La Gaceta Jurídica

Las “debilidades” de la justicia

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 01 de noviembre de 2013

El Embajador de la Unión Europea (ue) en Bolivia ha publicado unas importantes declaraciones en torno al bullado tema de la justicia en nuestro país. No ha dicho muchas novedades y ha incidido en varios puntos que resultan ser reiterativos, pero sus afirmaciones ganan importancia por el solo hecho de que provienen de un diplomático y quienes ocupan cargos similares no suelen, por lo general, ser demasiado explícitos a la hora de referirse, así sea de paso, a temas que están directamente relacionados con el Estado donde prestan funciones.

El embajador ha destacado varias, que llama, “debilidades” en el Órgano Judicial.

Hagamos un repaso de las mismas adelantando que el diplomático, incluso, se ha quedado corto en el número de aquellas. Tal es la verdadera dimensión de la problemática del Órgano Judicial como parte de la estructura institucional del Estado, sobre todo de la justicia, como función primordial de aquél.

Afirma que existe “falta de confianza” en varios de aquellos órganos que ejecutan tareas relacionadas con la justicia. Este resulta ser un detalle más que evidente y que, por supuesto, no contribuye en nada al resguardo de la imagen de aquella. Es por eso también que el ciudadano en general le tiene pánico a todo lo referido a la “administración de justicia”. Mientras más lejos se encuentre de ella, mucho mejor.

Añade que “hay problemas de falta de acceso de la gente más pobre en áreas rurales y aisladas”. Este hecho, también es cierto y llega a lo patético. Ahora los propios altos funcionarios del Órgano Judicial y antes los del Poder Judicial han venido admitiendo que ese fenómeno no es propio solamente de las áreas rurales y aisladas, sino incluso de las áreas urbanas pobladas. El fenómeno, empero, se sigue presentando. Hay quejas de todo lado, pero no soluciones.

El Capítulo iv del título iii de la Constitución Política del Estado (cpe) a partir del artículo 190 nos habla de la Jurisdicción Indígena, originaria, campesina; además de la Jurisdicción Ordinaria. Se supone que, entre otras cosas, esta última trataba de complementar los alcances de la “ordinaria” para que, precisamente, determinados núcleos poblacionales no resultaran desatendidos en sus necesidades jurisdiccionales.

Sin embargo, la jurisdicción indígena, originaria, campesina o “justicia comunitaria”, como se la llama, hasta ahora no ha conseguido su plena implementación. Existen muchos inconvenientes e, incluso, detalles que han quedado a obscuras.

Fue peor al dictar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que dejó a la justicia indígena, originaria, campesina con escasas competencias y con un ámbito territorial jurisdiccional confuso y dudoso.

Luego, el Embajador de la UE cita otras debilidades, al hablar de influencias, falta de independencia, corrupción, demoras y falta de acceso a las comunidades muy lejanas.

Todas las antes citadas son reales, lastimosamente. Existen cada vez más indisimuladas influencias y presión del Órgano Ejecutivo en todos sus niveles hacia los funcionarios del Órgano Judicial, desde abajo hacia arriba. Esto ha contribuido a que el ciudadano acabe perdiendo confianza, sobre todo en los fallos y resoluciones judiciales.

“Problemas de corrupción”. Éstos son, seguramente, los más graves de todos. El hecho es que la corrupción ha ganado carta de ciudadanía, se ha vuelto común y corriente en la cotidianeidad del Órgano Judicial e incluso del Ministerio Público. Pero el problema se agudiza porque, en casi todos los casos, el tema comienza y termina en la denuncia del tema. Después viene el ya consabido anuncio de que se procederá a la respectiva “investigación”. Pasado un tiempo casi nadie se acuerda del asunto. ¿Fallos judiciales? ¿Castigo a los culpables del o los delitos? Olvídense. Así, ¿alguien puede todavía creer en la justicia?

Cómo los administradores de justicia pueden de este modo constituirse en ejemplo para algo? ¿Con qué moral estarán apareciendo en público para formular determinadas exhortaciones? Además, de nuevo, ¿quién les va a creer?

El diplomático también anota una variante de lo que habíamos ya adelantado: “falta de acceso a las comunidades muy lejanas”.

Es evidente que este último caso también se relaciona con los graves problemas de vinculación que tiene el país en general. Este hecho, de por sí, separa a las llamadas “zonas rurales” de las “urbanas”. Este hecho contribuye a la distinción entre ricos y pobres sobre diversos grados, pero con orígenes y causas muy parecidos.

Otro aspecto que el Embajador de la ue destaca como “muy preocupante” es el peligroso incremento en el índice de muertes violentas que se registra en el país, en muchos casos bajo el pretexto de haberse aplicado la “justicia comunitaria”, que sólo ha multiplicado los casos de asesinato bajo la práctica de linchamiento en la comunidad.

Lo anterior no puede acabar encerrado solamente en una figura de un fenómeno social muy propio de un país como el nuestro. Esto ha proliferado y posiblemente siga en aumento por algo que ya habíamos anotado: la total falta de confianza, de credibilidad en la acción de la justicia. Ya nadie cree en ella y, entonces, como consecuencia la ciudadanía busca hacer “justicia” por mano propia. O prevalece el criterio de lo que una mayoría afirma: “para qué la justicia común si nadie sabe cuántos años durará el correspondiente proceso. Mejor lo hacemos entre todos, más efectivo y más rápido”.

El panorama, en consecuencia, no puede ser más desolador. Pero, quisiéramos añadir a los varios factores señalados como debilidades de nuestra justicia uno fundamental. Es uno de los últimos, es el referido a la forma de elección popular que se escogió por los constituyentes para designar a los magistrados del Órgano Judicial. No podía haberse cometido un error tan grande como éste, una soberana equivocación. Estamos pagando las consecuencias.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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