La Gaceta Jurídica

El derecho a la intimidad o privacidad en la Constitución

(Parte final)

Foto: alviento4v.blogspot.com

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La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 12 de junio de 2012

Alcances de la Acción Tutelar de la Privacidad

Al estar ligado con los derechos señalados precedentemente, la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Nº 0965/2004-R de 23 de junio señaló que una acción de tutela de esta naturaleza tiene los siguientes alcances:

1. Conocer la información o “registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal”; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información.

2. Actualizar los datos existentes, que comprende “el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es “el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la “confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona”.

5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el “Derecho de exclusión de la llamada ‘información sensible’ relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se puede determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado”.

Presupuestos indispensables de procedencia

Conforme lo establece la misma Constitución, para la procedencia de ésta acción se requiere dos presupuestos esenciales:

a) La existencia de un banco de datos que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tenga como finalidad proveer informes. De ahí que la Sentencia Constitucional Nº 0965/2004-R señaló que la acción del hábeas data es una modalidad de amparo que permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o discriminación; y,

b) Que ese banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la Acción de Protección de Privacidad.

El Principio de Subsidiariedad en la Acción de Protección de Privacidad

Se debe señalar que el artículo 131.I de la Constitución Política del Estado (cpe), en cuanto al trámite de esta acción, establece de manera expresa asimilar el procedimiento previsto para la Acción de Amparo Constitucional; de ahí que le son aplicables todos los requisitos de admisión y las causales de improcedencia del amparo constitucional, así como los principios de subsidiariedad e inmediatez.

Respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad, la citada Sentencia Constitucional Nº 0965/2004-R, de 23 de junio, señaló que:

“Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 19 de la cpe, dispuesta por el artículo 23 parágrafo V antes referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter subsidiario, es decir que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos falsos, incorrectos o que inducen a discriminaciones y no obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otra manera, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración”.

En el mismo sentido, la Sentencia Constitucional Nº 1572/2004-R señaló que le eran aplicables al hábeas data los principios de subsidiariedad e inmediatez; consiguientemente, al hábeas data (ahora denominado Acción de Protección de Privacidad) le es aplicable la doctrina constitucional sentada para el Amparo Constitucional, por lo que, se debe aplicar el principio de subsidiariedad, establecido en la misma Constitución; lo que significa que sólo se activa cuando el recurrente ha agotado los medios o recursos que tenía a su alcance para lograr conocer, objetar u obtener la eliminación, rectificación de los datos públicos o privados que afectan a su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación.

Conclusión

Conforme a lo detallado, se establece que la Acción de Protección a la Privacidad, al igual que el Amparo Constitucional, tiene como uno de sus principios la subsidiariedad, que exige el agotamiento de todas las instancias y recursos existentes; ello implica que, si bien en el presente caso no existe un  “banco de datos público o privado”, se trata más bien de la difusión pública de una información inherente a las comunicaciones telefónicas privadas de una persona, en este caso, de una diputada nacional, quien claramente anunció acudir a la vía penal para esclarecer éste hecho, que pone en duda la seguridad telefónica de las personas que no son adherentes a la corriente del gobierno.

Sin embargo, debe también considerarse que en ese caso, al no haberse respetado la vida íntima y privacidad de la diputada, se hace evidente la vulneración de sus derechos, ya que la misma jamás otorgó su consentimiento para que esas grabaciones de conversaciones privadas, que forman parte de su vida íntima, sean divulgadas a través de una conferencia de prensa hacia todos los medios de comunicación, como ha sucedido el mes pasado, lo cual afecta directamente a su intimidad y privacidad, como persona y como mujer.

Por ello, se hace imperiosa la necesidad de que esas grabaciones de conversaciones privadas sean eliminadas de forma inmediata, a objeto de que no se siga utilizando éste pretexto para desprestigiar labores solidarias; con mayor razón cuando el Estado Plurinacional, a través de la Constitución, se ha comprometido a respetar la vida íntima y la privacidad de las personas, acorde con los valores y principios imperantes en un país pluricultural como es el nuestro.

