La Gaceta Jurídica

El constitucionalismo moderno y las constituciones tempranas

(Parte II)

Foto: desmontandoassassinscreed.wordpress-com

Foto: desmontandoassassinscreed.wordpress-com

Horst Dippel

00:00 / 31 de octubre de 2014

La historia del constitucionalismo moderno está llena de intentos de evadir uno o varios elementos en este catálogo o de rechazar, más o menos, la totalidad del mismo; en otras palabras, de establecer una constitución escrita negando manifiestamente los principios del constitucionalismo moderno.

Esta oposición fundamental al constitucionalismo moderno nunca fue una opción política viable en ninguno de los estados de Estados Unidos hasta la mitad del siglo XIX. Tiempo y experiencia, sin embargo, fueron requeridos para transformar estos elementos básicos en principios generales aceptados.

En el contexto de este artículo es más importante ver cómo fueron recibidas las ideas del constitucionalismo moderno por fuera de Estados Unidos que analizar cómo éstas evolucionaron en ese país durante la primera parte del siglo XIX.

Otros elementos básicos

Este decálogo constitucional, introducido primero en Virginia en 1776, y, hasta entonces, nada más que una peculiaridad americana, probó prontamente que estaba completamente entrelazado con el constitucionalismo moderno a escala global.

El 26 de agosto de 1789 se proclamó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, la contraparte europea de las declaraciones americanas de derechos, y aquí de nuevo, como trece años antes, encontramos los elementos básicos del constitucionalismo moderno.

Las diferencias, sin embargo, son notorias. El texto comienza con referencias a los representantes del pueblo, derechos humanos, principios universales y lo que puede interpretarse como la soberanía del pueblo. Culmina en el famoso artículo 16: “Cualquier sociedad en la cual la garantía de los derechos no se garantice, así como la separación de los poderes no esté determinada, no tiene constitución alguna”.

Si vemos la Constitución de 1791 junto con los dos documentos que representan la quintaesencia del logro constitucional de la fase inicial de la Revolución Francesa, tenemos que admitir que ninguno habla acerca de independencia judicial, responsabilidad, gobierno limitado ni de la constitución como atrincherada la ley suprema.

Pero, la teoría fue establecida por primera vez en un documento constitucional, como se refleja en el artículo 16 de la declaración francesa, de que solamente nos permitimos hablar de una constitución en términos de constitucionalismo moderno, si el texto cumple ciertos requerimientos definidos.

En consecuencia, en contraste con lo que había sido llamado “constitución” en los tiempos precedentes, el constitucionalismo moderno quedó fijado en un número de elementos esenciales.

Lo que había comenzado en América en 1776 como un nuevo lenguaje político, nacido en un movimiento de levantamiento revolucionario y finalmente sancionado a través de la práctica y la experiencia políticas, el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 lo elevó al nivel de un axioma en teoría constitucional, proveyendo el fundamento teórico del constitucionalismo moderno ausente hasta esa fecha.

Al mismo tiempo, fiel a sus principios universales, transformó el constitucionalismo moderno de una idea meramente americana a un fenómeno transnacional cuyas repercusiones se sentirían globalmente (1).

La decena de piezas

Los diez elementos básicos de Virginia, a pesar de no haber sido reproducidos completamente por la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 y la Constitución de 1791, solamente recibieron las credenciales de ser los elementos fundacionales del constitucionalismo moderno como un fenómeno global al ser retomados en Francia en 1789 y porque el artículo 16 declara que solamente la existencia de ciertos elementos esenciales nos permite hablar de constitución en su significado moderno.

Cualquiera que sea la importancia del artículo 16 en un contexto específicamente francés (2), su significado total reposa en el hecho de que, por primera vez, un documento constitucional insiste en que el constitucionalismo moderno envuelve ciertos elementos básicos en la ausencia de los cuales no se nos permite hablar apropiadamente de constitucionalismo moderno.

La independencia judicial, la responsabilidad, el gobierno limitado y el atrincheramiento de la Constitución no fueron omitidos al azar desde los primeros documentos constitucionales franceses. Por varias razones, se necesitó un largo tiempo hasta que ellos fueron aceptados como principios del constitucionalismo francés.

La mayor parte de ellos, en verdad, fueron solamente incorporados en décadas recientes cuando la Constitución de la Quinta República evolucionó (3). La historia del constitucionalismo moderno en Francia no solamente está caracterizado por estas particularidades, sino también por mayores agitaciones y rupturas, las cuales hicieron el constitucionalismo francés y, con él, el constitucionalismo europeo en su totalidad tan diferente de su contraparte americana.

