La Gaceta Jurídica

Contra la corrupción

La ciudadanía espera resultados inequívocos sobre el hecho delincuencial que incluye tipificaciones de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón de cargo y uso de influencia, entre otros posibles…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 04 de diciembre de 2012

La semana pasada, el ambiente político se vio caldeado por el destape de una red de corrupción manejada por algunos funcionarios del dos ministerios de Estado, lo que tendrá todavía repercusiones por bastante tiempo, pues se trata de un problema que debe ser aclarado no sólo para que se sancione como corresponde a los responsables, sino porque se trata de una práctica todavía endémica en nuestro sistema administrativo estatal, departamental y local, que, de ser castigado, servirá de antecedente para que no ocurra otra vez situaciones similares.

La trama en cuestión incluye amenazas a un juez para que no actúe con las garantías constitucionales del debido proceso por las sindicaciones a un ciudadano estadounidense acusado de legitimación de ganancias ilícitas, debido a que dos empleados suyos están vinculados a un caso relacionado con el narcotráfico; el juez nombrado ahora es acusado de obedecer a presiones de los destituidos abogados del Ministerio de Gobierno, quienes le habrían exigido revocar un fallo a favor del extranjero.

Pero el entramado de sucesos no queda allí, pues las pesquisas del Grupo de Investigación de Casos Especiales (Gice) han logrado identificar como parte de este bochornoso hecho a personas particulares, empresarios de ingenios, administradores de justicia y varios empleados estatales, quienes operaban en torno a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico, por lo que pudieron hacerse de bienes confiscados y dinero producto de extorción. Varias de estas personas acusadas se encuentran ahora detenidas y prestando las declaraciones pertinentes.

Al respecto, las reacciones han sido muchas, desde la crítica de la población hasta las intenciones manifiestas de asambleístas del Legislativo para que esto sea aclarado; entre las demandas se encuentra la conformación de una llamada “comisión de la verdad” que sea integrada por diputados y senadores del oficialismo y oposición con facultades de ministerio público, lo cual fue visto con buenos ojos por el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien fue el denunciante principal de este caso que tiene involucrados a ex funcionarios de su cartera.

En todo caso, mientras el proceso continúa y la ciudadanía espera resultados inequívocos sobre el hecho delincuencial que incluye tipificaciones de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón de cargo y uso de influencia, entre otros posibles, es valorable la actitud del Ministro que ha mostrado apertura para la comisión parlamentaria y ha anunciado garantías del Estado para que las personas afectadas por la red de extorsión puedan hacer otras denuncias que pudieran existir.

Por otra parte, se debe subrayar que el caso ha sido denunciado con carácter público y no escondido en instancias institucionales, dando una nueva muestra de que existen intenciones y acciones concretas para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esto no significa que la población esté convencida de que es único caso de estas características, sino que es presumible que concurren otros de dimensiones menores o mayores que también deben ser desbaratados, caso contrario, esta debilidad aún notoria en el Estado continuará como lo hace desde por lo menos los últimos cien años de la historia patria.

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