La Gaceta Jurídica

Las cualidades en la elección del nuevo Defensor del Pueblo

…hacer respetar estos derechos y exigir su cumplimiento ante cualquier autoridad pública o privada, sin escatimar ningún esfuerzo en esa tarea y sin subordinarse ante ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, porque la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida…

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima**

22:58 / 13 de abril de 2016

Hace algunos días se oficializó la convocatoria para la elección de un nuevo Defensor o De- fensora del Pueblo en Bolivia y todo parece indicar que sí existe voluntad política en la Asamblea Legislativa para designar a una nueva persona encargada de defender al ciudadano frente a la Administración Pública, cual es la naturaleza esencial de las funciones que debe desarrollar este servidor público.

Para este efecto, se ha publicado una convocatoria con una serie de requisitos necesarios para optar al cargo, siendo indispensable la trayectoria profesional que debe tener el postulante en el área de derechos humanos, lo que implica que tenga toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de las personas o, al menos, esa es la expectativa general; sin embargo, se ha señalado también que no será imprescindible que el postulante tenga un título profesional.

Ello provoca muchas dudas, pues ¿cómo puede defender los derechos humanos una persona que desconoce lo que son, su naturaleza, su régimen jurídico o, simplemente, ignora los mecanismos para hacerlos respetar ante las autoridades públicas?

Es pertinente recordar que, mediante la reforma constitucional efectuada en 1994, se introdujeron importantes modificaciones al texto de la Constitución boliviana vigente en ese entonces, que por ahora pueden resumirse en:

1) nserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la estructura social del Estado, a cuyo efecto se definió por primera vez la estructura social del país como multiétnica y pluricultural; consagrando la unión y la solidaridad como las bases de organización.

2) Plena vigencia y protección de los derechos humanos como base del orden democrático constitucional, a cuyo efecto se creó por vez primera la De- fensoría del Pueblo con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación al sector público.

3) Seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional, reformando la estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial) mediante la creación del Tribunal Constitucional (tc) como encargado del control concentrado de constitucionalidad en el país.

Entonces, fue la Constitución reformada en 1994 que instituyó al Defen- sor del Pueblo para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público, así como de velar por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, sin necesidad de recibir instrucciones de parte de los órganos del poder público, habiendo establecido, además, que el Presu- puesto General debe contemplar una partida para el funcionamiento de ésta institución.

Precisamente, esta norma constitucional delineó claramente las características esenciales de la institución del Defensor del Pueblo en Bolivia:

a) Es un órgano estatal independiente de los demás Órganos del Poder Público, dado que, por la naturaleza de su función tutelar y su papel de contrapesar las acciones de otras instancias del poder estatal, necesariamente debe ser autónomo e independiente de las presiones políticas, garantizando un compromiso a largo plazo con la democracia.

A efecto de cumplir dicho mandato y gozar de autonomía funcional, el personal dependiente de esta instancia no puede –y no debe– estar involucrado en problemas político-partidarios y tampoco puede estar en condiciones de recibir instrucciones directas o indirectas de los poderes públicos ni de ninguna autoridad.

b) Se constituye en una Magistra- tura de persuasión, vale decir que se trata de una institución de carácter no jurisdiccional, sin capacidad alguna de sancionar ni de imponer coercitivamente sus decisiones.

En este sentido, cumple más bien un papel de mediación en la investigación de las denuncias, pudiendo intervenir en los procedimientos administrativos o constitucionales con el exclusivo propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas, procurando la rectificación de las consecuencias de la vulneración de derechos.

De ahí que la eficacia de su actividad se asienta en su capacidad de convencimiento, dado el peso ético de sus funciones y su legitimidad social.

c) Es una instancia de intermediación entre la sociedad civil y el Estado, a cuyo efecto deberá establecer vínculos muy particulares con los diferentes sectores de la sociedad civil y construir una imagen de máxima credibilidad para el ciudadano a través de la investigación y sus eventuales pronunciamientos sobre las quejas o reclamos que le sean presentados.

Cabe señalar que el fortalecimiento de aquellos vínculos con la sociedad civil es una prioridad en el proceso de investigación y en la resolución de los reclamos que sean sometidos a su conocimiento, de tal forma que se establezca un camino de convergencia entre la ciudadanía y la Administración Pública.

Estas cualidades de la Defensoría del Pueblo son las que la distinguen de cualquier otra instancia pública, dado que se trata de una autoridad pública dedicada íntegramente a la protección y salvaguarda de los derechos de la persona y del conjunto de la población boliviana, que es testigo y, a la vez, vigilante de esta labor defensorial.

En consecuencia, la defensa de los derechos humanos conlleva una enorme responsabilidad, dado que no solo se trata de observar de lejos o emitir una simple opinión en medios de prensa acerca de alguna situación de vulneración de derechos, sino que también implica que el(la) Defensor(a) debe tener la preparación y capacidad profesional suficientes para hacer respetar estos derechos y exigir su cumplimiento ante cualquier autoridad pública o privada, sin escatimar ningún esfuerzo en esa tarea y sin subordinarse ante ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, porque la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida y, asimismo, esencial para la convivencia pacífica entre bolivianos.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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