A pesar de que las constituciones de 1791, 1793 y del año III (1795) se basaron a fondo en la mayoría de los principios del constitucionalismo moderno, cambios abruptos vinieron con la Constitución del año VIII (1799). No contenía ninguno de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno y solamente con la Constitución de la Segunda República de 1848 un número de los principios del constitucionalismo moderno fue reintroducido con éxito en Francia.

En otras partes de Europa, el gran paso hacia delante, logrado con las revoluciones de 1848 a 1849, fue más resonado con el borrador austriaco de Kremsier del 1 de marzo de 1849 y la Constitución de la República Romana del 1 de julio de 1849, siendo los dos documentos más excepcionales, cada uno incluyendo los diez elementos esenciales, aunque no mencionan expresamente el gobierno limitado.

La Constitución de Cádiz de 1812

El significado de las constituciones francesas de las décadas tempranas del siglo XIX se basa, en nuestro contexto, en su carácter de modelo para los que aceptan la idea inherente de una Constitución, mientras que, al mismo tiempo, rechazan todos o casi todos los principios del constitucionalismo moderno.

Este intento de confesión al constitucionalismo moderno fue desafiado a fondo por la Constitución de Cádiz de 1812. Había proclamado la soberanía del pueblo como lo más importante de todo, aunque virtualmente guardó silencio sobre principios universales y derechos humanos.

Estableció el gobierno representativo la separación de poderes y la independencia judicial. Reconoció la Constitución coma máxima ley y contuvo provisiones en relación al poder constitutivo, pero no logró aderezar las ideas del gobierno limitado y la responsabilidad del gobierno.

Lo que la Constitución francesa jacobina de 1793 representó para la izquierda democrática europea en la segunda parte del siglo XIX, la Constitución de Cádiz lo simbolizó para los liberales democráticos en la primera parte del siglo XIX (4).

El primer constitucionalismo latinoamericano

El rechazo a la Constitución de Cádiz fue unánime en la Europa de la restauración y más allá. En uno de los documentos constitucionales latinoamericanos de estos meses y años decisivos, el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada del 27 de noviembre de 1811, aunque rechazando la autoridad de las Cortes de Cádiz (artículo 5), no obstante, se retomó unos de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno como “sus derechos incomunicables: 1. La facultad de darse un gobierno como más convenga a sus circunstancias, aunque siempre popular, representativo y análogo al general de la Unión, […] dividiendo sus poderes, y prescribiéndoles las reglas bajo las cuales se deben conducir”  (5).

La formulación fue ambigua. Derechos inalienables fueron reconocidos, pero ¿quién fue el titular de estos derechos?, ¿las provincias, el pueblo? ¿Quién tenía el derecho de iniciar el gobierno? ¿A qué se refería gobierno “popular”? ¿Fue la intención de las reglas básicas establecer una constitución suprema?

Mientras se buscaba las respuestas a estas preguntas y para entender cómo los principios del constitucionalismo moderno fueron recibidos en esta parte de América, podía ser apropiado dedicarse a la Constitución Política de la República de Colombia de 1821.

En el residuo de soberanía su respuesta fue precisa: “La soberanía reside esencialmente en la nación” (6). No había ninguna sección o título sobre derechos humanos (7), solamente dos artículos breves “De los colombianos”, mientras que el artículo 9 decretó de nuevo que “El Gobierno de Colombia es popular representativo”.

Esta vez, sin embargo, la explicación siguió instantáneamente (artículo 10): “El Pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la Soberanía que la de las elecciones primarias; ni depositará el ejercicio de ella en unas solas manos. El Poder Supremo estará dividido para su administración en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Si el pueblo realmente fuera soberano, ¿quién, si no el pueblo mismo, tendría el derecho de restringirlo ejerciendo su soberanía? ¿Dónde estuvo localizado este ominoso “poder supremo” que fue subdividido por razones administrativas?

Gobernantes autocráticos sí podrían haber consentido en esta idea, pero Montesquieu, ciertamente, no. ¿Cómo podría esta provisión hacer juego con la indicación de una independencia judicial tanto como con los modos de modificar o enmendar la constitución? (8). No es sorprendente que principios universales, gobierno limitado, la obligación de rendir cuentas del gobierno y la constitución como máxima ley no fueran mencionados.

A pesar de estas inconsistencias, la Constitución colombiana de 1821 había trazado un límite que no debía ser traspasado durante las siguientes décadas, en cuanto a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno.

La Constitución de 1830 (9), de nuevo un paso menos revolucionario que su antecesor, adaptó la separación de poderes --no obstante, sin declararla-- al gobierno representativo, aunque la ciudadanía fue solamente otorgada a la elite poseedora y un procedimiento establecido para revisar la Constitución sin envolver al pueblo directamente.

Algunos derechos fueron declarados, pero sin hacer referencia a principios universales. De nuevo fue proclamada la soberanía de la nación, y no la del pueblo. La independencia judicial no fue provista. El Gobierno limitado, la obligación de rendir cuentas del Gobierno y la Constitución cómo máxima ley no fueron decretados en ninguna parte.

