La Gaceta Jurídica

El cuartel de la Felcn

Es raro que un vecindario no quiera mayor control policial, peor si se trata de acciones contra una actividad tan perniciosa y peligrosa como es el narcotráfico, que involucra casi sin retorno a las personas a partir de aspectos tan lesivos como enredarse en las bandas mafiosas, en el consumo de estupefacientes…

Editorial

00:00 / 28 de marzo de 2014

En el marco que corresponde a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, enmarcada dentro de una “nueva política antidrogas” del Gobierno central, los informes disponibles señalan que en el municipio cruceño de Yapacaní la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) efectuó 6.097 operativos desde 2012, lo que dio como resultado la detención de 26 narcotraficantes y la destrucción de 6.021 fábricas de droga y 39 laboratorios de cristalización de cocaína.

Estas elevadas cifras motivaron al Órgano Ejecutivo para que, mediante sus instancias correspondientes, decidiera construir un “cuartel antidrogas” en terrenos de esa jurisdicción municipal para controlar en mejor medida la actividad ilegal que se desarrolla. Sin embargo, esta determinación ha sido rechazada por los habitantes de la población mencionada con el argumento principal de que se presume que los uniformados cometerían abusos durante sus operaciones antinarcóticos.

Otro de los motivos está referido a que los espacios donde esta semana fue puesta la piedra fundamental en medio de movilizaciones vecinales deberían ser destinados a la edificación de un campo ferial para esa población, proyecto que en las últimas horas fue presentado a las autoridades municipales para su homologación. Otro de los temores de la gente que vive en esa ciudad intermedia es que, por la presencia policial, se reduzca el dinamismo comercial, como presuntamente habría sucedido en otros lugares.

La negativa de la ciudadanía de Yapacani llegó, incluso, al bloqueo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz que pasa por la localidad, acción que derivó en enfrentamientos con los uniformados con el saldo de detenidos y algunos heridos leves.

No obstante, el tema se presta para recelos al considerar las acciones de ambas partes. Por un lado, es evidente que la Policía Nacional, en sus diversas reparticiones no tiene buena fama ante la población, primero por los métodos utilizados como parte de su entrenamiento y del uso de la fuerza sin mesura, además de que algunos de sus miembros suelen estar involucrados en actuaciones de abusos y prepotencia ligada a su posición de “autoridad” o porque pueden sentirse solapados e impunes bajo la protección institucional. En este ámbito se reproducen también actos de corrupción de diverso grado, relacionados con la extorción o incautaciones ilegales de valores.

Asimismo, seguramente es para considerar que un cuartel de ese tipo no necesita encontrarse en áreas urbanas, sino que podría ser establecido en zonas algo más alejadas que permitan movilización de personal de forma adecuada para sus actividades, afectando en menor medida a la población que vigila y/o protege.  

Por otra parte, es raro que un vecindario no quiera mayor control policial, peor si se trata de acciones contra una actividad tan perniciosa y peligrosa como es el narcotráfico, que involucra casi sin retorno a las personas a partir de aspectos tan lesivos como enredarse en las bandas mafiosas, en el consumo de estupefacientes o la venta de estos elementos lesivos para la salud física y mental.

En todo caso, por esa actitud, se puede suponer que los narcotraficantes ya han tendido lazos amenazantes o de complicidad con parte de los habitantes de la zona para que sean útiles a sus obvias intenciones de evitar la presencia policial.

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