La Gaceta Jurídica

Una década perdida para la justicia

Su artillería estuvo dirigida en contra del Tribunal Constitucional (tc) porque este órgano podía controlar y, de alguna manera, frenar su deseo de poder (la ex Corte Suprema siempre estuvo subordinada).

La inminencia de la Cumbre Judicial lleva a posturas disímiles acerca de su pertinencia o necesidad.

La inminencia de la Cumbre Judicial lleva a posturas disímiles acerca de su pertinencia o necesidad. FOTO: datab.us ñ.

La Razón (Edición Impresa) / William Herrera Áñez*

00:00 / 02 de marzo de 2016

Los diez años del gobierno de Evo Morales Ayma pasarán a la historia como la década pérdida para la justicia. En el primer quinquenio, a título de descolonizar la justicia, el Movimiento Al Socialismo (mas) liquidó la institucionalidad judicial.

Su artillería estuvo dirigida en contra del Tribunal Constitucional (tc) porque este órgano podía controlar y, de alguna manera, frenar su deseo de poder (la ex Corte Suprema siempre estuvo subordinada).

Esta guerra comenzó descalificando a la institución y pasó al hostigamiento hasta que grupos afines al partido gobernante incendiaron parte de sus instalaciones en Sucre. En poco tiempo se pasó al juicio de responsabilidades a los magistrados hasta defenestrarlos, así el gobierno tenía vía libre para concentrar el poder en el Órgano Ejecutivo, imponer su programa y eliminar a la oposición política.

En su Informe Anual de Labores 2006-2007 el tc denunció las sistemáticas amenazas, intimidaciones y hostigamientos de los “Ponchos Rojos”, así como ataques perpetrados por cuatro mil mineros que destrozaron con dinamitazos parte de la fachada del Edificio, sin que las fuerzas del orden tomen medidas para evitarlo por no estar autorizadas a reprimir a movimientos sociales.

En el segundo quinquenio se esperaba que la Asamblea Constituyente cambie este cuadro y lo que hizo fue dar el tiro de gracia. La nueva Constitución Política del Estado (cpe) diseñó la elección de las principales autoridades judiciales, cambió el nombre a los tribunales y perforó el Consejo de la Magistratura (le quitaron la atribución administrativa), entre otras cosas.

El remedio resultó peor que la enfermedad, los problemas estructurales del sistema judicial no han sido resueltos y, más bien, han incrementado hasta el colapso.

Independencia y autonomía económica, lucha contra la corrupción y la retardación de justicia, recuperación de confianza y credibilidad, aplicación de la oralidad en los procesos, capacitación permanente, selección de los mejores profesionales y cambiar los viejos paradigmas judiciales son algunos grandes desafíos que tiene el Estado (la justicia es una de sus principales funciones) para comenzar un verdadero proceso de cambio y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.

Hay que precisar que el cambio, para que tenga algún impacto, debe ser sistémico e integral, comprender aspectos políticos, económicos e institucionales y com- prometer a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto. Además, es imprescindible un liderazgo político que se apropie de las reformas y que haga el seguimiento y los necesarios ajustes.

Con la finalidad de buscar soluciones, el presidente Evo Morales ha fijado para el 16 y 17 de abril la Cumbre Judicial; sin embargo, dada la experiencia que se tiene con la “inseguridad ciudadana”, por lo que han existido encuentros donde los participantes se limitan a intentar deslindar sus responsabilidades (que siempre serán compartidas), consideramos que hacer una “Cumbre Judicial” no resolverá los grandes pro- blemas del sistema judicial, salvo que haya voluntad política y se aborde esta crisis con un mínimo de seriedad.

Por ello, pese a los augurios del oficialismo, seguimos escépticos y dudamos que en dos días se resuelva los problemas estructurales que no se ha podido o querido resolver en 10 años. En el fondo, al Gobierno no le conviene tener un Órgano Judicial fortalecido, independiente, imparcial, blindado contra las influencias internas y externas, capaz de garantizar los valores democráticos, los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, etc.

En la medida en que se postergue las soluciones que se necesita con urgencia y el Órgano Judicial siga débil y enclenque, se incrementará la corrupción, la impunidad y la inseguridad ciudadana y jurídica.

Esto supone mayor violencia en las calles y menos inversión, porque pocos querrán trasladar sus capitales a donde no hay condiciones mínimas que garanticen trabajar, producir y reproducir el capital y si no se protege la inversión nacional y extrajera no habrá crecimiento, desarrollo ni fuentes de empleo, así estaremos lejos de luchar efectivamente contra la pobreza.

*    Es jurista y autor de varios libros.

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