La Gaceta Jurídica

El derecho humano de acceso a internet en Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 28 de mayo de 2013

Ha transcurrido casi dos años desde que, en junio de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu) declaró el acceso a internet un derecho humano altamente protegido, por ser inherente a las multitudes de personas que desarrollan sus actividades en un mundo cada vez más invadido por las nuevas tecnologías de información y comunicación (tic), a cuyo efecto exigió a los países miembros facilitar un servicio accesible y asequible para todos, estimando, además, como una prioridad asegurar a la ciudadanía el acceso a internet.

Esto, en razón de que ciertamente la red internet “no sólo permite a los individuos ejercer su  derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el acceso de la sociedad en su conjunto”, acceso que “debe mantenerse especialmente en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos”.

¿Por qué el acceso a la red debe ser considerado un derecho humano? Bajo los siguientes argumentos –que resultan indiscutibles–, la onu señala que Internet es uno de los más poderosos instrumentos del siglo xxi: 1) Favorece el crecimiento y el progreso de las naciones; 2) Facilita el acceso a la información; 3) Incrementa la observancia ciudadana para que las instituciones rindan cuentas; 4) Promueve la activa participación ciudadana en la construcción democrática. El organismo mundial pone de ejemplo a los países del África del norte y a las movilizaciones sociales articuladas por la disidencia en las redes sociales.

Es rescatable el aporte de la Coalición Dinámica sobre Derechos y Principios en Internet  (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition - irp), una asociación abierta de individuos y organizaciones que trabajan para defender los Derechos Humanos en el entorno online, que ha elaborado un documento que consigna los diez derechos y principios fundamentales que deben formar la base de la gobernanza en internet y que, además de estar basados en normas internacionales de derechos humanos, se derivan del proyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos y Principios de Internet (1):

1. Universalidad e igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que deben ser respetados, protegidos y cumplidos en el entorno online.

2. Derechos humanos y justicia social. Internet es un espacio para la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos y el avance de la justicia social. Toda persona tiene el deber de respetar los derechos de los demás en el entorno online.

3. Accesibilidad. Toda persona tiene igual derecho a acceder y utilizar internet de forma segura y libre.

4. Expresión y asociación. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información libremente en internet sin censura ni interferencias. Todo el mundo tiene derecho a asociarse libremente a través de internet, con fines sociales, políticos, culturales o de otro tipo.

5. Confidencialidad y protección de datos. Toda persona tiene derecho a la privacidad online. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a utilizar cifrado y el derecho al anonimato. Todo el mundo tiene derecho a la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección, almacenamiento, gestión, cesión, eliminación y divulgación de sus datos personales y pudiendo ejercer su derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos.

6. Vida, libertad y seguridad. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad deben ser respetados, protegidos y cumplidos en internet. Estos derechos no deben ser infringidos o utilizados para vulnerar los derechos de otros.

7. Diversidad. La diversidad cultural y lingüística en internet debe ser promovida, la innovación técnica y política deben alentar y facilitar la pluralidad de expresión.

8. Igualdad. Todo el mundo tendrá acceso universal y abierto a los contenidos de internet, libre de priorizaciones discriminatorias, filtrado o control de tráfico por razones comerciales, políticas o de otra índole.

9. Normas y reglamento. La arquitectura de internet, los sistemas de comunicación y los formatos de documentos y datos se deben basar en estándares abiertos que garanticen la interoperabilidad completa, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos.

10. Gobierno. Los Derechos Humanos y la Justicia Social deben ser la base jurídica y normativa sobre la que operar en internet. Esto sucederá de manera transparente y multilateral, con un internet basado en los principios de la participación inclusiva y la rendición de cuentas.

Se debe relievar la importancia de estos principios para plantear la necesidad urgente de analizar la efectividad de su vigencia y aplicación en Bolivia, considerando que el Estado “garantiza el derecho a la comunicación y la información”; ello a propósito del Día Mundial de Internet (17 de mayo), que en nuestro país fue buena oportunidad para que muchos ciberactivistas y responsables de cerca de 60 sitios web bolivianos promovieran el “apagón virtual”, reclamando la protección de este derecho humano frente a la crítica situación de que Bolivia tenga el internet más lento y caro del continente, además del pésimo servicio de las empresas responsables de su provisión.

Afortunadamente, sobre esta problemática ya se pronunció la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (att) –según informó ERBOL Digital–, proponiendo tres políticas públicas para mejorar este servicio en Bolivia y así lograr que sea más accesible en costos y calidad. Una de esas políticas es promover la interconexión entre las cuatro operadoras que existen en el país (Entel, axs, Viva y Tigo) para bajar las tarifas; otra es suscribir convenios entre Entel y empresas estatales de países vecinos, con el objetivo de mejorar la velocidad del servicio; y la referida a la importación de servidores, como Google, para resolver al menos en un 40 por ciento el tráfico virtual, que es acaparado por la descarga de videos y música de la red por los internautas.

Esperamos que éstas propuestas no se queden en “buenas intenciones”, sino que la autoridad respectiva se ponga a trabajar de manera inmediata para comenzar a solucionar estos problemas y contrarrestar las perjudiciales consecuencias de los elevados costos que impiden a los usuarios bolivianos un libre acceso a internet.

Es aconsejable no perder de vista que un país como el nuestro, por su especial situación geográfica, podría fácilmente convertirse en el epicentro perfecto para una interconexión virtual, rápida e instantánea, entre los países sudamericanos.

Nota

1. Documento completo en: http://diadeinternet.org/pdfs/Internet_Derechos_Principios.pdf

Aclaración

El pasado 21 de mayo, por error involuntario de edición, una frase de la columna Apunte legal quedó tergiversada. Así, en el tercer párrafo de la primera columna dice “una muestra de la relación de dependencia o subordinación de la cidh” y debía decir “una muestra de la inexistencia de relación de dependencia o subordinación de la cidh”. Por lo tanto, pedimos disculpas al autor.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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