas de los primeros sobre las de los segundos, sin tener éstos posibilidades de lograr ser escuchados a fin de preservar su propia cultura y sus propias características.

Estudiar esta nueva etapa del constitucionalismo, con las ventajas y los inconvenientes que conlleva, es una tarea muy importante para los constitucionalistas de todo el mundo. Creemos que es fundamental no solo el análisis de sus caracteres más salientes, sino especialmente el aprovechamiento de las ventajas que tiene y la neutralización de los riesgos que implica.

Los factores y los hechos mencionados han traído como consecuencia una enorme influencia del Derecho Internacional sobre las constituciones nacionales y plantean límites internacionales a las constituciones.

Brevemente, analizaremos los tres factores que anteriormente planteamos.

La reducción de la soberanía de los Estados

El Derecho Constitucional Internacional ha alterado el concepto clásico de soberanía al admitir la posibilidad de transferir por ley derechos de soberanía o limitación de la soberanía o delegación de parte de la soberanía en organismos internacionales. Así se pone en evidencia en varias constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra.

La Constitución de la República Italiana de 1947, en su artículo 11, después de manifestar su repudio a la guerra, expresa que “consiente, en condiciones de paridad con los otros Estados”, “las limitaciones de soberanía necesarias” y “promueve y favorece las organizaciones internacionales dirigidas a tal fin” (1).

La Constitución de la República Federal de Alemania de 1949, en su artículo 24 inciso 1, dice: “1. La federación podrá transferir por ley derechos de soberanía a instituciones internacionales”.

En el inciso 2 agrega que consentirá “las limitaciones a sus derechos de soberanía que sean susceptibles de conducir a un orden pacífico y duradero en Europa y entre los pueblos del mundo”.

El inciso 3 añade que adherirá “a las convenciones sobre una jurisdicción de arbitraje internacional de ámbito general y obligatoria” (2).

Estas constituciones de Italia y Alemania fueron seguidas por muchas constituciones europeas en cuanto a la posibilidad de transferir soberanía o limitación de la soberanía o delegación de parte de la soberanía en organismos internacionales.

Así aparece en la Constitución del Reino de Dinamarca del 5 de junio de 1953 (artículo 20); la Constitución del Reino de los Países Bajos (reforma de 1953) (artículo 67); la Constitución Española del 31 de octubre de 1978 (artículo 93).

Por su parte, la Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo, en su artículo 49 bis dice: “Se podrá encomendar temporalmente por vía de tratado a instituciones de derecho internacional el ejercicio de atribuciones reservadas por la Constitución a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial”.

También la Constitución de Suecia, según texto de 1974 (capítulo 10, artículo 5); la Constitución de Grecia de 1975 (artículo 28, párrafo 2); otro tanto en la Constitución de Noruega (artículo 93).

La Constitución de Bélgica, en el artículo 25 bis, agregado por la reforma del 20 de julio de 1970, dice que “se podrá confiar por un tratado o una ley el ejercicio de poderes determinados a instituciones de derecho internacional público”.

La evolución que se está produciendo lleva a la conformación de Estados supranacionales. El proceso parece semejante al que se produjo cuando algunas confederaciones se trasformaron en estados federales: los estados locales cedieron parte de su soberanía en el Estado Federal y a los estados locales solo les quedó autonomía.

El poder constituyente de primer grado que tenían los hasta entonces Estados soberanos pasó a ser de segundo grado, subordinado, de Estados autónomos, no soberanos.

Actualmente, el constitucionalismo internacional está llevando hacia un proceso semejante: el poder constituyente de primer grado, soberano, quedará en poder de las entidades supranacionales y los actuales Estados nacionales quedarán solo con un poder constituyente  de segundo grado, con autonomía, pero subordinada al de primer grado.

Sin embargo, hay que dejar aclarado que esa resignación de parte de la soberanía solamente es exigible en la medida que el propio Estado voluntariamente así lo acepte, porque a nivel mundial prevalece la norma fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945.

Esta carta, en su artículo 2 incluye dos incisos que dejan muy claro que los Estados miembros conservan el pleno goce de la soberanía. El inciso 1 dice textualmente: 

“La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”. El inciso 7 agrega: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta ...”

Por ello creemos que, al día de hoy, se puede llegar a esta conclusión: la soberanía de los estados se mantiene en su plenitud, salvo para los que hayan renunciado a parte de la misma y en la medida que así lo hicieron. Pero como muchos lo han hecho, esto cambia las reglas que durante siglos rigieron las relaciones internacionales.

En definitiva, la cesión de soberanía por parte de los estados llevará a la existencia de un nuevo poder constituyente de primer grado, en manos de esa entidad supranacional. Y los Estados nacionales quedarán relegados a poseer un poder constituyente de segundo grado, como el que tienen actualmente los Estados locales en un Estado federal.

La Constitución Europea significa un paso importante en este proceso de cesión de soberanía de los Estados y en avance hacia el Constitucionalismo Internacional.

Internacionalización de los derechos humanos

Las Convenciones Internacionales

El segundo factor que lleva al constitucionalismo internacional o universal es la internacionalización de los derechos humanos. En materia de derechos individuales, desde el Constitucionalismo Clásico del siglo XVIII, existió la idea de establecer un Derecho Universal y Eterno, un catálogo de Derechos y Garantías que no estuvieran destinados a un pueblo y a una época, sino a todo el mundo y a todos los tiempos.

Tal fue el propósito de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de agosto de 1789, cuyos postulados se extendieron a todo el mundo.Sin embargo, durante mucho tiempo esos principios solo se aplicaron en la medida en que los mismos se incorporaron a las constituciones de los estados nacionales. El Constitucionalismo Universal recién apareció como tal con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

A partir de entonces se planteó lo que dio en llamarse el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que versa sobre los derechos fundamentales de todos los humanos y humanas del mundo, con prescindencia del estado en el que se encuentren residiendo o transitando y que debían tener protección no solo a nivel de cada Estado en particular, sino también a nivel universal.

