La Gaceta Jurídica

El delito de desacato en la normativa

En un momento en que se discute el tema en el país, el legista analiza de forma comparada la presencia de esta tipificación, aportando al razonamiento cuando contrasta las tendencias que lo defienden y las que piden su abolición. El resultado son dos síntesis contrapuestas y la respuesta a las interrogantes generadas.

La Gaceta Jurídica / Pablo César A. Claros Arce

00:00 / 16 de marzo de 2012

Según refiere el Código Sustantivo Penal boliviano, el desacato es un delito contra la función pública cometido por particulares. Se encuentra tipificado en su artículo 162 que reza:

“El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad” (1).

El Código Penal cubano agrega a la injuria, difamación y calumnia, la amenaza.

De manera similar se expresan otros códigos penales latinoamericanos, como los de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Venezuela, etc., que sancionan esta conducta cometida por comunicadores o particulares.

Posturas que apoyan parcialmente la aplicación del delito de desacato

Una de las posturas señala que todo funcionario público no debe ser estorbado durante el ejercicio de sus funciones, agregaría que siempre y cuando dicho funcionario actúe con probidad y esmero en su cotidiana labor.

Otra similar postura se sustenta en la teoría de la real malicia, es decir, el particular que calumnie o injurie debe de haber cometido dolosamente la falsa afirmación para poder ser sometido a proceso, comprobándose previamente la temeridad de sus acusaciones por parte del ofendido. Solo en ese caso se aplica el desacato por falsas imputaciones (en contra del funcionario público).

Si bien en la práctica es algo dificultosa su aplicación en lo concerniente a la demostración de la falsedad (por eso me refiero a una situación parcial), la teoría de la real malicia es conocida y aplicada en varios países del continente.

Vino a la luz por parte de los magistrados de la Corte Suprema estadounidense allá por 1964 y, resumiéndola, a decir de B. Fernández, señala lo siguiente:

“La Constitución impide a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente a su conducta oficial, a menos que pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad” (2).

A pesar de que el funcionario puede utilizar esta teoría para su defensa, debe probar la real malicia en los argumentos esgrimidos por el particular o el periodista, pudiendo actuar como una carga más para él, lo cual sería el aspecto negativo de dicha teoría, pensada inicialmente en proteger de la crítica a los actos de gobierno.

Cabe recalcar que la condena es pecuniaria y no de privación de libertad; no pertenece al ámbito penal sino a la instancia civil. Posturas que exigen su abolición, principalmente la CIDH (3)

Al contrario, existen posturas que señalan la pronta derogación del delito de desacato porque viola la libertad de expresión y una de sus “ramas”, tal es el derecho a la información (veraz e imparcial), si no se permitiera investigar a un funcionario público que con “certeza” ha cometido actos de corrupción.

Por veraz se entiende aquello que es “susceptible de ser verificado” (4). Si se obstaculizara la verificación de un hecho ilícito, estaríamos en presencia de actos delictivos impunes que no destruyen pero socavan los principios de una estructura democrática.

Por ello, señalan también que es un delito impuesto por gobiernos autoritarios para acallar los actos de corrupción o ineficiencia incrustados en las altas esferas.Asimismo, surge un tipo de discriminación en cuanto se otorga “sobreprotección” a los funcionarios públicos, sean honestos o corruptos, e indefensión a las demás personas, incumpliendo la tan repetida igualdad.

Finalmente, se estaría prohibiendo a la sociedad en su conjunto que analice, investigue, “examine” e indague el desenvolvimiento de los funcionarios que ostentan el poder.

En conclusión

Vistas las posturas anteriores, se destacan dos síntesis diametralmente opuestas:

Primera. Falsa afirmación cometida intencionalmente por el particular (demostrada).

Implica la aplicación del delito de desacato.

Segunda. El particular actuó incondicionalmente contra el mal desempeño de funciones (demostrado).

Implica que ningún delito fue cometido por el particular.

Ahora bien, respecto a la aplicación del delito de desacato según la síntesis primera (falsa afirmación cometida intencionalmente por el particular) y quedando demostrada la falsa imputación en contra del funcionario público, surgen varias interrogantes:

¿Tendría que resolverse el caso en el ámbito penal o civil? Algunas legislaciones están intentando cambiar la competencia de los delitos contra el honor (que se diferencian del desacato solo por la calidad del ofendido) al ámbito civil.

¿Sería una privación de libertad o una reparación de daños morales? Considero que debe mantenerse el ámbito penal, pero resolviendo el caso no a través de un juicio oral y contradictorio, sino mediante un mecanismo nuevo, como sería una modalidad de conciliación creada para estos casos previa comprobación de la falsedad esgrimida aun haya sido de buena fe, cuya pena a imponerse sería pecuniaria (reparación de daños morales) más la consiguiente satisfacción pública a favor del servidor público.

En caso de no poderse cumplir con la reparación del daño moral, cabría la privación de libertad, pero no mayor a un año, utilizando los criterios del principio de proporcionalidad.

Notas

1. Código de Procedimiento Penal, Ley 1970.

2. Según publicación del señor B. Fernández Bogado, a propósito de un fallo en la República del Paraguay.

3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

4. Libertad de Expresión en los Países Andinos, Comisión Andina de Juristas.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia