La Gaceta Jurídica

Una consulta muy complicada

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 09 de marzo de 2012

El tema referido al camino carretero que debería atravesar el ahora famoso Tipnis no solo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno, sino que ha llegado a mostrar una serie de aristas realmente sorprendentes.

La “consulta” como tal, es una figura inicialmente en el texto del artículo 11 de la Constitución Política del Estado (cpe) vigente. Según el mismo inciso 2.I, aquella es parte del ejercicio de la democracia directa y participativa. Ese texto constitucional ya se refiere en concreto a la CONSULTA PREVIA.

Más adelante, el capítulo iv de la misma cpe, en el tema referido a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, en el artículo 30 anota: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en PARTICULAR A TRAVÉS DE SUS INSTITUCIONES cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, SE RESPETARÁ Y GARANTIZARÁ EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, OBLIGATORIA, realizada por el Estado, de BUENA FE Y CONCERTADA, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Ese artículo, para nosotros absolutamente claro y terminante, ha pasado a ser la semilla de la discordia y ha acabado por merecer una larga serie de interpretaciones. Todo ¿por qué? Sencillamente porque de entrada el Gobierno cometió el error de no respetar la CONSULTA PREVIA. El problema avanzó hasta niveles de conflicto nacional, porque cuando los indígenas que habitan el respectivo territorio, al margen de si son todos o una parte, comenzaron una tarea de oposición terminante a la construcción del camino.

Recién entonces la ciudadanía acaba enterándose de que el famoso camino carretero ya había avanzado en dos de sus tres tramos y que en cuanto al más polémico (el segundo) no se tenían siquiera los respectivos estudios ambientales. Se trataba, además, desde hace mucho tiempo y por normas concretas, de un territorio protegido como parque nacional y, para colmo de males, de tierras que en su mayoría se otorgaron mediante la respectiva titulación, a los respectivos comunarios los que pasaron a ser los propietarios legales de aquellas.

La presión ejercida por aquella, con el respaldo mayoritario de la opinión pública, acaba obligando al Congreso a dictar una Ley que declara la intangibilidad del Tipnis. O sea, se va al otro extremo de prohibir todo, pero la consulta sigue sin existir.

La Constitución sigue incumplida. Pero, casi a continuación, se dice que aquella Ley fue producto de la “presión popular” y que era “inconstitucional”. Como si la presión fuera argumento para anular leyes y la inconstitucionalidad de las mismas fuera producto de lo que algunos asambleístas decidieran por cuenta propia.

No obstante, al final se dicta una nueva Ley, disponiendo se realice la consulta, la misma que es rechazada por los indígenas del Tipnis. Uno de los dirigentes que apoyó a aquellos llegó a afirmar que esta segunda Ley estaba abrogando en forma tácita la primera, lo que no es correcto, porque la figura de la abrogación no puede ser sino directa y expresa.

En consecuencia, paradógicamente, se ha dado la existencia de dos leyes contrapuestas una con la otra. Por otra parte, ninguna de ellas cumple a cabalidad los preceptos constitucionales. En medio de este enredo, hace poco se han presentado dos acciones abstractas de inconstitucionalidad contra las dos leyes. En ambos casos, los accionantes han sido diputados de la oposición y del oficialismo.

Cuando se estaba frente a ese panorama, un alto dignatario de Estado criticaba la acción de inconstitucionalidad contra la segunda ley que aprobó la consulta, destacando que la democracia era consulta y ésta, a su vez, era democracia.Hemos señalado al comienzo de este análisis que el texto de la Constitución en vigencia considera a la “consulta previa” como una figura o instrumento de la democracia directa y participativa, o sea una forma o manera en que aquella se manifiesta. Pero de aquí a considerar que la consulta “es” democracia y viceversa, hay bastante distancia.

Por otra parte, muchos legisladores e incluso un spot televisivo, acabaron insistiendo en que la consulta era “legal”, que se habían cumplido todos los pasos previos para la misma y que esa figura aprobada por Ley estaba dentro del marco no solo de los tratados y convenios internacionales, sin que, además, se acomodaba al texto de la CPE.

En esos detalles ningún parlamentario tiene competencia para darlos por cumplidos. El único órgano del Estado que puede declarar la inconstitucionalidad o no de una Ley es el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp).

Si existiera plena seguridad de todos, moros y cristianos, de que las leyes dictadas hasta el  momento son un verdadero ejemplo de virtudes, entonces nos preguntamos para qué se han presentado las respectivas demandas abstractas de inconstitucionalidad.

¿No es esto, finalmente, dejar que la última palabra en el tema, la señale ese Tribunal? ¿No es acaso éste un caso de lo que el artículo 108 de la Ley del Tribunal Constitucional considera como INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS CONEXAS?

Sin embargo, existe un tema nuevo que pensamos que el Tribunal Constitucional deberá resolver en forma previa. Entre quienes están “legitimados” para presentar la acción abstracta de inconstitucionalidad están los parlamentarios. Pero, sobre todo, en cuanto a la primera Ley, ¿cómo puede admitirse la personería de una senadora del oficialismo, que ya votó a favor del texto legal, en el segundo caso y también en el primero? O sea, ¿primero aprueba la Ley y luego la impugna? ¿Es esto congruente? ¿Es ético? Habrá que esperar qué es lo que pasa.

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