La Gaceta Jurídica

La cuestionada “suspensión” de la Ley del Notariado Plurinacional

Apunte legal - (Parte I)

Alan Vargas Lima

00:00 / 06 de junio de 2014

Ciertamente ha causado mucha repercusión e indignación en algunas autoridades gubernamentales la decisión adoptada (y luego dejada sin efecto) por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), de “suspender” temporalmente los efectos de la Ley N°483 del Notariado Plurinacional. Esta situación surgió como consecuencia de que en febrero de este año el diputado por Convergencia Nacional (cn), Juan Luis Gantier, había planteado una Acción de Inconstitucionalidad (Expediente: 06259-2014-13-AIA) en contra de algunos artículos de la Ley del Notariado, que facultan al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, a designar estas autoridades.

En este sentido, el vicepresidente García Linera consideró que la decisión asumida por la Comisión de Admisión del tcp, de “admitir” una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que establece la organización del Notariado y regula el ejercicio del Servicio Notarial, instruyendo la “suspensión” de la vigencia de dicha Ley, es “inconstitucional e ilegal”; por lo que pidió a las autoridades de la Asamblea Legislativa convocar a una “reunión de emergencia”(sic) de Comisiones Legislativas, para analizar el caso y tomar decisiones, al considerar que dicha actuación del tcp “sienta un nefasto terrible e ilegal funcionamiento en contra del Estado democrático”  (sic). Al parecer, el motivo de la indignación fue que en este caso el tcp no sólo admitió el recurso para estudiarlo sino que también decidió suspender la aplicación de la ley, contraviniendo los procedimientos constitucionales.

Por otro lado, los representantes de las cámaras legislativas (de Diputados y Senadores) rechazaron contundentemente esta decisión de la Comisión de Admisión del tcp por considerar que  “está fuera de toda norma, es arbitraria, pone en peligro la democracia boliviana y deja en indefensión a la ciudadanía boliviana”, según afirmó el diputado Marcelo Elío, en conferencia de prensa.

Hasta aquí, está claro que la decisión asumida por la Comisión de Admisión estaba fuera del procedimiento legalmente establecido; sin embargo, era también una exageración señalar que se habría puesto en peligro la democracia boliviana, porque esta decisión no atentaba ni desconocía nuestro régimen democrático, ni mucho menos pretendía dejarlo sin efecto, sino que se trataba de una determinación asumida en ejercicio legítimo de las atribuciones conferidas por Ley a la Comisión; ello tampoco suponía que nos encontremos en indefensión total porque la Ley impugnada solamente se refiere a la organización del Notariado en Bolivia.

Sin embargo, hay que admitir que era por demás evidente el enorme perjuicio que provocaba esta medida, porque ciertamente dejaba en total desamparo a la ciudadanía boliviana que tiene trámites pendientes, de diferente naturaleza, ante los notarios de Fe Pública. En esto es posible concordar con la posición del senador Adolfo Mendoza, quien explicó que la Comisión de Admisión del tcp, al haber dispuesto suspender el cumplimiento de una ley, estaría atentando contra el principio de presunción de constitucionalidad. Al respecto, argumentó que:  “Como se ha abrogado la anterior ley que tenía que ver con el notariado, suspender la nueva ley implica que la ciudadanía no pueda hacer trámites, implica dejar en la indefensión absoluta no solamente a la ciudadanía sino también a la institucionalidad democrática; es un grave atentado al ordenamiento jurídico de nuestro país”  (sic).

Es preciso apuntar que la presunción de constitucionalidad, es un principio en virtud al cual, se presume la constitucionalidad de toda disposición legal hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Este principio básicamente tiene la finalidad de resguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica inherentes al Estado Democrático de Derecho (que es la base del Estado Plurinacional), en el que todos sus miembros, gobernantes y gobernados, están sometidos al ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, de manera que los actos, las decisiones o resoluciones emitidas al amparo de las disposiciones legales vigentes no pueden ser desconocidos o incumplidos con la sola invocación o argumento de una aparente inconstitucionalidad. Por ello, para preservar la seguridad jurídica, sólo el órgano de control constitucional (el tcp) puede pronunciar oficialmente la inconstitucionalidad de una ley, decreto o resolución con efecto erga omnes. Actualmente, este principio se encuentra consagrado en el artículo 5º de la Ley del tcp.

Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirmó que el tcp actuó más allá de lo solicitado, al disponer la suspensión de la aplicación de la Ley N°483 del Notariado Plurinacional, hasta la emisión de la Sentencia que resuelva la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta sobre esa norma. “El Tribunal Constitucional ha actuado ‘ultra petita’, es decir más allá de lo solicitado por el diputado y eso es totalmente inconstitucional, esa es una aberración jurídica por parte de estos magistrados que han dado una sentencia adelantada de esta acción planteada”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó también que el accionante no había solicitado la suspensión de la norma, sino que pidió la abstención de la designación del Director Interino del Notariado, la inhibición de transferencia de archivos y documentos al Ministerio de Justicia por parte del Consejo de la Magistratura; la suspensión de elaboración y aprobación del Reglamento del Notariado; y que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de aprobar presupuestos adicionales para que entre en plena vigencia la ley. Asimismo, indicó que la Acción de Inconstitucionalidad y el Auto Constitucional N°0106/2014-CA no habrían sido notificados al Ministerio de Justicia por parte del tcp, siendo ésta la instancia de origen de la norma promulgada el pasado 25 de enero.

Al respecto hay que dejar en claro que la instancia de origen, es decir donde se origina toda disposición legal, es la Asamblea Legislativa Plurinacional y no así el Ministerio de Justicia, por lo que mal pueden pedir ellos ser “los primeros en ser notificados para asumir defensa” , por no tratarse de un proceso contencioso, sino uno de puro derecho, a menos que pretendan intervenir como terceros interesados dentro del trámite de inconstitucionalidad.

Asimismo, constituye otra exageración afirmar, como lo hizo la ministra, que la aprobación de ese Auto Constitucional dejaría “sin efecto” o “nulos de pleno derecho” todos los trámites realizados ante Notarías de Fe Pública, porque ese no es el efecto jurídico que produce la emisión de un Auto Constitucional, aunque por otro lado, con el “suspenso” ciertamente dejaba un gran vacío legal, creando incertidumbre (por ende, inseguridad) en la población que requiere de estos servicios.

Continuará

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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