Hasta la mitad del siglo XIX, con las dos restantes constituciones colombianas, las de la Nueva Granada de 1832 y 1843, no llegaron cambios significativos, excepto que la soberanía fue aún más transformada y reducida a su significado referente a la política exterior, con relación a otros estados (“La Nación granadina es para siempre esencial e irrevocablemente soberana, libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera” (10), y que las pocas estipulaciones de derechos humanos fueron desterradas al título “Disposiciones generales” (1832) y “Disposiciones varias” (1843), respectivamente.

Aunque ambas constituciones acentuaron la idea de responsabilidad (11), en ambas la fuerza ejecutiva parece haber sido el dueño verdadero de la Constitución con el derecho exclusivo de interpretarla (12).

Continuará

Notas

1. Véase Guzmán Brito, Alejandro, “El vocabulario histórico para la idea de constitución política”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, N° 24, Valparaíso (Chile), 2002, pp. 267 a 316 y 313.

2. Veáse Troper, Michel, “L’Interprétation de la déclaration des droits, L’exemple de l’article 16”, en Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, tomo 8, Hondainville, 1988, pp. 111 a 122. Albertini, Pierre, “Article 16”, en: Conac, Gérard & Debene, Marc & Teboul, Gérard (Eds.), La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Histoire, analyse et commentaires, Paris, Económica, 1993, pp. 331 a 342.

3. Véase generalmente Favoreu, Louis & Loïc, Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10a Ed., Paris, Dalloz, 1999. Adicionalmente Beaud, Olivier, “Les mutations de la Ve République, ou comment se modifie une Constitution écrite”, en Pouvoirs, Revue française d’études constitutionnelles et politiques, N° 99, La nouvelle Ve République, 2002, pp. 19 a 31, 23 y ss. Kimmel, Adolf, “Nation, Republik, Verfassung in der französischen politischen Kultur”, en Gebhardt, Jürgen (Ed.), Verfassung und politische Kultur, Baden-Baden, Nomos, 1999. Schwarze, Jürgen, “Die europäische Dimension des Verfassungsrechts”, en: id. (Ed.), Verfassungsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit im Zeichen Europas, Baden-Baden, Nomos, 1998, pág. 150 y ss.

4. Veáse Mirkine-Guetzevitch, Boris, “La Constitution espagnole de 1812 et les débuts du libéralisme européen (Esquisse d’histoire constitutionnelle comparée)”, en Introduction à l’étude du droit compare, Recueil d’Études en honneur d’Édouard Lambert, 5 tomos, Paris, Recueil Sirey, 1938, tomo 2, pp. 211, 216 a 219. Ferrando Badía, Juan, “Die spanische Verfassung von 1812 und Europa”, en Böckenförde, Ernst-W. et al (Eds.), Der Staat, Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffentliches Recht, tomo 2, Berlín, Duncker & Humblot, 1963, pp. 153 a 180. También Francesco, Antonino de, “La Constitución de Cádiz en Nápoles”, en Iñurritegui, José María & Portillo, José María (Eds.), Constitución en España, Orígenes y destinos, Madrid, Centro de Estudios políticos y constitucionales, 1998, pp. 273 a 286.

5. Artículo 7. Ed. por: Restrepo Piedrahita, Carlos, Constituciones Políticas Nacionales de Colombia, Compilación, 2ª. Ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 21.

6. Título I, sección primera, artículo 2, Constitución de la República de Colombia (1821), Rosario de Cúcuta, Bruno Espinosa, Impresor del Gobierno, 1821.

7. Sin embargo, se integraron algunos derechos fundamentales en el título VIII, disposiciones generales, artículo 156 y ss.

8. Artículo 145, 191.

9. Constitución de la República de Colombia (1830), dada por el congreso constituyente en 1830, 20º de la independencia, reimpresa por orden del poder ejecutivo, Bogotá, Tipografía de Bruno Espinosa, 1831.

10. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de la Nueva Granada, reformada por el Congreso en sus sesiones de 1842 y 1843, Bogotá, Imprenta del Gobierno, por J. A. Cualla, 1843. Idéntico: artículo 3 de la Constitución del Estado de la Nueva Granada, dada por la Convención Constituyente en 1832, 22º de la independencia, Bogotá, Tipografía de Bruno Espinosa, 1832.

11. Artículo 12 de la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, op. cit. artículo 12.

12. Artículo 217 de la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, op. cit., artículo 169-172 de la Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1843, op. cit.

Es profesor de historia de Norteamérica y Gran Bretaña en la Universidad de Kassel, Alemania, fue decano y es director del proyecto internacional The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849, Alemania.

Tomado de: derecho.unal.edu.co

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia