La Gaceta Jurídica

El control social de Misicuni

¿Dónde está?

La amplia participación institucional no controla la inconclusa obra.

La amplia participación institucional no controla la inconclusa obra. Foto: blogs.iadb.org

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 15 de abril de 2014

El domingo 6 de abril el matutino Los Tiempos ha publicado un especial sobre el Proyecto Múltiple Misicuni, abordando reflexiones y recabando aportes desde diferentes puntos de vista, tanto económicos y técnicos, hasta sociológicos y jurídicos sobre el sueño regional que, según se estima, supera los 200 millones de dólares invertidos.

Este aporte periodístico, sin lugar a dudas, constituye un buen referente para entender cómo ha sido llevado adelante el proyecto, con engaños, promesas falsas, deficiencias técnicas, logísticas, administrativas y hasta delitos, obviando un tema trascendental como es el referido al control social. En efecto, después de la Guerra del Agua, y como resultado de las muchas críticas a la vieja partidocracia y la manera discrecional de ejercer el poder, en ámbitos teóricos y académicos del país se ha posicionado con mucha fuerza la idea y el concepto de control social.

Se trata de un dispositivo de la democracia directa y participativa destinado a generar un contrapeso social en el ámbito institucional, también con el propósito de renovar la legitimidad democrática y transitar hacia una democracia “exigente” donde se “manda obedeciendo” y se responsabiliza, controla y sanciona desde un “ámbito externo” y permanente a los gobernantes.

En Bolivia, la actual Constitución Política del Estado (cpe) ha generado un compromiso evidente con la propuesta de control social, incorporando además otros conceptos como el de trasparencia (artículos 8, 93, 115, 180, 213, 235.5 y 234); el acceso a la información (artículos 21.6, 24, 106, 130, 237 y 321); la rendición de cuentas (artículos 93 y 235.4); la lucha contra la corrupción (artículos 28, 108.8, 112, 123, 231.8 y 321) y la ética (artículos 231.1, 298,13, 339); etc.

Todo esto en un esfuerzo inédito para combatir lo que Cesar Soto define como la cultura del secreto: “El secreto es la esencia del poder. Los antiguos lo llamaban arcana imperi, no sólo en cuanto a aquello que se ocultaba, sino en tanto discurso del poder instituyente de sus códigos y decisiones, arbitrarios en sí, pero obligatorios para todos. A pesar de todos los seculares esfuerzos de la tradición filosófica iluminista y liberal republicanas, persisten múltiples zonas de sombra en la cercanías del corazón del Estado, la economía y la guerra, donde lo público permanece secreto”

En el caso Misicuni se evidencia que su Estatuto Orgánico incorpora de modo ejemplar y decidido esta idea de control social, al punto que el artículo 9 del citado documento prevé la conformación de una suerte de “directorio ampliado” con participación social de diversas instancias, como ser: a) un representante de la Gobernación; b) uno de Semapa; c) uno de Ende; d) uno del Ministerio del Agua; e) uno de la Alcaldía Municipal de Cercado; f) uno del Ministerio de Planificación del Desarrollo; g) uno del Comité Cívico; g) uno de los municipios de Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe; h) Seis representantes de las organizaciones regantes y sistemas de agua potable de todos esos municipios; i) uno de Aciscasur; j) uno de Fejuve, de los Comités de Vigilancia y de las centrales campesinas del Valle Central; es decir, prevé la conformación de una directorio inédito en la institucionalidad pública en Bolivia, con amplia y sentida participación social.

El problema, empero, radica justamente ahí: si bien existe un directorio “amplio” y con marcada participación y control social, en los hechos, ninguna de estas instancias, técnicas (Ende, Ministerio del Agua, etc.) ni sociales (Aciscasur), ha tenido la habilidad, pericia ni inteligencia suficiente para controlar, fiscalizar ni evitar los problemas que ahora atraviesa Misicuni; es más, el control social ni siquiera se ha pronunciado sobre los hechos irregulares detectados en la empresa y que han sido denunciados por Carlos Crespo Flores, entre otros. ¿Ignorancia o complicidad?

Esa es una muestra de que en Bolivia, a veces, todo cambia para dejar las cosas intactas.

Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS).

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