La Gaceta Jurídica

La crisis de la justicia y las facultades de ciencias jurídicas

Con datos que se puede corroborar, por ejemplo, la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (umss) tiene matriculados a, aproximadamente, nueve mil estudiantes (sin distinguir rigurosamente a los pre y post) de los cuales son alumnos regulares el 60%, nótese el desperfecto inicial.

La UMSS tiene matriculados a unos nueve mil estudiantes, de los cuales el 60% son alumnos regulares.

La UMSS tiene matriculados a unos nueve mil estudiantes, de los cuales el 60% son alumnos regulares. FOTOS: wikimedia.org

La Razón (Edición Impresa) / Oscar Alba S*

00:00 / 10 de marzo de 2015

También está la posición del Ejecutivo (gobierno), que insiste en el fracaso de la reforma electiva del Órgano Judicial y propone una nueva por vías políticas (referéndum soberano) y de diálogo con los movimientos sociales.

Además, precariamente, pero como parte de la censura social, se hace notar la actitud cotidiana en el entorno de la administración de justicia, donde se abunda en acusaciones de corrupción, politización o burocracia, en especial en tanto y en cuanto las actuaciones judiciales sean contrarias a los intereses de las partes en controversia, aunque esos resultados tengan origen en los actores de la acusación o se hallen en complicidad desde los escenarios de su conveniencia.

En este artículo encadenaremos algunas de estas percepciones o indicios al factor educativo expresado en la esencia socio-cultural de las universidades públicas y privadas, veamos.

Obviamente, esta crisis tan notoria es multidimensional, tiene raíces en factores económicos, institucionales, culturales y otros, aspectos que dejamos como defensivo ante posibles excesos interpretativos de lo que, entre varias posibilidades, intentaré describir en las facultades de Derecho desde su raigambre cultural y política cotidiana en lo que tiene relación con la educación universitaria en y para el Derecho en Bolivia.

Esto tiene que ver con la falta de seriedad institucional, política, social y científica en la práctica en curso de los modelos de educación del derecho, que –considero– inhabilitan para el ejercicio serio de la profesión de abogado.

Con datos que se puede corroborar, por ejemplo, la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (umss) tiene matriculados a, aproximadamente, nueve mil estudiantes (sin distinguir rigurosamente a los pre y post) de los cuales son alumnos regulares el 60%, nótese el desperfecto inicial.

Considérese que, más o menos, el 40% es gente de las provincias de Cochabamba, de las unidades desconcentradas en Quillacollo, Sacaba, Punata y el Chapare; además, apúntese que en su mayoría son alumnos de colegios fiscales y particulares con una educación que no valora las ciencias sociales (entiéndase en educación constitucional (antes cívica), filosofía, lenguaje y otras), puesto que el enfoque desde las propias universidades es en pro del desarrollo industrial y tecnológico y no del Estado ni el orden público en su sentido moderno e ilustrado tan caro a las Ciencias Jurídicas, disminuido por el relativismo moral vigente.

Componentes de la crisis

Entre otras, las facultades y universidades del sistema público arrastran una crisis institucional y socio-política hace años, que, seguramente, intentará solucionarse por vías “políticas” y tiene, entre otros, los siguientes componentes:

a) El desconocimiento del principio de legalidad, que teóricamente informa y forma a la institución, teniendo su epítome en el Estatuto Orgánico de la Universidad, en el caso de las públicas, y su declarada adhesión al Estatuto de la Universidad Boliviana, aprobado en el XII Congreso de Tarija y Potosí, siempre bajo la garantía constitucional, por la opción contraria, el reconocimiento a ultranza del principio de la soberanía estudiantil y docente, encarnado en las asambleas sectoriales que pretenden el reconocimiento de intereses “creados” por actores políticos, que tienen la habilidad de reconocer esos intereses como factores de agregación y movilización y los utilizan bajo la tuición de los líderes o grupos organizados en intentos onerosos de beneficiar a su segmento social.

b) La real o supuesta falta de conocimiento del principio de mayoría que permite identificar la relevancia de las com- petencias de los órganos universitarios, en este caso los legislativos (consejos Universitario, Facultativo y de Carrera), sobre los órganos ejecutivos; por la contraria, el uso abusivo del “veto” de los órganos ejecutivos (rector, decanos, directores) y la reafirmación de un caudillismo enfermizo, puesto que se constituyen en jefes de una institución que, por visión y misión, debiera negar ese tipo de jefatura autoritaria, que, en el fondo, es la forma de constitución de grupos que dominan las facultades y la forma de designación de docentes.

Parte del problema se origina en la escasa representación numérica de facultades muy numerosas y que no cuentan con presupuesto suficiente para sus necesidades reales.

c) La inexistencia de un árbitro u órgano judicial o disciplinario realista y eficaz que garantice los derechos de todos y, en especial, de las minorías, que no logra pasar del enunciado normativo a una institución eficiente, con el personal profe- sional suficiente (abogados), por el contrario, los jefes políticos, al expresar la esencia de los grupos y la cultura universitaria, se constituyen en los únicos garantes de la institucionalidad perversa y, en particular, de la incorporación y sostenimiento de los docentes y estudiantes de la universidad a cambio de lo cual exigen lealtad y obediencia en la constitución de los órganos de poder facultativo y en la asignación de espacios docentes y administrativos y la administración del bienestar y la superación estudiantil.

Universidad y reforma

La reforma de la justicia requiere urgentemente cooperación del Estado (en especial del Órgano Judicial) con las universidades (públicas y privadas), tanto en sus aspectos extrínsecos como intrínsecos; los abogados están llamados a estimular la práctica ética de la profesión (sin relativismos) y a exigir que las universidades trasmitan a sus estudiantes la concepción ilustrada y racional del Derecho que haga posible un Estado y una sociedad civil verdaderamente pluralistas y democráticos y que tengan en la educación consistente de las instituciones jurídicas uno de los apoyos necesarios para la superación de la crisis del Derecho en Bolivia.

*    Es docente de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad Mayor de San simón, Universidad Salesiana y Universidad Simón I. Patiño y Presidente del Instituto de Estudios Internacionales (Idei)

Tomado de: Revista del Instituto de Estudios Internacionales N° 87, febrero de 2015.

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