Cuando la guerra estaba por finalizar, comenzaron a emitirse declaraciones a nivel mundial y a nivel regional. Concluida ésta, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, la que dictó la citada “Carta de las Naciones Unidas”, donde aludió a derechos y libertades fundamentales de todos los hombres y mujeres como condición para preservar la paz mundial.

En su artículo 55 inciso c establece que la Organización de las Naciones Unidas promoverá el “respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales hechos y libertades”.

En 1948, la organización mundial proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de allí se fue poniendo en vigencia diversos documentos y tratados internacionales. También se emitió convenciones para proteger universalmente los derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etc.

Además, para desterrar para siempre flagelos como la esclavitud, la servidumbre, el genocidio, las torturas, las distintas formas de discriminación, promoviendo la protección de ciertos sectores de la población como las minorías, la mujer, la niñez, etc.

Algunos documentos son de carácter regional o continental. Así se puede mencionar la “Convención Europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, del 4 de noviembre de 1950; la “Carta Social Europea” y la “Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos”.

En América, en 1948 se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y más tarde otros de particular trascendencia, como la Convención Americana de Derechos Humanos.

En todos estos documentos se considera que la persona humana es un sujeto investido de personalidad internacional y la cuestión de los derechos humanos ya no es de jurisdicción exclusiva o reservada de los estados, sino que pertenece a una jurisdicción concurrente o compartida entre el estado y la jurisdicción internacional.

Además, el derecho internacional de los derechos humanos pasa a situarse en la cúspide del derecho interno y se ubica de modo equivalente a la constitución, que incorpora los derechos humanos a su codificación suprema.

Asimismo, se ha procurado perfeccionar los sistemas de protección por medio de protocolos adicionales como, respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador (“Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”) del 17 de noviembre de 1988.

A través de estos documentos se trata de reconocer y garantizar en forma precisa los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los estados asumen el compromiso de tomar medidas con el objetivo de alcanzar progresivamente la realización plena de tales derechos y usar efectivamente los recursos disponibles para garantizar un nivel de vida mínima para todos los individuos.

Por tal motivo, actualmente los derechos humanos se encuentran regulados tanto por el Derecho Internacional como por el Derecho Interno y es válido exigirle a un Estado el cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique intervenir en sus asuntos internos. Ambos, el Derecho Interno y el Internacional, deben coexistir para la protección de la persona humana, cuyos derechos son superiores y anteriores a los del Estado. Se ha producido lo que se denomina la “constitucionalización de los derechos humanos”.

Todo ello, obviamente, sin perjuicio de la protección que, respecto de tales derechos establecieran las constituciones de los estados en particular. Así como en los Estados federales hay una doble protección de los derechos individuales, una superposición del derecho federal sobre el derecho local, donde este último se encuentra subordinado al primero, completándolo en lo referente a los problemas locales pero siguiendo los lineamientos básicos del federal, en igual forma se produce la protección internacional por medio de esos documentos, sobreponiéndose a la protección de las constituciones de los estados nacionales.

Los lineamientos generales están en los instrumentos internacionales y la protección concreta en las constituciones estaduales.

Hay una diferencia notoria entre los tratados y convenciones que, tradicionalmente, hace siglos vienen celebrando los estados miembros de la comunidad internacional y estos llamados tratados o convenciones sobre derechos humanos.

En el primer caso son tratados que se refieren a problemas de los estados firmantes y en beneficio de las relaciones entre los mismos; en el segundo se ocupan de los individuos que viven en ellos, como individuos, no como conjunto, para ser protegidos, no solo contra los abusos de los habitantes o los gobiernos de otros estados, sino, principalmente, contra los atropellos que puedan sufrir del gobierno de su propio estado.

Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Nº 2/82, donde expresó que los tratados sobre derechos humanos “no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio estado comofrente a los otros estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.

Se considera modernamente que por encima de los intereses de los estados se encuentran los de la persona. El objetivo principal de los tratados sobre los derechos humanos es el establecimiento de un orden público internacional.

De tal modo se justifica que determinados organismos internacionales puedan tomar medidas en contra de violaciones a tales derechos por parte de cualquier estado. Se interpreta que es una forma de intervención que no viola la soberanía, aunque en la práctica es evidente que resulta disminuida.

En síntesis: existe actualmente un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que representa la base o punto de partida de un Derecho Constitucional Internacional.

Continuará

Notas

Artículo 11. “Italia repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de los otros pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales, consiente, en condiciones de paridad con los otros Estados, a las limitaciones de soberanía necesarias para un ordenamiento que asegure la paz y la justicia entre las Naciones; promueve y favorece las organizaciones internacionales dirigidas a tal fin”.

2. Constitución de Alemania (Ley Fundamental para la República Federal Alemana del 23 de mayo de 1949): Artículo 24. “1. La federación podrá transferir por ley derechos de soberanía a instituciones internacionales. 2. La federación podrá encuadrarse en un sistema de seguridad colectiva y recíproca para la salvaguarda de la paz, y consentirá con este motivo en las limitaciones a sus derechos de soberanía que sean susceptibles de conducir a un orden pacífico y duradero en Europa y entre los pueblos del mundo, y de garantizar dicho orden.

3. La federación se adherirá para la solución de conflictos internacionales a las convenciones sobre una jurisdicción de arbitraje internacional de ámbito general y obligatoria”.

*    Es abogado y profesor argentino.

Artículo publicado en la Revista del Colegio de Abogados de La Plata N° 65, Argentina, y tomado de idcp.jursoc.unlp.edu.ar

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