La Gaceta Jurídica

El delito de desaparición forzada y su pluriofensividad

El Holocausto nazi, con su Decreto “Nachtund Nebel” (1), sentó los precedentes para configurar este delito, pero no debe soslayarse su desarrollo como estrategia de lucha y supresión de la oposición política (2). Así, “desaparición forzada” hace referencia a la práctica iniciada en 1962 en Guatemala (3) y que se extendió en América Latina en las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Aparentemente, oficiales de la Policía del municipio de Cocula entrega-ron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos.

Aparentemente, oficiales de la Policía del municipio de Cocula entrega-ron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos. FOTO: sexta-azcapotzalco.blogspot.com

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Guzmán Oré*

00:00 / 28 de febrero de 2016

Se puede hablar de un fenómeno de connotaciones regionales debido, esencialmente, a su extensión territorial y temporal dentro de Latinoamérica y porque, en el siglo pasado, se manifestó en estrecha relación con las dictaduras militares y que, a pesar de la primera impresión de inverosimilitud, se presentó hace más de un año en la ciudad mexicana de Iguala, esta vez de la mano de una coexistencia desfachatada entre el poder político y un grupo criminal organizado, cuando se produjo la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Antecedentes del caso Ayotzinapa

Dentro del tinte de izquierda que reviste Ayotzinapa, los normalistas se organizaron para asistir a la Ciudad de México el 2 de octubre de 2014 para participar en las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco (4), para ello habían secuestrado autobuses y combustible para concentrarlos en la Normal, además, aprovecharían para realizar “una sátira social”, puesto que el 26 de septiembre se daría una fiesta para “celebrar” los logros de María de los Ángeles Pineda (esposa del alcalde de Iguala y nexo principal con el grupo criminal “Guerreros Unidos”) como directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), se murmuró también que ella aprovecharía para lanzar su candidatura a la alcaldía.

El primer episodio de violencia se suscitó con la interceptación de la policía a los buses de los normalistas, a las 21.30, aproximadamente (de acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense Iñaky Blanco), prosiguió un ataque cobarde y repentino a media noche. El resultado de la atrocidad fue de nueve fallecidos, 17 heridos y 43 desaparecidos. En la búsqueda posterior se halló varias fosas comunes.

De acuerdo a lo señalado por Jesús Murillo Karam (Procurador General de la República), el 13 de octubre de 2014, aparentemente, la Policía de Iguala, tras haber arrestado a los 43 estudiantes desaparecidos y siguiendo instrucciones del alcalde José Luis  Abarca, habría entregado los detenidos a oficiales de la Policía del municipio de Cocula, estos uniformados, a su vez, entregaron a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Sin duda, es una muestra escandalosa que destapó la cruda realidad mexicana con una dicotómica existencia de poder político y grupos de crimen organizado que interactúan con una casi cínica explicitud. Sobre los hechos, Amnistía Internacional (ai) afirmó que el Gobierno mexicano debe adoptar medidas serias para enfrentar la desaparición de más de 22.600.

La situación actual

A pesar de la polémica que sigue a nivel internacional y que devela una cruda realidad mexicana (5), de acuerdo al informe de la Procuraduría General de la República Federal de México, de todos los involucrados en el caso Ayotzinapa (111 personas), únicamente cinco policías de Iguala son procesados por el delito de desaparición forzada. El resto (inclusive Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder máximo de la organización delictiva Guerreros Unidos) enfrenta cargos por otros delitos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Y es que una sociedad que llega a límite empieza su descomposición y arrastra las acciones más cobardes e in- humanas, eso es lo que en teoría se sabe de un México de terrorismo institucionalizado, de narcotráfico, de tráfico de seres humanos y de uso de los medios bélicos más inverosímiles, donde el cartel parece ser la única membrecía posible para subsistir, agudizado por su condición de puerta de ingreso al “sueño americano”, que cada vez aproxima una pesadilla no solo para los migrantes sino para la humanidad misma.

“Con vida se los llevaron y con vida deben volver”, lacónica actitud que denuncia la pasividad para defender la vida de nuestra propia especie y que, al mismo tiempo, denota una esperanza inquebrantable en las voces de quienes aquella mañana de otoño vieron salir a hermanos, padres, hijos, esposos; mas no los vieron retornar.

La correcta tipificación, bien jurídicamente protegido

Los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se han pronunciado a favor de la reclasificación del delito de secuestro a desaparición forzada, argumentando en su informe que con los normalistas “no se trató únicamente de una privación de libertad, sino que ha existido un ocultamiento del paradero de los jóvenes estudiantes”.

Aunque la pena establecida para los delitos de secuestro y desaparición forzada es similar (40 años de cárcel como pena máxima), debe entenderse que de la tipificación de desaparición forzada derivan dos consecuencias importantes: la consideración de este delito como crimen de lesa humanidad (previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional) y el reconocimiento de que agentes del Estado participaron en el delito, lo cual importa responsabilidad de carácter estatal (6).

Al respecto, México ha firmado instrumentos internacionales en la materia que en sus articulados establecen de manera taxativa un catálogo de responsabilidades.Lamentablemente, el rumbo seguido por el gobierno mexicano (o con mayor probabilidad por el cartel de turno) ha sido una actitud evasiva de responsabilidades, tomándose en cuenta que tan solo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (onu) ha detectado y trasmitido 505 casos al Gobierno, de los cuales solamente 28 fueron esclarecidos.

Sobre la base de información proporcionada por la fuente, 134 fueron aclarados mediante información proporcionada por el Gobierno, 16 fueron descontinuados y 327 siguen sin resolverse; inclusive, en el emblemático caso de Rosendo Radilla se tardó 35 años para que el Gobierno proveyera de justicia y reparación de la desaparición forzada como crimen de Estado, ello a instancias de la sentencia de la CoIDH, no por actuación interna.

En lo que se refiere a la distinción de este delito con el secuestro, será importante establecer lineamientos teóricos que se abren a partir de la disquisición referente al bien jurídicamente protegido por éste tipo penal.

El bien jurídicamente protegido en el tipo penal de desaparición forzada de personas

Una de las posiciones más polémicas se perfila a través de las exposiciones de Galain Palermo e Iván Meini, quienes exponen los siguientes basamentos (7):

1. Una nueva figura penal debe cubrir un vacío y no ser sancionada como mera agravante de figuras ya existentes (como podría ser en este caso su relación con la figura del secuestro o de la privación ilegítima de la libertad, que tienen por bien jurídico protegido la libertad individual).

2. El bien jurídico por este tipo penal no es la vida, ya que el delito puede consumarse aunque la víctima no muera, y desde el momento en que la persona desaparecida muere el delito de desaparición forzada cesa; solo se ejecuta en tanto haya una víctima viva.

3. Tampoco lo es la integridad física o psíquica de la persona desaparecida, ya que, si bien estos bienes son en general afectados por el delito de desaparición forzada –y en tal caso deberían ser aplicadas las reglas del concurso ideal de delitos–, este crimen también puede eje- cutarse sin que tales lesiones a la integridad física y/o psíquica se concreten.

4. Tampoco se protege la libertad individual, puesto que la desaparición forzada no requiere que la privación de la libertad sea ilegal ab initio (desde el momento en que una acción tuvo lugar), pudiendo tratarse de una detención por delito cometido en flagrancia o con base en orden fundada del juez.

5. Si se parte, entonces, de que el delito de desaparición forzada es ejecutado mediante la infracción de un deber que supone la sustracción jurídica del sujeto, el bien jurídico protegido sería entonces la personalidad jurídica.

La pluriofensividad en el delito de desaparición forzada

La CoIDH establece la obligación del Estado parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos de tipificar este delito en su derecho interno, conforme a unos estándares internacionales, ello basado en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de personas:

“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

La jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) ha marcado el lineamiento de que la desaparición forzada de personas es un delito “pluriofensivo”, refiriendo que implica “una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención” (8).

A partir de esta definición de los bienes jurídicamente protegidos por este tipo penal, se puede colegir una clara diferenciación entre desaparición forzada y secuestro, fundamentalmente a partir del bien jurídico protegido, que es múltiple en el caso de la desaparición forzada, pero no en el secuestro (9); buscando a partir de esta conclusión una correcta tipificación del delito cometido contra los 43 estudiantes normalistas.

De igual forma vale poner hincapié en una de las exposiciones de Meini, que establece que el delito de Desaparición forzada “solo se ejecuta en tanto haya una víctima viva”; lo cual implica que al hallazgo de los cadáveres de los 43 estudiantes se desvirtúa la existencia de este delito, lo cual, si bien guarda la implicancia de una pena más gravosa para los autores, importa el deslinde de responsabilidad por parte del Estado mexicano.

Así se denota una actitud que, lastimosamente, ha sido el derrotero seguido por el Gobierno mexicano; para lo cual basta como muestra el emblemático caso de Rosendo Radilla.

Notas

1. Decreto alemán de 7 de diciembre de 1941 (traducido “Noche y Niebla”) que estatuía directrices de represión para los oponentes políticos.

2. Sobre el desarrollo histórico a nivel fáctico y normativo de la desaparición forzada de personas, véase Grammer, Tatbestand, p. 3, 7 ss. 

3. Cfr. sobre la desaparición forzada de personas en Guatemala el Informe del Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala, Situación de los derechos humanos en Guatemala: 1984, Guatemala, diciembre de 1984; Grammer Tatbestand, p. 8; Scovazzi/Citroni, Struggle, pp. 10 ss., 18 ss., 87 ss. 

4. Represión por parte del Gobierno mexicano al movimiento estudiantil de 1968 (compuesto por estudiantes universitarios, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales) o “matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco”.

5. Amnistía Internacional afirmó la desaparición de más de 22.600 personas durante los últimos ocho años, el 50 por ciento de los casos fue registrado entre 2012 y 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

6. México ha firmado instrumentos internacionales en la materia: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada el 6 de mayo de 2002, y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada el 22 de junio de 2011.

7. MEINI Iván, Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional, Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Primera edición, julio de 2009, ISBN: 978-958-35-0736-6.

8. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras (29 de julio de 1988. Fondo), párr. 155; Caso Godínez Cruz vs Honduras (20 de enero de 1989. Fondo), párr. 163.9.

Noción seguida por la jurisprudencia peruana, Sala Penal Nacional en el caso Castillo Páez.

*    Es abogada y coordinadora de Programas de Postgrado en Ciencias Penales.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia