La Gaceta Jurídica

La cuestionada “suspensión” de la Ley del Notariado Plurinacional

Apunte legal - (Parte final)

Alan Vargas Lima

00:00 / 17 de junio de 2014

Las repercusiones de la suspensión de la Ley

Aparentemente, en el caso analizado, el accionante no solicitó la suspensión de los efectos de la norma que impugna, sino que pidió: la abstención de la designación del Director interino del Notariado, la inhibición de transferencia de archivos y documentos al Ministerio de Justicia, la suspensión de elaboración y aprobación del Reglamento del Notariado, y que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de aprobar presupuestos adicionales para que entre en plena vigencia la ley.

Estas peticiones no buscaban como fin último la suspensión de los efectos de la norma impugnada dado que la misma, al igual que cualquier otra, goza de presunción de constitucionalidad hasta el momento en que el tcp emita la Sentencia Constitucional que declare lo contrario. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos reales que determinaron dicha decisión? ¿Cuál fue el motivo determinante para la “suspensión” de la Ley, pese a no haber sido solicitada?

En este caso hay que admitir que la Comisión de Admisión del tcp incurrió en una extralimitación del marco legal que rige sus funciones, porque si bien es evidente que dispuso una medida cautelar, y ciertamente el cpco. le habilita para hacerlo “de oficio o a petición de parte”, ello no le autorizaba a exceder el ámbito de sus competencias, disponiendo suspensiones no previstas por la norma, sin que pueda servirle de justificativo el argumento de que buscaba prever eventuales perjuicios a los órganos del Estado involucrados; entonces, está claro que actuó sin haber previsto las posibles consecuencias de su decisión, entre ellas, haber generado un vacío legal innecesario. Esto, en lenguaje jurídico, se denomina emitir decisiones ultra petita, es decir más allá de lo pedido por las partes, en este caso por el accionante en la etapa de admisibilidad de la acción.

Y tampoco se trata de que el tcp esté prohibido de hacerlo, es decir ir más allá de lo pedido por las partes en un conflicto normativo; empero, ello sólo es posible cuando el contralor de la constitucionalidad ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada y realiza el respectivo test de constitucionalidad de la norma impugnada, es decir, el contraste objetivo e imparcial (ajeno a cualquier juicio de valor sobre los fines benéficos o perjudiciales) de la disposición legal acusada de inconstitucional frente a las normas establecidas por la Constitución, para establecer el grado de vulneración de algún precepto constitucional, en cuyo caso decidirá conservar aquella parte de la norma impugnada que aún sea constitucional y desechar aquella otra parte que sea manifiestamente inconstitucional en virtud del Principio de Conservación de la Norma, lo que le permite pronunciarse sobre disposiciones legales conexas.

Cabe señalar que el Principio de Conservación de la Norma, tiene también la finalidad de garantizar el principio de la seguridad jurídica y significa que cuando una Ley, Decreto o Resolución admita diferentes interpretaciones, unas que son incompatibles y otras compatibles con la Constitución, el Tribunal Constitucional adoptará únicamente la que es compatible. Este principio permite al Tribunal Constitucional modular sus sentencias en cuanto al contenido de las mismas, dictando, por ejemplo, las denominadas sentencias interpretativas, que precisamente permiten conservar en el ordenamiento jurídico, la norma que en su interpretación es compatible con la Constitución, expulsando la norma que sea incompatible en su sentido y alcances. Actualmente, este principio se encuentra consagrado en el artículo 4º, parágrafo IV de la Ley del tcp.

Asimismo, el artículo 78 (Efectos de la Sentencia), parágrafo II del cpco., prevé que la Sentencia podrá declarar: “5. La inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la norma legal impugnada que deberán ser referidos de forma expresa, en cuyo caso tendrán los mismos efectos que en lo principal”, lo que implica que el tcp podrá analizar otras disposiciones legales, por conexitud con la(s) norma(s) impugnada(s), sin que por ello se afecte el Principio de Congruencia que debe resguardarse en la emisión de la Sentencia Constitucional.

El Principio de Congruencia es aquel conforme al cual el Tribunal Constitucional Plurinacional, al emitir una sentencia, debe mantener y respetar la más estricta correspondencia entre “demanda” y “pronunciamiento”, es decir entre lo que se solicita y aquello que se resuelve, no fallando ni ultra petitum (más allá de lo pedido), ni extra petitum (cosa distinta de lo pedido), ni con otro apoyo que no sea el de la causa petendi, vale decir, aquellos fundamentos en los que el demandante o recurrente basó su solicitud. Este principio esencial deberá observarse principalmente en el ámbito tutelar de los derechos fundamentales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la doctrina del Derecho Procesal Constitucional plantea una excepción a la regla relacionada con el principio de congruencia; “y es que en el ámbito del control normativo de constitucionalidad el Tribunal Constitucional tiene que efectuar una contrastación de la disposición legal impugnada con la totalidad de la Constitución, esto es más allá de las disposiciones o normas que el recurrente hubiese impugnado; ello porque los efectos de la sentencia que declare la constitucionalidad de la disposición legal impugnada, causa estado y tiene efecto erga omnes, de manera que impide toda posibilidad de una nueva impugnación, entonces el Tribunal Constitucional está obligado a realizar el examen integral de la Constitución en el momento de efectuar el juicio de constitucionalidad. De otro lado, le está reconocido por ley al Tribunal Constitucional el declarar la inconstitucionalidad de otras disposiciones legales conexas con la disposición legal impugnada y declarada inconstitucional, no obstante de que dichas normas no hubiesen sido impugnadas inicialmente en el recurso, así está previsto por el artículo 58-IV de la Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional. Claro está que el uso de esa excepción debe encuadrarse a los límites generales que impone el principio. Un ejemplo del uso de la excepción a la regla es la SC 101/2004 de 14 de septiembre”1.

Entonces, esta falencia (que mostraba la existencia de un vicio procesal durante la tramitación de la Acción de Inconstitucionalidad) debía ser corregida con urgencia por la Comisión de Admisión, lo cual felizmente se hizo cuando emitieron una nueva “complementación” al Auto Constitucional N° 0106/2014-CA, dejando sin efecto la “suspensión” de la Ley impugnada, ello a fin de no mantener el “vacío legal”; aunque en este caso, faltó salvaguardar el Principio de Seguridad Jurídica, estableciendo la validez de todos los trámites que la ciudadanía ha comenzado a realizar ante los Notarios de Fe Pública así como de los actos emitidos por ellos a partir de la puesta en vigencia de la Ley del Notariado Plurinacional. En todo caso, esperamos se hayan aprendido las lecciones de una decisión precipitada.

Nota:

1. José Antonio Rivera Santivañez. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 270.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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