La Gaceta Jurídica

La corrupción en Petrobras

…la corrupción provoca un costo social en la medida en que las decisiones son ejecutadas por funcionarios públicos sin tomar en cuenta las consecuencias adversas…

Petrobras

Petrobras FOTO: mendozapost.com

La Razón (Edición Impresa) / William Herrera Áñez*

00:00 / 20 de marzo de 2016

La  condena al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, pone de manifiesto la firme voluntad del poder judicial del vecino país de luchar efectivamente contra la delincuencia de “cuello blanco”.

Según el juez Sergio Moro, existen las pruebas suficientes de que el grupo empresarial sobornó a los ejecutivos de la empresa petrolera de Brasil, Petrobras.

La singularidad de esta resolución radica en que, a diferencia de nuestro país, en Brasil la justicia es independiente e imparcial y ha tenido la capacidad y eficiencia de haber condenado en tiempo récord no solo a la cabeza de este grupo empresarial, Odebrecht, sino que tiene en la mira nada menos que al exmandatario Ignacio Lula Da Silva.

Es la primera vez en la historia judicial brasileña que se pone al rojo vivo un escándalo de proporciones, no solo por los montos de dinero que se habría pagado a ejecutivos de Petrobras y a prominentes dirigentes políticos del entorno palaciego de Lula, sino que evidencia lo que es capaz la corrupción y los efectos devastadores de este cáncer social.

A este grupo empresarial se le atribuye el desvió de más de 2.000 millones de dólares de la petrolera y evidencia que al interior de la emblemática empresa brasileña existe un “estado de corrupción” o cultura general permisiva que se encarga de fomentar las prácticas corruptas.

Esta cultura permisiva no solo expande los efectos de la corrupción, sino que la convierte en un mal endémico, donde toda la organización corrupta tiende a influir en la conducta de las personas que la integran y, las que no participan, aunque sea como cómplice pasivo, se podrían ubicar en una situación de riesgo laboral.

Lo evidente es que las prácticas corruptas, sus diferentes formas y maneras no son privativas de ningún país en particular, antes, al contrario, se encuentran –como las enfermedades– en todas partes del mundo.

En efecto, este fenómeno se ha convertido en una amenaza global que socava la legitimidad de las instituciones, atenta contra la sociedad, el orden y el desarrollo sostenible e integral de los pueblos.

En todo caso, los vínculos entre la corrupción, la delincuencia organizada y sus múltiples manifestaciones como el blanqueo de dinero, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, etc., ponen en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas, el desarrollo y el respeto a la ley, a la seguridad y a vivir en paz.

Las prácticas corruptas, en realidad, se encuentran globalizadas y socavan tanto las estructuras del sistema capitalista como del sistema socialista. Dadas sus múltiples manifestaciones, han dejado de ser un problema nacional y regional para convertirse en un “cáncer” general que degrada sistemáticamente las instituciones sociales y los valores esenciales de nuestra civilización.

Tal es la gravedad de este fenómeno social que la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organización de los Estados Americanos (oea) –por separado– no solo han condenado las prácticas corruptas y exhortado a los Estados para que adopten disposiciones legislativas idóneas, sino que han denunciado los problemas que plantea la corrupción para la estabilidad política e institucional, la seguridad de las sociedades y el imperio de la ley.

Para Naciones Unidas, la corrupción constituye un fenómeno universal que afecta a todas las sociedades y economías y, al mismo tiempo, demanda la cooperación internacional para prevenir y luchar contra sus causas y múltiples consecuencias.

El sistemático trabajo de la onu pone de manifiesto no solo la gravedad del problema, sino también la necesidad de tomar conciencia de los riesgos que suponen las prácticas corruptas y advierte que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.

La corrupción generalizada distorsiona y contamina el sistema político y el sistema económico-financiero –reduciendo la efectividad y calidad de las políticas económicas– y tiene efectos negativos en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de la población.

Aparte de sus connotaciones éticas y sociales, la corrupción provoca un costo social en la medida en que las decisiones son ejecutadas por funcionarios públicos sin tomar en cuenta las consecuencias adversas (externalidades negativas estáticas y dinámicas) que ellas tienen sobre la comunidad.

La corrupción, no cabe duda, trastoca, invierte y contamina los valores esenciales como la transparencia, la hones- tidad, la vocación de servicio, etc.

*    Es jurista, autor de varios libros y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC).

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