La Gaceta Jurídica

La democracia reclama una ley de acceso a la información pública

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 10 de mayo de 2013

En pleno siglo xxi, la democracia, como forma de gobierno –fundamentalmente como forma de vida–, hace indispensable que el Estado sancione y promulgue una LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo ciudadano y, fundamentalmente, los medios de comunicación social deben tener acceso libre –aunque no irrestricto– a las fuentes gubernamentales. En realidad, como dice Alicia Pierini, estamos en presencia de un DERECHO HUMANO de TERCERA GENERACIÓN.

La teoría, que citamos de su libro Derecho de acceso a la información, apunta a que el “derecho de acceso a la información (pública) importa un reconocimiento formal de la aptitud de toda personas de buscar, requerir y recibir información pública certera sobre muy variadas cuestiones que se encuentran en todo tipo de archivos gubernamentales”.

Este derecho es consustancial al funcionamiento de la DEMOCRACIA, más aún cuando se le adjudica la calidad de participativa. Por otro lado, éste es un derecho de orden público. Eviden- temente, el gobierno de Carlos Mesa emitió un decreto insustancial y, presumimos, elaborado por comunicadores y no abogados. También hay un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa.

Nosotros queremos aportar elementos para que funcione la democracia. Necesitamos definir el objeto de la norma; requerimos con precisión que actos jurídicos o información estatal merecen ser transparentados. Reque- rimos conocer qué actos jurídicos y qué archivos del Estado constituyen el carácter de información reservada; porque, por ejemplo, se compromete la seguridad nacional o invade la privacidad de las personas.

Hay corrientes que postulan la libertad absoluta, es decir, que todo es susceptible de informarse. No compartimos esa posición. El Estado, por razones de Seguridad Nacional, no debe brindar información irrestricta; otro dato no menos importante está vinculado con el derecho a la privacidad. Aun cuando se trate de servidores públicos, v. gr, el periodista no puede ni debe acceder libremente a los documentos personales de las autoridades públicas. Con el pretexto de “libre acceso a la información pública” no podemos lesionar otros derechos.

Se requiere una ley que concuerde con disposiciones legales vigentes, v. gr, Código del Niño Niña y Adolescen- te, que prohíbe publicar imágenes de menores; el Nuevo Código Penal (ncp) prohíbe que se presente públicamente a un supuesto delincuente, salvo que él mismo autorice su publicación, con anuencia y presencia de su abogado. Nada de esto se respeta.

Por muy democrático que sea nuestro Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública debe ser clara. Ciertamente una tarea difícil. Para ello podría adaptarse dos líneas de acción: a) Que todos los órganos del Estado deben brindar información irrestricta a todos los ciudadanos y, fundamentalmente, a los medios de comunicación social; b) Que con rigor se especifique qué actos jurídicos, qué documentos son accesibles a particulares y medios de comunicación social (y qué hechos y actos jurídicos no son susceptibles para la información pública), con carácter temporal o definitivo. Nos adscribimos a esta segunda corriente.

En el campo legislativo, por ejemplo, hay sesiones reservadas que se debe respetar; en el ámbito judicial, todos los procesos civiles, familiares, laborales deben tener acceso a las personas particulares previo requerimiento judicial y noticia del interesado. Los medios de comunicación deben ser excluidos de obtener información sobre estos procesos de carácter privado. ¿Por qué? Porque son sujetos de derecho privado y les asiste el Derecho a la Privacidad e Intimidad. ¿Qué casos se abrirían a la información pública? Todos los delitos de orden público, donde los medios de comunicación deben informar con libertad, excepto los delitos de orden privado como delitos de injuria, calumnia y difamación.

Los ministerios, también gobernaciones, municipios y universidades, cuentan con documentación muy sensible, sobre la que nadie debe tener acceso. Lo importante es definir qué hechos y actos no son susceptibles de libre acceso, particularmente a los medios de comunicación social.

El legislador debe fijar con precisión qué hechos y actos jurídicos son susceptibles de información pública. Enseguida veremos cuáles serían esos derechos. Inicialmente, digamos que la petición puede ser por cualquier ciudadano y, por supuesto, los medios de comunicación social. En estos tiempos, la tecnología terminó por imponerse, vía internet se puede acceder a la información estatal. En cualquier caso, el peticionario debe presentar la orden judicial respectiva, este acto jurídico está vinculado a los posibles daños que se puede ocasionar a un tercero. Al peticionario se le aplica lo que manda el artículo 984 del Código Civil cc, “el que ocasiona está en la obligación de repararlo”.

Sobre esta base, y respaldados en Alicia Pierini, creemos que estos derechos pueden ser objeto de acceso a la información pública. Cualquier ciudadano y, particularmente, el gremio de periodistas, deben tener acceso a todo registro parlamentario, tarea de los concejos municipales y gobernaciones, con las excepciones que deben estar en la Ley.

Todo ciudadano debe tener acceso al Presupuesto General de la Nación, tiene derecho de saber cuáles son los ingresos y egresos del Estado, saber cuál es el destino de sus impuestos, tiene derecho de acceso libre a documentos personales; en cambio, los terceros deben justificar, previo requerimiento judicial, para qué desea y cuál será el uso de los documentos solicitados.

El ciudadano debe tener acceso a la información, a la rendición de cuentas del servidor público. Todo funcionario que maneja fondos estatales debe informar a los órganos llamados por Ley. Y el ciudadano debe ser informado, a petición escrita. El ciudadano, por supuesto los medios de comunicación social, deben tener acceso libre sobre los contratos que el Estado celebra con particulares u órganos internacionales. En este caso, si hay algún documento que no debe ser publicado, debe ser especificando la razón jurídica.

También tenemos derechos a la información pública del manejo electoral. Se debe brindar los resultados de procesos electorales sin ninguna restricción. El ciudadano tiene derecho de acceso al currículum y hoja de vida de todo servidor público. El interesado puede solicitar en cualquier momento; en cambio, para terceros y medios de comunicación social debe ser previa presentación de orden judicial.

Otro derecho que debe ser regulado es que el ciudadano tenga acceso a la información sobre contratos celebrados por funcionarios o servidores públicos con el mismo Estado. También debemos tener acceso a la información pública sobre cuántos funcionarios se incorpora cada año en la gestión pública.

Podemos continuar con otros derechos, más el tamaño de la columna nos impide continuar. ¿Qué pasa si se niega el derecho? Creemos que, tanto particulares, cuanto medios de comunicación, deben interponer una demanda de Amparo Constitucional o el Hábeas Data, regulado por nuestra constitución actual.

Como conclusión, en la democracia con libertad, más no libertinaje, un manejo ético de la información es una necesidad. Hay que cuidar la democracia, pues en ningún régimen la libertad es un valor absoluto, lo contrario es manejo irresponsable de la información pública.

Es experto en Derecho de la Información.

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