La Gaceta Jurídica

La corporativización legislativa

Ley minera:

 Los cooperativistas mineros y el Gobierno en el periodo de dengociación.

Los cooperativistas mineros y el Gobierno en el periodo de dengociación. Foto: mineria.gob.bo

Arturo D. Villanueva Imaña

00:00 / 13 de mayo de 2014

Traición a la patria”, esa fue la definición que el presidente Evo Morales utilizó con respecto a los contratos mineros dolosos que se habían firmado para favorecer intereses privados y sectoriales contraviniendo lo establecido en la Constitución Política del Estado (cpe). El revuelo fue nacional.

Sucede que bajo el amparo del Código Minero ultraliberal aún vigente, y a pesar de lo que establece la nueva cpe, durante estos años se había dado continuidad e, inclusive, firmado nuevos contratos que evadieron el control estatal. Es más, se mantuvo un carácter ilegal al no cambiar el estatus original que se reconoció a las cooperativas para mantener las ventajas, facilidades y exenciones que se les había reconocido, siendo que ya existían nuevas obligaciones y otra figura contractual que debería haber sido establecida.

Como si no fuese suficiente, este tipo de actividad minera tiende a desplazar y anular la responsabilidad y competencia del Estado en el control y manejo de los recursos naturales estratégicos para apropiárselos y usufructuarlos en beneficio particular y privado (principalmente transnacional).

Para corregir semejante situación, finalmente se impuso la iniciativa de negociar y concertar acuerdos con los propios cooperativistas que habían propiciado la elaboración de una ley a todas luces inconstitucional, que además respondía a intereses antinacionales y privados. La consigna fue: adecuar a la Constitución los artículos observados.

Esta modalidad de encarar los conflictos se produjo a pesar de que en el gobierno había corrientes orientadas a “volver a fojas cero” y revisar el conjunto de la norma atendiendo la demanda y los planteamientos de sectores sociales que expresaban repudio ante la intención de aprobar una norma estratégica de estas dimensiones, sólo con el acuerdo de un sector muy proclive a defender los intereses privados.

Prevaleció el practicismo perverso de negociar y contentar intereses corporativos sectoriales (pretendiendo obtener a cambio réditos electorales) sobre el interés y la participación nacional del conjunto de los sectores sociales, lo que aseguraría la definición de políticas de largo plazo en beneficio nacional.

Sin embargo, en ningún momento se tomó en cuenta que la adecuación constitucional de los artículos observados resultaba insuficiente para corregir las observaciones y planteamientos que ya se habían hecho conocer, por la sencilla razón de que la ley minera propuesta responde y da continuidad al enfoque, modelo y concepto ultraliberal del Código minero vigente, aprobado por el gobierno de Sánchez de Lozada.

Es decir, se encuentra en franca contradicción con los principios y el modelo establecido en la Constitución. Es más, responde al conjunto de malas prácticas laborales, medio ambientales, sociales, impositivas y privatizadoras de los recursos naturales que se vienen ejerciendo (y se han constituido en un “habitus”) como resultado del modelo neoliberal que se impuso hace décadas. Lo que se pretende reproducir no es otra cosa que un sistema de explotación que va en contra de los derechos de la Madre Tierra, de la defensa y soberanía sobre los recursos naturales, porque es extremadamente extractivista y sobreexplotador de la fuerza de trabajo y recursos minerales y tiende a desnacionalizar nuestros recursos a favor de intereses privados y transnacionales.

Para mencionar algunos ejemplos que demuestran la persistencia de un modelo antinacional e inconstitucional y a pesar de las (supuestas) adecuaciones acordadas con cooperativistas y organizaciones de regantes que ha sido posible conocer, tenemos:

1. En el afán de favorecer la iniciativa y los emprendimientos mineros privados, no sólo se otorga derechos preferenciales que se sobreponen y prevalecen sobre los derechos humanos, agrarios, ambientales e indígenas, dando lugar a la conformación de ciudadanos y colectividades de primera y segunda categoría, sino que inclusive se mantiene la penalización de “todo acto que impida el ejercicio del derecho minero”, sometiendo de esta forma al Estado a una condición de tramitador y facilitador de los intereses y demandas de la iniciativa minera privada.

Ver los artículos 99 y 100 sobre derechos de protección y seguridad jurídica, amparo administrativo. Arts. 107, 108 y 109, derechos de uso sobre recursos del área, derechos de paso en áreas superficiales y derecho de aprovechamiento de superficie. Art. 227, actividades mineras en áreas protegidas.

2. El conjunto de la norma da cuenta del carácter privatista y desnacionalizador de los recursos naturales mineros para entregarlos a favor de la iniciativa privada (nacional o extranjera) por medio de la adecuación y actualización de diversas modalidades de contrato a la normativa vigente, incluyendo, por ejemplo, las previsiones para facilitar el aprovechamiento y desvío de cursos de agua natural (tan esenciales para la producción y la seguridad alimentaria, así como el uso ciudadano) para actividades mineras (Art. 112).

3. Premia la impunidad y otorga un perdonazo a todos los daños y pasivos ambientales, porque, al no existir ninguna obligación de realizar una auditoría ambiental de línea de base que constituye la única forma de establecer fehacientemente los daños y pasivos medio ambientales que deberían mitigarse, remediarse y rehabilitarse, según corresponda, no existe ningún mecanismo que obligue a reparar los daños causados.

Peor aún, cuando se determina la obligación de actualizar y adecuar a la nueva normativa las concesiones, contratos y emprendimientos mineros existentes, porque al argüir la inexistencia de una auditoría ambiental, todos los empren- dimientos mineros que ya hubiesen provocado daños socio ambientales en los mismos sitios donde trabajan quedarán libres de cualquier responsabilidad (ver art. 226. Responsabilidad ambiental).

Valgan estas reflexiones para evitar que prevalezca una especie de derecho corporativo por el que se aprueba leyes “a medida”, anulando y desoyendo el mandato popular y el interés nacional. En ese marco, la traición a la patria adquiere un nuevo sentido.

Es sociólogo.

Tomado de: bolpress.com

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