La Gaceta Jurídica

Los crímenes contra la humanidad

Justicia Universal

Muchos de  los crímenes contra la humanidad no son juzgados por la falta de tribunales que los alcancen.

Muchos de los crímenes contra la humanidad no son juzgados por la falta de tribunales que los alcancen. Foto: desdeabajo.org.mx

María Jesús Moya Martínez

00:00 / 20 de marzo de 2015

El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra constituyen crímenes internacionales, consisten en conductas dirigidas a exterminar un determinado grupo humano o a someter a sus miembros a sufrimientos o torturas que denigran su dignidad humana, negándoles su derecho a existir por razones tan absurdas como su etnia, raza, sexo, condición sexual, religión o ideología.

Los responsables de estas atrocidades confían en la impunidad que les conceden sus propios Estados porque, o bien dirigen sus gobiernos o bien actúan por orden y con el beneplácito de sus gobernantes.

En la segunda mitad del siglo XX, el Derecho Internacional de Derechos Humanos contra la impunidad de estos crímenes se desarrolló por motivo de determinados acontecimientos que estremecieron a la comunidad internacional: los horrores del nazismo, revelados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y los sucesos de Ruanda y Yugoslavia, al final del siglo.

Estos acontecimientos históricos determinaron a la comunidad internacional a celebrar convenios inter- nacionales que consagran los derechos humanos y sancionan las conductas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ejemplo, el Convenio Internacional de Derechos Humanos (1948), la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de la onu y el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros.

Estos delitos son llamados crímenes internacionales contra la humanidad no porque sean delitos extranjeros, sino porque ofenden valores comunes a todos los ciudadanos del mundo. Ningún ciudadano querría ser recluido en un campo de exterminio ni desearía que las mujeres de su familia fueran sometidas, por ejemplo, a violaciones, embarazos o esterilizaciones forzadas, prostitución o esclavitud sexual.

Nadie querría que sus hijos fueran reclutados como “niños soldados” o asesinados en un conflicto armado extranjero mientras prestan asistencia humanitaria con Cruz Roja Internacional, por ejemplo. La guerra de Yugoslavia (1992-1995) en Europa enseñó que estas desgracias pueden pasarle a cualquiera.

Este desarrollo del Derecho Internacional de Derechos Humanos llevó a la formulación del principio jurídico de justicia universal. Este principio consuetudinario de Derecho Internacional permite que un tribunal nacional persiga estos crímenes aunque sean cometidos fuera de sus Estados y cualquiera que sea la nacionalidad de los responsables de los mismos y de sus víctimas.

Esta estrategia resulta especialmente útil porque permite desarrollar estrategias comunes para impedir la creación de Estados refugios que acojan a los mismos. Esta jurisdicción universal permitió apresar y enjuiciar a criminales serbios, croatas y ruandeses que estaban en el territorio de la Unión Europea (ue) y ponían el riesgo la seguridad de su espacio.

El principio de justicia universal se encuentra en sempiterna lucha contra el principio de soberanía estatal, también un principio consuetudinario de Derecho Internacional. Esta soberanía es invocada por los Estados para limitar aquella injerencia de la justicia externa que pretenda limitar la inmunidad de sus jefes de Estado, sancionarle por las prácticas ilegales que comete en sus territorios o que, simplemente, pueda perjudicar sus alianzas políticas con  estos Estados.

En el contexto actual del Derecho Internacional, la justicia extraterritorial  es un fenómeno ampliamente prodigado con diversos mecanismos: así, la protección internacional de los derechos humanos llevó a la comunidad internacional a crear tribunales internacionales, entre los más recientes cabe destacar en el seno de la onu los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, y el Tribunal Penal Internacional, creado por Convenio de 17 de Julio de 1998.

Por ejemplo, el Estado español ha reconocido la jurisdicción de estos Tribunales y se ha comprometido a cooperar con ellos, verticalmente, así como horizontalmente, con los terceros Estados nacionales que también los reconocen. Sin embargo, ninguno de estos tribunales internacionales es la panacea judicial contra la impunidad de estos crímenes internacionales. Los tribunales de Ruanda y Yugoslavia tienen una finalidad limitada “ad hoc” a los crímenes cometidos durante estos conflictos.

El Tribunal Penal Internacional, aunque compromete la asistencia judicial española con los 122 Estados que se han adherido al Convenio de Roma, tampoco su competencia es verdaderamente universal; por ejemplo, este tribunal nunca podría actuar frente a China o a Estados Unidos porque ninguno de estos Es- tados ha ratificado el Convenio de Roma.

Ambos Estados son miembros del Consejo de Seguridad de la onu, con derecho de veto, por lo que pueden decidir sobre su financiación; además, conforme al artículo 16 del Convenio de Roma, el Consejo de Seguridad puede ordenar al Tribunal Penal Internacional que suspenda una investigación o enjuiciamiento durante un periodo renovable de doce meses.

Por ello la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional no elimina sino que complementa la actuación de las jurisdicciones nacionales de los Estados parte del Convenio, entre ellos España, y los compromete a cooperar entre sí contra estos crímenes.

Existe otro ámbito internacional donde los efectos de la justicia extraterritorial mucho más intenso, la ue.

El compromiso de la justicia española contra la impunidad de los crímenes internacionales en el ámbito de la ue, supera la mera cooperación interestatal porque se asienta sobre el mecanismo de integración, de cesión parcial de soberanía estatal en los ámbitos de política exterior y justicia e interior a favor de la ue que se configura como una entidad supranacional con personalidad jurídica propia.

En el ámbito de la justicia penal europea, la cooperación judicial supera la concepción del juez nacional, lo concibe como juez de la ue, y ésta se articula a través de la comunicación directa entre los órganos judiciales sin posibilidad de injerencias gubernativas.

El objetivo es alcanzar una justicia común europea con unas normas penales y unos procesos penales armonizados que sancione penalmente las conductas que atentan contra los intereses comunes. La ue, formada por países marcados por los horrores pasados del fascismo, el estalinismo y más recientemente por la guerra en los Balcanes, ha decidido sensatamente no olvidar las lecciones aprendidas del pasado y ha identificado la lucha contra la impunidad del genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra como un objetivo común.

Existen unos instrumentos normativos específicos para luchar contra la impunidad de estos crímenes internacionales: la Decisión Marco 2002/494/JAI del Consejo de 13 de junio creó la red de puntos de contacto en relación con el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en el seno de Eurojust y la Decisión Marco 2003/335/JAI de 8 de mayo de 2003 estableció criterios comunes sobre la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.

En cada Estado miembro hay un fiscal punto de contacto de esta red, y se reúnen periódicamente en el seno de Eurojust, con secretariado propio y con asistencia de ong tan prestigiosas como Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional. En estas reuniones intercambian información y unifican prácticas forenses y criterios jurisprudenciales.

En definitiva, ni la justicia universal es tan quijotesca ni los poderes del legislador en los estados son tan soberanos como se piensa.

Es fiscala española de carrera desde 1994 y ocupó otros cargos destinada por su país.

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