La Gaceta Jurídica

La “democracia del enemigo”

La mirada entre adversarios

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 27 de marzo de 2015

Dentro del amplio horizonte de estudio del Derecho Penal existe una teoría conocida como el Derecho Penal del Enemigo, acuñada por Günther Jakobs en 1985 para referirse a las normas que en el Código Penal alemán (Strafgesetzbuch o StGB) sancionaban penalmente conductas sin que se hubiere afectado el bien jurídico, pues, ni siquiera se trataba del inicio de la ejecución.

Estas normas, en los hechos, no buscaban castigar al autor por el hecho delictivo cometido, sino por el hecho de considerarlo  de antemano peligroso, es decir un enemigo.

En los regímenes donde se ha puesto en marcha esta corriente del pensamiento penal se parte de la premisa de que, en ciertos estados de excepción (como en el caso del Sendero Luminoso en Perú), el Estado, a fin de preservar su integridad, puede asumir ciertas medidas extremas en su legislación penal como los jueces sin rostros, la cadena perpetua o los tipos penales abiertos, solo por citar algunos ejemplos.

Esto sucede por considerar que, en realidad, se está tratando con enemigos y no con ciudadanos a quienes, por ende, no se les reconoce derechos ni garantías, siendo tratados como verdaderos enemigos a quienes hay que destruir o eliminar. Como diría Jakobs, “el enemigo tiene menos derechos”.

Participo de estas reflexiones previas porque, con la última resolución del Tribunal Supremo Electoral (tse) sobre la personería de Unidad Demócrata (ud) de Beni y las advertencias vertidas por el Presidente del Estado Plurinacional en sentido de que no trabajaría en regiones “donde gane la oposición”, nos muestran que en Bolivia existe –por así decirlo–una democracia del enemigo, donde si bien se propician elecciones, votaciones, etc., en los hechos se recurre a métodos poco democráticos para eliminar o destruir a los eventuales adversarios.

Esto ocurre procesándolos penalmente con el aval del Ministerio Público, ora amenazándolos públicamente o, finalmente, recurriendo a la fuerza regulatoria del tse, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una especie de fiscalía de persecución electoral, que regula, limita o sanciona todo a favor del Gobierno y en desmedro de los eventuales “enemigos”.

En el caso concreto de ud y su singular exclusión del proceso electoral, cabe apuntar que resulta un verdadero despropósito excluir a más de 200 personas faltando nueve días para el acto electoral por un error de orden administrativo, que acaba anulando el derecho a la participación política (artículo 26 constitucional).

Esto debe entenderse en su dimensión activa como el derecho constitucional que tiene toda persona de postular a un cargo público y participar del debate democrático, mermando de esta forma la noción de democracia radical, diversa y plural, reduciendo toda la fiesta electoral a una suerte de democracia ciega, sorda y muda, donde solo los afines al Gobierno pueden participar libremente, recordándonos esa vieja reflexión que indica que una cosa es la paz en la democracia y otra muy distinta la paz de los cementerios.

Es catedrático de Ciencia Política y Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba.

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