La Gaceta Jurídica

El constitucionalismo moderno y las constituciones tempranas

(Parte final)

Foto: sociedaddebibliofiloschilenos.blogspo.com

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Horst Dippel

00:00 / 04 de noviembre de 2014

El modelo de las constituciones colombianas, con su posición ambigua frente a los esenciales del constitucionalismo moderno, fue seguido cercanamente por Perú, cuyas constituciones mostraron diferencias importantes en solamente dos puntos. Uno de ellos fue la cuestión de la soberanía.

Mientras que las primeras constituciones reconocían la soberanía de la nación (1), tal como fue el caso en Colombia, un cambio substancial llegó con la Constitución de 1826, que afirmó audazmente: “La Soberanía emana del pueblo, y su ejercicio reside en los Poderes que establece esta Constitución” (2).

Aunque las diferencias en la formulación en comparación a la Constitución colombiana de 1821 son notables, los diseñadores de la constitución nuevamente preferían la absurdidad de la cláusula a una declaración clara de sus implícitas consecuencias lógicas.

Porque, si la soberanía realmente emana del pueblo, puede ser transferida pero no puede residir en otra cosa y, particularmente, no en las “fuerzas” obscuras que establecen la constitución, en vez de representantes del pueblo. Esta cláusula, definitivamente, no pudo hacer creer que la soberanía del pueblo fue un principio de la constitución aceptado.

La Constitución ecuatoriana de 1845, cuyas antecesoras habían seguido cercanamente el ejemplo colombiano de declarar la soberanía de la nación, obviamente tomó noticia de la escapatoria verbal peruana mientras intentaba formular de manera lógica la frase: “La soberanía reside en el pueblo, este delega su ejercicio a las autoridades que establece la Constitución” (3).

Esto se puede interpretar como la adopción de la soberanía popular en Ecuador, sin embargo, en Perú, causada por contradicciones internas, había provocado una controversia considerable con la consecuencia que, empezando con el proyecto de 1827, el problema de la soberanía no se abordó en ninguna Constitución peruana de la primera parte del siglo XIX (4).

El caso boliviano

Al contrario, el caso de Bolivia es notable. En el borrador de la Constitución y en la Constitución, ambas de 1826, había adoptado el citado artículo peruano verbatim (reproducción exacta de una sentencia).

Con su Constitución de 1831, no obstante, al final había logrado liberarse de la estipulación absurda, pero solamente para “imprecisar” las cosas a su propia manera: “La soberanía reside esencialmente en la Nación; y a ella sola le toca el derecho exclusivo de dictar, derogar e interpretar sus leyes, conforme a esta Constitución” (5).

Este artículo se debería leer junto con este otro: “La Nación delega el ejercicio de su soberanía en los tres altos poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial” (6).

Cuando las tres ramas del Gobierno tienen poder soberano, los tres a la vez parecen ser los guardias de la Constitución. El Poder Judicial, no obstante, fue excluido inmediatamente, solo el Senado fue autorizado a iniciar leyes “que repriman las infracciones de la Constitución hechas por los magistrados, jueces, empleados civiles, eclesiásticos y militares” (7).

Si los jueces eran candidatos a infringir la Constitución, parece lógico que el Tribunal Supremo no tuviera jurisdicción en cuestiones constitucionales y que la independencia judicial no fuera decretada (8).

En lo que respecta a las dos ramas restantes, la ejecutiva no podía iniciar leyes para reformar la Constitución y el Poder Legislativo fue autorizado para sobreponer su veto a cualquier ley (9).

De estas estipulaciones, parece dudoso concluir que en el último recurso la Asamblea Legislativa fue el guardia de la Constitución, como que el Consejo de Estado con el voto decisivo del presidente de la república pudiera “[v]elar sobre la observancia de la Constitución, e informar documentadamente al Cuerpo Legislativo sobre las infracciones de ella” (10).

En vista de este artículo, se puede dudar si el Senado podía tomar la iniciativa según el artículo 43.3 antes de ser informado por el Consejo de Estado de hacerlo. Las mismas dudas aparecen respecto al derecho del Poder Legislativo a pasar resoluciones mayoritarias para reformar la Constitución: “Antes de esta resolución, se consultará por las Cámaras al Consejo de Estado y al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia y necesidad de la reforma” (11).

Si el Presidente rechazaba el proyecto, la Constitución no proveía un remedio, dejando la fuerza ejecutiva suprema a pesar del artículo 8.

Las constituciones consecutivas de Bolivia fueron aún más ambiguas. La constitución de 1843 prácticamente no introdujo cambios con relación a estos aspectos.

En 1839, como en 1843, fue retenido el ambicioso artículo sobre la distribución de la soberanía dentro del sistema de la separación de poderes (12). En 1839, sin embargo, el Consejo de Estado fue abolido y la responsabilidad por la Constitución fue transferida consecuentemente a la ejecutiva, aunque, sin tomar precauciones para instigar al Poder Legislativo a emprender pasos necesarios (13).

En tanto que el Presidente podría insistir en su interpretación de la Constitución, la sección XXIII transfirió el derecho exclusivo de interpretar y reformar la Constitución a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras (14).

En 1843 la nueva Constitución intentó disolver estas contradicciones con un Consejo Nacional creado nuevamente, supuesto él mismo a tener una mayoría para controlar que la Constitución fuera observada y que, en caso contrario, se lo reportara a la fuerza ejecutiva para, entonces, poder pedirle a la fuerza legislativa la toma de medidas adecuadas (15).

Con el resto sin cambiar, el carácter de las constituciones bolivianas hacia los principios del constitucionalismo moderno siguió siendo ambiguo, sumándose así a la situación política ya inestable del país.

El segundo punto de diferencia entre las constituciones peruanas y colombianas no fue menos controversial: se trata de la independencia judicial. Las Bases de la Constitución peruana habían sido inequívocas: “El poder judicial es independiente. Los jueces son inamovibles y de por vida” (16).

La estipulación fue repetida en su esencia por el borrador de una Constitución de 1827 (17), la Constitución de 1828 (18), el borrador de una Constitución de 1833 (19) y la Constitución de 1834 (20). Sin embargo, en la Constitución de 1823 solamente la segunda frase de la cláusula de las Bases fue repetida (21), mientras que las constituciones de 1826 y de 1839 ignoraron la estipulación por completo.

Contrario a Perú, las constituciones ecuatorianas habían guardado silencio respecto a la cuestión de la independencia judicial, pero, al contrario de unas constituciones colombianas, la Constitución de 1845 había establecido que solamente el Consejo podía interpretar y dar sentido a la Constitución en casos dudosos (22).

Al mismo tiempo, había adoptado la antigua idea peruana de que la soberanía había sido transferida a la Constitución y declaró a la Constitución como ley suprema: “Ninguna ley que se oponga a esta Constitución tendrá efecto” (23).

Es difícil imaginar cómo esta declaración ambiciosa podía tener sentido, ya que en este caso a la fuerza judicial no le fue dada competencia y tampoco se decretó independencia judicial.

Fue una declaración falaz, ya que solo al Consejo que había hecho la ley le fue permitido declarar su inconsistencia con la Constitución.

Las constituciones de las cuatro repúblicas andinas documentan una posición frente a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, que es diferente a la oposición fundamental de la política europea de la restauración, pero que puede ser descrita, por lo menos, como un acercamiento conservador muy restringido, rechazando casi todos sus elementos esenciales, excepto la separación de poderes y el gobierno representativo por el beneficio de la élite gobernadora y modificada ligeramente en algunas constituciones de Perú, Ecuador y Bolivia.

Sin embargo, no fue una posición necesariamente compartida en alguna de las otras antiguas colonias españolas. Sucedieron opciones diferentes y, para demostrar la gama de posibilidades tomadas respecto a las esenciales del constitucionalismo moderno, puede ser apropiado escoger como ejemplo a la República federal de Centro-América.

Ya el preámbulo de su primera Constitución de 1824 insistió en los “derechos soberanos” del “pueblo de Centro-América” y su primer artículo proclamó: “El pueblo de la República federal de Centro-América es soberano e independiente” (24). El Gobierno fue proclamado “popular, representativo, federal” (25).

La separación de poderes y la obligación de rendir cuentas del Gobierno fueron provistas, un catálogo de derechos humanos fue establecido y reglas para reformar la Constitución que envolvieron el pueblo fueron fijadas (26).

La subsiguiente Constitución de Costa Rica --uno de los Estados miembros de la Federación-- de 1825, adicionalmente, se refirió a principios universales y declaró la Constitución suprema: “Toda Ley que viole los sagrados derechos del hombre y Ciudadano, declarados en los artículos precedentes, es injusta y no es Ley” (27).

Para esforzar este artículo (28) fue establecido un consejo especial (Poder conservador), cuya responsabilidad fue sancionar o rechazar leyes.

Guatemala, para escoger otro Estado miembro de la federación central-americana, al principio parece haber sido semejante al ejemplo colombiano, respecto a la adopción de los principios del constitucionalismo moderno, mientras que su Constitución de 1845 fue notablemente semejante al estilo boliviano con todas sus ambivalencias.

Sin embargo, un borrador de Constitución de 1847 documenta que los principios esenciales del constitucionalismo moderno no solamente fueron conocidos, sino que también tuvieron sus adherentes en países latinoamericanos:

“Ningún individual, ninguna reunión parcial, ninguna fracción del pueblo se puede atribuir la soberanía que solamente reside en la universalidad de los ciudadanos”. Esta no fue la Constitución jacobina de 1793, pero sonaba casi como ella. “Ejercen la soberanía del pueblo los individuos elegidos por él o por sus apoderados para darle leyes y gobernarlo” (29).

Siguieron los derechos humanos, los principios universales, la separación de poderes, el Gobierno representativo, la obligación del Gobierno de rendir cuentas, un poder constituyente independiente de la indulgencia de la ejecutiva, y la Constitución como máxima ley.

Apenas cada segunda constitución latinoamericana en ese tiempo contenía más de los diez principios del constitucionalismo moderno que este borrador guatemalteco. 

Resumen

Para concluir, y sin el intento de ahondar más en las sutilezas y complejidades de las tempranas constituciones latinoamericanas, el tratado debía haber servido a dos propósitos principales: primero, explicar el constitucionalismo moderno como fenómeno universal basado en una serie de principios fijos y definidos y, segundo, con la ayuda de un número restringido de ejemplos de diferentes países latinoamericanos, documentar las diferencias de su reacción a los desafíos emanados de ellos y a las maneras cómo estos desafíos fueron recibidos.

No fue un intento de explorar toda la variedad y la exención del rechazo o de la adopción de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno en todos los países latinoamericanos hasta la mitad del siglo XIX, tampoco un reclamo para contribuir a la historia constitucional de estos países o de uno de ellos. Científicos más cualificados que yo han hecho esto en el pasado y lo harán en el futuro.

Todo lo que yo puedo esperar es animar a los investigadores del presente y del futuro a mirar esta historia desde una perspectiva diferente a la que están acostumbrados y a explorar las bases del ascenso global del constitucionalismo moderno en esta parte del mundo, para establecer las diferencias manifiestas en las variedades norteamericanas y europeas y la contribución particular de América Latina a la evolución del constitucionalismo moderno.

Notas

1. Véase artículo 2, en: Bases de la constitución política de la República Peruana, Lima, Imprenta del Gobierno, 1822, p. 10.

2. Artículo 8 de la Constitución para la República Peruana, Lima, Imprenta de la Libertad, por José María Masías, 1826. Idéntico: artículo 7 del Proyecto de Constitución para la República de Bolivia y discurso del Libertador, Lima, Imprenta republicana administrada, por José María Concha, 1826.

3. Artículo 2 de la Constitución de la República del Ecuador dada en 1845 por la Convención nacional reunida en Cuenca, Quito, Imprenta de Gobierno, por Juan Campuzano, 1846.

4. Véase Proyecto de Constitución política presentado al Congreso jeneral (sic.), por la comisión respectiva el 27 de octubre de 1827 y mandado a imprimir por orden del mismo Congreso, Lima, Imprenta de la instrucción primaria, por J. Hurley, 1827.

5. Artículo 2 de la Constitución política de la República Boliviana, La Paz, Imprenta del Colegio de Educandas, administrada por Manuel V. del Castello, 1831.

6. Artículo 8 de de la Constitución política de la República Boliviana (1831), op. cit.

7. Artículo 43.3 de la Constitución política de la República Boliviana (1831), op. cit.

8. Véase artículos 104 a 113 de de la Constitución política de la República Boliviana (1831), op. cit.

9. Véase artículos 48 y 53 a 57 de de la Constitución política de la República Boliviana (1831), op. cit.

10. Artículo 98.3 de la Constitución política de la República Boliviana (1831), op. cit.

11. Artículo 148 de la Constitución política de la República Boliviana (1831), op. cit.

12. Artículo 17 de la Constitución política de la República Boliviana, sancionada por el Congreso General Constituyente de 1839, Sucre, Imprenta de la Ciudad, 1839. Artículo 13 de la Constitución política de la República Boliviana, sancionada por la Convención Nacional de 1843, Sucre, Imprenta de Beeche y Compañía, 1843.

13. Artículo 77.2, de la Constitución política de la República Boliviana (1839), op. cit.

14. Artículos 143 a 147 de la Constitución política de la República Boliviana (1839), op. cit.

15. Véase artículos 61 a 71 de la Constitución política de la República Boliviana (1843), op. cit.

16. Artículo 17 de las Bases de la constitución política, op. cit., p. 17.

17. Artículo 102 del Proyecto de constitución (1827), op. cit., p. 24.

18. Artículos 103 y 104 de la Constitución para la República Peruana, dada por el Congreso general constituyente el 18 de marzo de 1828, Lima, Imprenta de José Masias, 1828.

19. Artículos 112 y 113 del Proyecto de reforma de la Constitución Política de la República Peruana, presentado a la convención por la comisión nombrada al efecto, Lima, Imprenta del constitucional, por Lucas de la Lama, 1833.

20. Artículos 107 y 108 de la Constitución política de la República Peruana, dada por la Convención nacional el día 10 de junio de 1834, Lima, Imprenta del Constitucional, por Lucas de la Lama, 1834.

21. Artículo 97 de la Constitución política de la República Peruana, jurada en Lima el 20 de noviembre de 1823, Lima, Imprenta del Estado por J. González, 1825.

22. Artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador (1845), op. cit.

23. Artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador (1845), op. cit.

24. Preámbulo y artículo 1 de la Constitución de la República federal de Centro-América de 1824, Guatemala, J. J. de Arév, 1824. También publicada en: Mena Brenes, Marco A. (Comp.), Colección de Constituciones de Costa Rica, Del Pacto de Concordia a la Constitución Política de 1949, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional, 2000.

25. Artículo 8 de la Constitución de la República federal de Centro-América de 1824, op. cit.

26. Títulos IV-XI, XV, sección 1 de la Constitución de la República federal de Centro-América de 1824, op. cit.

27. Artículo 8 de la Ley Fundamental del Estado libre de Costa-Rica, San Salvador, Imprenta del Gobierno, 1825.

28. Artículo 68, Ley Fundamental del Estado libre de Costa-Rica, op. cit.

29. Artículo 4 y 5. Véase también artículo 24, en: Proyecto de Constitución para la República de Guatemala, presentado al Supremo Gobierno en Julio de 1847 por la comisión encargada de formarlo de orden del mismo Supremo Gobierno, Guatemala, Imprenta de la Paz, 1848.

Es profesor de historia de Norteamérica y Gran Bretaña en la Universidad de Kassel, Alemania, fue decano y es director del proyecto internacional The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849, Alemania.

Tomado de: derecho.unal.edu.co

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