La Gaceta Jurídica

La cuestionada “suspensión” de la Ley del Notariado Plurinacional

Apunte legal - (Parte II)

Alan Vargas Lima

00:00 / 10 de junio de 2014

El Auto Constitucional que “suspendió” la Ley del Notariado

El Auto Constitucional N° 0106/2014-CA, de 13 de marzo de 2014, fue el primero en su género que, además de admitir una Acción de Inconstitucionalidad también llegó a disponer la suspensión de los efectos de una Ley impugnada de inconstitucional.

Dicho Auto, luego de precisar la naturaleza de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta y a tiempo de realizar el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de admisión, señala que el accionante solicitó la aplicación de medidas cautelares en este caso, las cuales, siguiendo lo establecido en la Sentencia Constitucional Nº 0664/2010-R, de 19 de julio deben ser fundamentadas por el impetrante, precisando al menos los siguientes aspectos: “a) el o los actos que pretende no se ejecuten;

b) el daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas; c) la vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que denuncia como vulnerados”.

Cabe hacer notar que la Sentencia Constitucional que sirvió de base al citado Auto Constitucional fue emitida dentro de un Amparo Constitucional, vale decir dentro de la vía tutelar que sí exige el resguardo de derechos y garantías sobre los efectos de la decisión; sin embargo, es discutible también que alguno de los criterios textualmente señalados supra puedan ser aplicables en el conflicto normativo de constitucionalidad que debe analizarse, dado que teniendo la Acción de Inconstitucionalidad una naturaleza y finalidad completamente diferentes a una Acción de Amparo, deberían ser otros los criterios a adoptarse para precautelar los efectos de la decisión.

Por otro lado, en el Auto se señalaron cuáles era las medidas cautelares solicitadas expresamente por el accionante; sin embargo, según criterio de la Comisión la transferencia de la función notarial, hasta ahora a cargo del Órgano Judicial, al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de forma definitiva, al tratarse de un traspaso de funciones entre Órganos, debía merecer la máxima seguridad jurídica que el Estado puede proveer, lo cual, según el Auto, obligaba a la Comisión a razonar de forma preventiva para que su labor no ocasione perjuicio; “de ese modo –según señala el Auto–, asumiendo un razonamiento preventivo, se arriba a la conclusión de que la única forma de evitar perjuicio a los órganos estatales involucrados, Ejecutivo y Judicial, así como a los ciudadanos usuarios del sistema notarial, es suspender la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional” (sic) .

Precisados algunos de los antecedentes de esta problemática así como los fundamentos del Auto Constitucional, y dada la importancia de este tema, corresponde ahora revisar la normativa procesal constitucional vigente que rige el instituto de la Acción de Inconstitucionalidad en Bolivia, así como las atribuciones que la Ley le confiere a la Comisión de Admisión en la etapa de admisibilidad de la Acción de Inconstitucionalidad.

Normativa Procesal Constitucional

El Código Procesal Constitucional (CPCo.), aprobado mediante Ley Nº 254 de fecha 5 de julio de 2012, establece entre las Facultades Especiales del TCP que ésta instancia “de oficio o a petición de parte, a través de la Comisión de Admisión, podrá determinar las medidas cautelares que considere necesarias”. Asimismo, en su Capítulo Quinto, prevé algunas Normas Comunes de Procedimiento en las Acciones de Inconstitucionalidad, Conflictos de Competencias, Consultas y Recursos Constitucionales. En este sentido, el artículo 24 prevé los requisitos de forma que deben contener las Acciones de Inconstitucionalidad, entre ellos la solicitud de medidas cautelares en caso de estimarse necesario. El artículo 25 establece que los plazos son perentorios y de cumplimiento obligatorio en la sustanciación de estas Acciones y que las notificaciones se realizarán de forma personal o mediante cédula en el domicilio señalado.

Ahora bien, respecto al trámite de la Acción en la Comisión de Admisión, el artículo 27 del citado Código establece en su primer parágrafo que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o subsanadas las observaciones hechas a la Acción presentada, la Comisión de Admisión en un plazo no mayor de cinco días se pronunciará sobre la admisión o rechazo de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo Código.

En todo caso, toda Sentencia, Declaración o Auto Constitucional debe contener los suficientes argumentos de hecho y de derecho que justifique la decisión, según lo dispuesto por el artículo 28 parágrafo primero del mismo Código.

El mismo Código Procesal Constitucional también señala que la naturaleza de las Acciones de Inconstitucionalidad (que pueden ser de carácter abstracto, o de carácter concreto), consiste en que las mismas son de puro derecho (es decir, que no admiten controversia) y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en el mismo Código.

En el caso de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, el Código precisa que únicamente están legitimadas y legitimados para interponer la misma la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (como en este caso, un diputado) o de los órganos legislativos de las entidades territoriales autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo.

Asimismo, de acuerdo al Código, una vez admitida la acción, la Comisión de Admisión ordenará se ponga en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada (es decir, el Órgano Legislativo), para que en el plazo de quince días se apersone y presente el informe que corresponda. De todas formas, una vez cumplido el plazo con o sin informe se procederá inmediatamente al sorteo del proceso, debiendo el tcp emitir la sentencia correspondiente dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, declarando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Es posible resumir de esta forma el procedimiento legalmente establecido de la Acción de Inconstitucionalidad; sin que en ninguna parte se autorice al tcp a suspender los efectos de la norma impugnada de inconstitucional.

(Continuará)

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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