Consecuentemente, el debate para el otorgamiento o denegación de la tutela que pueda ser eventualmente solicitada por la persona afectada y para la definición de criterios en este tipo de conflictos tutelares (1) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) de Bolivia aún está abierto.

Por último, es necesario dejar claramente establecido que el derecho a la privacidad no está encerrado entre cuatro paredes (es decir que ¡no se queda en casa!), aun tratándose de personas en ejercicio de la función pública y/o en cargos de representación nacional, porque la Constitución boliviana sabiamente dispone que el domicilio, la residencia o la habitación de las y los asambleístas (vale decir, las oficinas utilizadas durante el ejercicio de sus funciones legislativas) serán inviolables, no pudiendo ser allanados bajo ninguna circunstancia.

Todo ello por la sencilla razón de que la intimidad o privacidad, al igual que los demás derechos humanos, nos persiguen como la sombra al cuerpo (si vale el término) y, siendo inherentes a la naturaleza humana, no pueden perder su esencia sólo por el afán de indagar la vida y las relaciones de las personas, mucho más cuando un gobierno actúa más allá de lo que le permite la Ley.

Nota

1. Sin embargo, cabe tener presente que, en ocasión de pronunciarse sobre la imposibilidad de interposición simultánea de las Acciones de Amparo y Protección de Privacidad, el Tribunal Constitucional ya estableció algunos lineamientos acerca de los ámbitos de procedencia de ambas Acciones tutelares; en efecto, la Sentencia Constitucional Nº1478/2011-R de 10 de octubre estableció: “(…) Habiéndose planteado de manera simultánea las acciones de amparo constitucional y protección de privacidad, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1046/2010-R de 23 de agosto, sostuvo que: “…es necesario precisar, que entre ambas acciones tutelares existe una marcada diferencia, tanto en su naturaleza jurídica, sus fines y objetivos, así como en sus alcances; en efecto, el amparo constitucional tiene por finalidad la tutela inmediata y eficaz de derechos fundamentales y garantías constitucionales restituyéndolos en los casos en que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones indebidos, en cambio del hábeas data, proteger el derecho a la autodeterminación informática, preservando la información sobre los datos personales ante su utilización incontrolada, indebida e ilegal, impidiendo que terceras personas usen datos falsos, erróneos o reservados que podrían causar graves daños y perjuicios a la persona, aunque su tramitación sea igual a la del amparo constitucional; empero, por las marcadas diferencias ya señaladas, no corresponde una tramitación conjunta de ambos recursos. Por las razones referidas, la interposición de los citados recursos, su tramitación y consiguiente resolución no pueden realizarse de manera simultánea, sino por separado, a fin de garantizar la efectividad de la tutela.

Así, la SC 0678/2002-R de 10 de junio ha dejado establecido que: ‘... por Acuerdo Constitucional 105/2000 de 12 de diciembre, en atención a que tanto las exigencias formales como de contenido son distintas, se establece que los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional presentados en forma conjunta, deben ser admitidos por separado y, en caso de no observarse esa disposición, se deberá proceder a la devolución del expediente al juzgado o Sala de la Corte de origen para que subsane la deficiencia’. Entendimiento jurisprudencial que también es válido para el recurso de hábeas data, por concurrir las mismas diferencias.

Las finalidades anotadas se encuentran instituidas en forma separada estableciéndose un procedimiento diferente para la tramitación de cada una de las acciones de defensa, establecidas tanto en la Constitución como en la Ley del Tribunal Constitucional, por lo que su interposición, así como la resolución que otorgue o deniegue la tutela solicitada, según el caso, no puede ser conjunta sino separada, teniendo en cuenta, además, que las sentencias a dictarse deben corresponder a cada una de las acciones independientemente interpuestas”.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano http://alanvargas4784.blogspot.com/

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