La Gaceta Jurídica

La decisión política de reformar la Constitución

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 30 de septiembre de 2015

Culminamos septiembre con la noticia de que los sectores afines al gobierno consiguieron la aprobación de una decisión política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp): la reforma (parcial) de la Constitución para lograr la reelección presidencial.

Para abordar el tema cabe considerar que, de acuerdo a su naturaleza y la importancia para la vida del Estado, la Constitución debe cumplir con ciertas condiciones de validez constitucional, legal y de legitimidad, para lo cual debe reunir dos condiciones básicas:

a) Ser elaborada y aprobada en el marco del Estado Constitucional de Derecho, lo que significa respeto y cumplimiento de las normas básicas preestablecidas.

b) Que el pacto social y político que se expresa en la Constitución sea adoptado con la intervención democrática de toda la ciudadanía, de manera que sea la fiel expresión de la voluntad de todos los sectores y actores sociales y políticos.

Por otro lado, el sistema constitucional configurado por la Ley Fundamental debe ser la fiel expresión de la realidad social, económica, política y cultural de la sociedad, lo que significa que la Constitución formal o escrita debe reflejar la Constitución material que es la sociedad misma con su realidad económica, social, política y cultural.

Finalmente, cabe considerar también que la Constitución debe estar dotada de una garantía de estabilidad y duración en el tiempo, lo que supone que no debe ni puede estar sometida constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, a los cambios o modificaciones frecuentes con cada cambio de gobierno.

Esto no significa que sus normas sean pétreas e inmodificables, pues la estabilidad no conlleva la prohibición de la reforma constitucional, porque se entiende que el hecho de no reformar oportunamente la Constitución podría generar un divorcio creciente entre el proceso político y social, con el texto constitucional.

Entonces –como bien señala Rivera Santiváñez (1)–, la garantía de la estabilidad de la Constitución depende de tres elementos:

1. El alto grado de legitimidad, pues, en la medida en que sea fruto de la decisión y la voluntad de todos los sectores y actores sociales no será impugnada con frecuencia; en cambio, cuando se excluya a importante sectores sociales del proceso de su formación y aprobación, los sectores excluidos la impugnarán y, al tomar el gobierno, la sustituirán por otra.

2. El contenido de la Constitución, pues al ser la Ley Fundamental del Estado, debe contener simplemente normas generales de carácter axiológico, dogmático y orgánico; ello significa que la Constitución no debe contener normas casuísticas y reglamentarias, pues, el hecho de incorporar a su texto temas cuya regulación corresponde a la legislación ordinaria, pone en riesgo la estabilidad  constitucional, ya que, ante cualquier cambio de las condiciones reguladas, se  hace necesaria la reforma de la Constitución.

3. Un adecuado mecanismo de reforma de la Constitución, pues la reforma constitucional debe concebirse como un mecanismo de balance permanente entre las necesidades de estabilidad constitucional y los requerimientos que conllevan los procesos de cambio social, político y económico. 

En definitiva, es necesario tener presente que, como dice el jurista mexicano Miguel Carbonell, “tan ne-  fasta es una hiperreformabilidad continua, como una inmovilidad irrazonable. Entre ambos extremos, la reforma constitucional puede desempeñar con éxito sus funciones”.

Ahora bien, respecto a la configuración del mecanismo de reforma de la Constitución aprobada el 2009 y de acuerdo a lo previsto por el artículo 411 constitucional, se puede inferir que, a diferencia del sistema que anteriormente estuvo vigente, el procedimiento de reforma constitucional en Bolivia se ha simplificado notablemente; dado que la reforma se realiza en un solo período constitucional y, en su caso, en una sola legislatura mediante el procedimiento legislativo que se aplica para la elaboración y aprobación de las leyes ordinarias.

Pues, la norma constitucional no hace referencia alguna a un  procedimiento especial para la discusión y aprobación de la Ley de reforma constitucional. Así, por ejemplo, no hace referencia alguna a que la Ley sea sometida a más de una discusión y en legislaturas sucesivas; ante esa situación, se entiende que la Ley de reforma constitucional es discutida y aprobada por una sola vez y en la respectiva sesión instalada para el efecto.

Al no estar definida de otra manera, también se entiende que solo se reforma la Constitución parcialmente con una sola y única Ley, dado que ya no se encuentra prevista la aprobación de una Ley Declaratoria de Necesidad de la Reforma y otra Ley posterior de Reforma Constitucional, como estaba previsto en la Constitución abrogada.

Esta configuración normativa es la que se ha visto reflejada en la última sesión de la Asamblea Legislativa Pluri- nacional, donde la mayoría oficialista aprovechó su situación para aprobar el proyecto de Ley de Reforma Consti- tucional que modifica el contenido del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, a fin de que dicha norma constitucional establezca que: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado es de cinco años, pudiendo ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua”.

Como se puede ver, es una norma que únicamente tiene por objetivo modificar la cantidad de oportunidades en que el Presidente del Estado puede ser reelegido, como era el afán del sector oficialista de la Asamblea para lograr que el único caudillo que tienen se perpetúe en el poder por el mayor tiempo posible (que va desde 2005 hasta el presente) y así pueda concretarse su régimen de gobierno que ha dejado de ser un “proceso de cambio” para convertirse en un presunto proceso de corrupción, ilegalidad y despilfarro de los bienes y recursos públicos; un régimen que presuntamente inició la persecución de los opositores a sus designios políticos y que ahora se ha dedicado a desterrar a periodistas, cercenando la libertad de expresión y el derecho de pensar diferente.

Ahora, dicho régimen de gobierno deberá someterse a la voluntad del pueblo en un referéndum, que se ha programado realizar el próximo año y que le brindará su apoyo incondicional o su rechazo total, dependiendo de su conciencia democrática.

Nota

1. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento. Cochabamba, Bolivia: Fundación Konrad Adenauer, Fundappac y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008, pág. 109.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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