La Gaceta Jurídica

El estado de derecho bloqueado y aislado

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiroa

00:00 / 08 de mayo de 2012

La majestad de la justicia no puede ser atropellada por la bestialidad, la ignorancia y la intolerancia de un sector. Tampoco se puede arrodillar ante la connivencia, la poquedad y la inutilidad de las autoridades de Gobierno que miran impasibles cómo este pobre país se convierte en un adefesio donde la violencia organizada tomó carta de ciudadanía, un lugar donde la amenaza soberbia, cobarde y escondida en la multitud da lugar a la inobservancia de las normas legales que, supuestamente, rigen nuestra sociedad.

Bolivia –en definitiva– es un país bloqueado. Si no son los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, son los maestros, a falta de estos están los universitarios, jubilados, mineros o médicos y salubristas, como es el caso de los individuos que, en las últimas semanas, se han convertido en dueños de las ciudades y sus alrededores.

La libertad de circulación es un derecho garantizado por la Constitución Política del Estado en su artículo 21.7, pero ni autoridades ni manifestantes parecen reconocer los alcances de esta norma legal, pues todos los días, hace ya más de un mes, vienen pisoteando esa prerrogativa que nos asiste a todos los bolivianos y bolivianas.

A falta de la Constitución Política del Estado, también la declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce parcialmente a la libertad de circulación en su artículo 13 y la define también como libertad de movimiento, afirmando que toda persona tiene derecho a moverse libremente en el mundo o dentro de un país.

Por su parte y hace sólo unas pocas semanas, exactamente el 24 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública donde hace un llamado para que el gobierno del Estado Plurinacional asegure el libre ejercicio del derecho a la libre circulación de las personas, lo hizo por aspectos relacionados con la marcha del Tipnis, pero seguramente todos los bolivianos podemos cobijarnos bajo el manto de dicho documento.

Ante ese panorama es justo que la ciudadanía –asediada por protestantes y marchistas de todas las clases y sectores– demande un desenlace definitivo para los excesos de los médicos y salubristas y también para la lenidad de las autoridades de Gobierno; va siendo hora de que esos funcionarios asuman el rol para el que fueron considerados y terminar con esa falta de capacidad para solucionar los problemas que originan los permanentes bloqueos de las calles y accesos a las ciudades.

Estoy seguro que ni el Gobierno y menos las personas que protestan se han puesto a pensar un solo segundo en lo que conlleva para los demás ciudadanos los perjuicios que se ocasionan con este tipo de medidas; claro si las actuales autoridades son los campeones del bloqueo, con seguridad estas medidas son normales para ellos y, por eso, no les interesa buscar una solución concertada que, primariamente, deje tranquilos a los ciudadanos que se ven perjudicados por este tipo de ejercicio democrático (¿?) de un sector que se ve afectado por ciertas decisiones.

Los médicos y salubristas han incurrido en delitos que van desde atribuirse los derechos del pueblo, pasando por el atentado contra la seguridad de los medios de transporte, hasta impedir la libre circulación de las personas; las autoridades, con su pasividad, cometieron –por decir lo menos– un flagrante incumplimiento de deberes, trasgresiones que deberían ser juzgadas por ambos lados, es decir, entre aquellos que han hecho de la protesta y la movilización la única forma de conseguir sus caprichos y, del otro lado, vale decir, los gobernantes que no tienen la suficiencia ni la aptitud o idoneidad para hacer cumplir las leyes.

Manifestantes soberbios y prepotentes, apoyados por malos universitarios de medicina que transitan los mismos caminos de inutilidad que sus antecesores se ocupan de impedir que las demás personas que sí quieren superación se trasladen de un lugar a otro.

Intolerante e intransigente, así es su actitud que raya en la ilegalidad, cuyo único fin es satisfacer sus intereses, a costa de atentar contra los derechos de los demás. Total, el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad para hacer respetar las leyes, porque lo hacen según la conveniencia y los réditos que sus mandantes también tienen, es decir, imponen orden de acuerdo a sus intereses partidarios o cuidando de no afectar su imagen política.

Los demás bolivianos, desafortunadamente involucrados en estos asuntos, no tenemos derecho al pataleo, peor a la circulación o al movimiento, lo que de por sí sólo enfurece y hace crecer odios entre los propios bolivianos.

La libertad de circulación sólo puede ser limitada –y léase bien– por orden judicial materializada por arresto domiciliario o arraigo, en ese entendido los demás mortales que, supongo, tienen los mismos derechos y obligaciones que yo, no pueden arrogarse ese derecho de prohibirme, impedirme que me traslade de un lugar a otro por el medio que a mí me parezca más conveniente.

La Constitución, el Estado, la Justicia, el Derecho, la independencia de poderes son conceptos que deben ser respetados, nos guste o no, los días en que se imponían decisiones a la fuerza se acabaron (¿o están comenzando?), por eso es que vivimos en un Estado Democrático de Derecho, donde hay instancias para todos los reclamos, aun cuando carezcan de argumentos o sean justificados.

Por ello es que al comenzar esta columna escribía sobre la importancia de respetar la majestad de la justicia, porque ya no se puede permitir, por ningún motivo, que la cultura del bloqueo se imponga a la construcción ciudadana.

Siempre debe haber un espacio para el diálogo y los acuerdos, o inclusive para las discrepancias irreconciliables que, sin embargo, no terminen en violencia, en cerco o en aislamiento. Entre tanto, las leyes deben respetarse y sobre todo la libre circulación de las personas debe acatarse en estricto apego a la normativa legal y constitucional. O rescatamos el valor de tolerar y analizar las ideas distintas, o, de lo contrario, una vez más la muerte tendrá su juerga en el país. Aguardemos que no se impongan los bárbaros e irresponsables que quieren eso.

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